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Por el derecho a la vivienda, contra la criminalización de la pobreza

16 de Septiembre de 2020

En los últimos meses asistimos a un debate especialmente amplificado en medios de comunicación, acompañado de ampliaciones de espacios publicitarios de compañías privadas de seguridad, sobre la vivienda.

Desgraciadamente, este no está destinado a poner de manifiesto la imperiosa necesidad de resolver las necesidades de la población en relación con sus necesidades básicas de derecho a una vivienda digna, sino enfocando el problema de una manera netamente reaccionaria dando a entender que el gran mal en nuestro país son las “ocupaciones”. Esta marabunta mediática obvia intencionadamente que según cálculos realizados por el INE, existen en nuestro país más de 3 millones de viviendas vacías, mayoritariamente en estado de abandono y que son propiedad de bancos y fondos de inversión.

Obviando los datos, manipulando casos, y volcando ingentes cantidades de dinero en publicidad, los grandes tenedores de vivienda han logrado su objetivo: la Fiscalía General del Estado ha dictado una instrucción por la que insta a las fiscalías bajo su mando a impulsar desalojos de manera cautelar y sin esperar ni a juicio ni a sentencia.

Esa Instrucción es una clara criminalización de la pobreza, pero además provoca una clara indefensión: se dictara un desalojo sin esperar al resultado de la sentencia. Con la implementación generalizada del desalojo cautelar se prima el derecho de propiedad sobre el derecho a la vivienda, se prima la propiedad de los grandes capitalistas frente a los desposeídos y desahuciados.

El PCE repudia está Instrucción por arbitraria y llamamos a denunciarla, augurando un nuevo varapalo al Estado español en materia de vivienda y garantías de Derechos Humanos, como ya ocurriera en anteriores ocasiones, por vulnerar la Observación General nº 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas al PIDESC que incorpora como contenido del derecho a la vivienda la protección contra los desahucios forzosos y la obligación de los poderes públicos a garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos.

Categorías: Secretariado Comité Central Área Externa Justicia Vivienda Derechos humanos España

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