Tras los esfuerzos llevados a cabo por nuestro Partido para que ocurriera, por fin el Gobierno de coalición progresista ha aprobado la ampliación de la suspensión de lanzamientos hipotecarios prevista en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, por cuatro años más, hasta el 15 de mayo de 2028.
Esta herramienta forma parte del conjunto de medidas adoptadas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas del COVID-19, la guerra de Ucrania y sus efectos económicos, y que para desgracia de todas, continúa limitando claramente el impacto positivo que las medidas adoptadas hubieran podido tener y, particularmente, para frenar las inaceptables consecuencias que tendría el aumento de la carga financiera de los hogares, asociada a la gestión de los tipos de interés y su traslación a los préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual, determinado por el endurecimiento monetario iniciado en el segundo semestre de 2022, y la actuación de las entidades bancarias y financieras.
El efecto negativo de los tipos de interés altos y las fórmulas de revisión de los mismos en las hipotecas es especialmente perjudicial para las familias más vulnerables, quienes sufren un mayor incremento de la carga financiera, dada su mayor exposición a deuda a tipo variable, y sus exiguas rentas, lo que hace imposible que se vea mitigado ni por una mayor remuneración del ahorro ni por la capacidad de dichas familias para modificar sus gastos, que consisten en gastos de primera necesidad y no de bienes de consumo o de lujo de los que poder prescindir.
Por tanto, es una medida absolutamente necesaria e imprescindible para que sirvan el resto de medidas del Escudo Social y evitar una nueva oleada de familias en exclusión social, que insistimos, afecta a toda la sociedad y que, por tanto, debemos celebrar. El PCE hemos venido poniendo en evidencia el problema y trabajando para que se consiguiera.
Esta medida de choque es la necesaria, contando por supuesto, con el compromiso del Partido Comunista de España para seguir luchando y trabajando por el objetivo común de ampliar derechos y plasmarlos en legislación protectora de la mayoría social; en la lucha junto al movimiento social, sindical y político contra la mercantilización, la especulación y la impunidad de la actividad organizada delincuencial, frente a lo que sólo cabe la profundización en el derecho fundamental, formal y material, a una vivienda digna para todas.
PORQUE LA VIVIENDA ES UN DERECHO Y NO UN NEGOCIO
