Con ocasión de la judicialización del conflicto político existente en Cataluña, el PCE ya advirtió del riesgo que para lo derechos fundamentales y libertades públicas suponía la criminalización de la disidencia política no violenta.
El 5 de noviembre se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-Ley 14/2019, que permite al Gobierno intervenir en internet y en los medios digitales sin autorización judicial, utilizando la situación política en Cataluña como excusa.
El PCE consideramos que este decreto supone un nuevo recorte en los derechos fundamentales y las libertades públicas. En primer lugar, se permite la intervención del Gobierno en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas sin previa autorización judicial, autorizando así el cierre de servicios de comunicaciones electrónicas por vía administrativa, usurpando competencias que son estrictamente judiciales en un Estado de Derecho salvo previa declaración de estado de excepción por el Parlamento. En segundo lugar, se impide la utilización de servidores fuera de la Unión Europea, limitando seriamente la libertad de escoger lugares de alojamiento de web que se entiendan mas seguros o económicos para los usuarios. Y también se establece que el documento nacional de identidad electrónico es el documento nacional de identidad que acredita electrónicamente la identidad personal de su titular, restando valor a otros mecanismos legales de identificación digital distintos al DNI electrónico
Este Decreto afecta a derechos fundamentales como la intimidad, la libertad de expresión o de información a través de una norma efectuada en caliente, que incluso modifica artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana pero no en ninguno de los aspectos positivos que el Gobierno acordó con Unidas Podemos modificar al adoptarse en acuerdo sobre PGE del 2019. Nuevamente se utiliza la situación en Cataluña como excusa para limitar derechos fundamentales de todas las personas que residen en cualquier territorio de España
El PCE rechaza esta norma tanto por las cuestiones de fondo apuntadas, como por la forma de un decreto por la vía de urgencia que hurta el debate en sede parlamentaria y que en definitiva viene a incidir en el recorte de derechos y el descenso del nivel de los estándares democráticos en nuestro país. Los derechos y libertades deben ser un elemento central de las políticas públicas, que deben defenderse con especial empeño en situaciones de conflicto, que es cuando se prueba su relevancia. Al contrario, la restricción de derechos agudiza los conflictos y deslegitima a quien los lleva a cabo.
Lamentablemente esta medida se enmarca en un retroceso generalizado de los derechos y libertades en la Unión Europea y en nuestro país.
