En los periodos de crisis, el capital no renuncia a seguir obteniendo máximos beneficios, y para ello sin escrúpulo alguno, eleva la explotación de la inmensa mayoría, recortando derechos, precarizando la vida; así ha sido durante los últimos diez años, que han empobrecido a la clase trabajadora y a nuestra sociedad, esquilmando nuestros servicios públicos y nuestra economía productiva.
La crisis económica que estalló en septiembre de 2008, explicada en términos de especulación del sistema financiero, la desregulación y la complejidad de la globalización, se materializó en el debilitamiento aún mayor del estado de bienestar, dejando servicios públicos esenciales en manos privadas y limitando, cuando no destruyendo, la capacidad de negociación e intervención de la clase trabajadora a través de sus organizaciones sindicales.
Las políticas y medidas neoliberales aplicadas durante estos diez años de crisis, han dejado atrás a la mayoría social y gran parte de la clase trabajadora no solo no tiene garantizado salir de la pobreza, sino que tan siquiera tener un empleo le ha asegurado no caer en ella.
La reforma del PSOE del año 2010 supuso el abaratamiento del despido, un mayor ataque a la capacidad de intervención de la clase trabajadora y ninguna medida para evitar el fraude empresarial. El gobierno del PP multiplicó estas y otras medidas, a pesar de que ya se habían demostrado erróneas, siendo la clase trabajadora una vez más la perdedora y la obligada a pagar esa crisis que no había provocado, para salvar a los responsables de la misma. El rescate bancario con dinero público frente al abandono de millones de personas, es el ejemplo más claro y vergonzante.
Diez años de crisis en los que los beneficios empresariales no han dejado de crecer y alcanzar máximos históricos de ganancia. Las políticas neoliberales de estos años han permitido que, mientras las rentas de los mas ricos (el 1% de la población) crecieran un 24%, las rentas del trabajo de la mayoría (el 90%) no se recuperen ni un 2% con respecto a los años anteriores al inicio de la crisis, y muchas de nosotras en la franja inferior de esa media, cada vez más.
Los diez años de crisis han golpeado de manera más dolorosa a las mujeres trabajadoras, la juventud y las personas migrantes.
La crisis ha situado a la juventud en una “normalidad” peligrosa, que imposibilita cualquier proyecto de vida; la tasa de temporalidad entre la juventud trabajadora de 16 a 29 años se sitúa en un 55%; perverso escenario donde se desconoce donde se podrá estar trabajando al día siguiente, a la semana siguiente o si se seguirá trabajando, lo que imposibilita cualquier proyecto de futuro personal y dificulta la organización para enfrentar la situación y dar respuestas colectivas.
Estos años de crisis han agudizado la desigualdad y discriminación que soportan las mujeres en su inserción en el mercado y en la asunción de las tareas de cuidados. La desigualdad de las mujeres tiene un carácter estructural, pero además la reaccionaria y neoliberal gestión de la crisis frenó la reducción de la brecha de género: en 2018 la brecha de género se traduce en 6.000 euros anuales, casi dos meses de empleo gratis prestado por las mujeres frente a sus compañeros y engordando las carteras del capital.
Las políticas de privatizaciones y externalizaciones de servicios afecto de manera especial a las mujeres, en sectores muy feminizados que sufrieron recortes salariales y precarización de condiciones laborales. Diez años de crisis que han convertido la temporalidad y la parcialidad de los contratos en norma, alcanzando al 50,3% de temporalidad y el 74,1% de jornadas parciales.
Estos diez años de crisis y políticas neoliberales han golpeado de manera importante a las personas migrantes, el desempleo y la precariedad se ha cebado con ellas fundamentalmente mujeres y jóvenes. La ley de extranjería ha obligado a muchas personas migrantes a aceptar condiciones laborales no sólo de precariedad sino de explotación, golpeando fundamentalmente a las mujeres. La economía sumergida tiene su causa en un sistema que niega los derechos humanos más básicos.
Y toda esta situación, tiene su reflejo en un intolerable incremento de los accidentes laborales, un aumento del 12´2% entre 2012 y 2018, aumento producido por la situación de precariedad, y falta de medidas de seguridad en las empresas, afectando de manera especial a trabajadores y trabajadoras de las pequeñas empresas y sectores precarizados como la construcción.
El aumento de accidentes laborales en trabajadores y trabajadoras con contrato fijo ha sido de un 6% y en el caso de trabajadoras y trabajadores con contratos temporales o parciales un 12%.
Ahora, ante una situación de crisis sanitaria, económica y social como la que vivimos, las y los comunistas somos necesarias, imprescindibles, para que la salida a la misma no sea precisamente rescatando al poder financiero, sino trabajando porque la clase obrera no se deje a nadie atrás, y construyendo poder popular para una nueva realidad, imprescindible para mantener la vida y la dignidad de ser vivida.
La clase trabajadora es la única insustituible para sacar adelante una sociedad. Organización y lucha para reconstruir el país; una ofensiva social que debe de poner en el centro a la gente, la vida y los cuidados.
