Un derecho constitucional: el aborto libre, gratuito y en la sanidad pública.

El PCE este 28 de septiembre, día Internacional por el derecho al aborto, exigimos libertad sin condiciones para interrumpir un embarazo no deseado si así lo decidimos. Sin cuestionamientos, ni tutelas, ni limitaciones, ni obstáculos que valgan. Porque es un derecho fundamental que debe ejercerse sin interferencias, ni penalizaciones.

No queremos reformas regresivas como pretendía el PP o la derogación de la ley y la prohibición del aborto como prometía en campaña VOX. Por ello urge una reforma de la ley del aborto que además de ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres, para que las mujeres podamos decidir si queremos o no ser madres. También se blinde este derecho. 

No debe tolerarse que los derechos fundamentales de las mujeres trabajadoras cuelguen siempre de un hilo.

Ni queremos retrocesos, ni queremos continuar con una legislación que mantiene el aborto en el código penal y permite desigualdades a la hora de ejercer este derecho.

En el marco legal actual si eres migrante y no tienes papeles puede que tengas mayores dificultades para que te atiendan en un centro de salud.

Si tienes 16 y 17 años no puedes abortar sin el permiso de tus padres, madres o tutores/as legales ni se tienen en cuenta las diferentes situaciones o entornos en los que están. 

Algunas farmacias pueden hacer objeción de conciencia para no vender la píldora postcoital o no se cubre el gasto de la anestesia o es imposible abortar en la sanidad pública como pasa en algunas comunidades. 

Son dificultades la desigualdad territorial, y, la objeción de conciencia encubierta en algunos centros sanitarios porque las las competencias para la práctica del IVE residen en las comunidades autónomas, cumpliendo con la legislación básica, la ley de 2010 y el RD 831/2010. Por ello debe ser un derecho constitucionalizado para que todas las mujeres en España puedan ejercer este derecho sin obstáculos ni limitaciones indistintamente del territorio donde residan.

Por ello defendemos primero que el derecho a la interrupción libre del embarazo debe ser garantizado por la constitución y segundo reivindicamos una ley:
- que contemple la prevención contra los embarazos no deseados con una educación sexual que recorra todos los estadios educativos, con perspectiva de género.
- que permita a las mujeres interrumpir su embarazo en el momento y por las razones que desee, sin restricciones, sin plazos y sin tutelas en la sanidad pública.
- que regule la objeción de conciencia para que ésta no sea una coartada de la clase sanitaria más reaccionaria.  que elimine el aborto voluntario del código penal tanto para las mujeres como para profesionales sanitarios. 
- que incluya la cobertura de la totalidad de los métodos anticonceptivos por la sanidad pública en la que no sea necesario de consentimiento materno/paterno para las jóvenes de 16 - 18 años, etc.
- que incorpore la formación en salud sexual y reproductiva en el ámbito sanitario y en el educativo.
- que garantice la preparación del conjunto de profesionales para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo y que ésta se incluya en las carreras de medicina, enfermería y otras profesiones socio-sanitarias.
- que no cuestione la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida, sino que potencie su autonomía, que incluya un protocolo común para la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en todas las comunidades autónomas. 

También queremos manifestar nuestra solidaridad con todas las mujeres del mundo en la lucha por la despenalización del aborto, con las mujeres que sometidas a una justicia patriarcal se las persigue, juzga y encarcela por defender el derecho de las mujeres a decidir, una justicia que criminaliza la protesta feminista.

¡Nosotras parimos, nosotras decidimos! Aborto, libre, gratuito y en la sanidad pública.