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Solidaridad con la lucha democrática del pueblo sudanes: por la libertad de los presos políticos
18 de Febrero de 2019

Dos meses después del inicio de las protestas en Sudán, el levantamiento popular contra el régimen dictatorial, resiste. Para entender la situación del país, debemos analizar que, aunque el desencadenante de las protestas ha sido el precio del pan y la gasolina, la frustración subyacente que ha alimentado estas movilizaciones es profunda e histórica. Han pasado casi 30 años desde el golpe de estado que llevó a Omar Al Bashir al poder. Su gobierno, promovido por la agenda islamista de Hassan Al Turabi, líder del brazo político de los Hermanos Musulmanes, se ha caracterizado por la represión de libertades, el despilfarro de la enorme riqueza y el bloqueo del potencial de desarrollo del país. Durante 30 años los dirigentes de sindicatos, empleados públicos, intelectuales y académicos han sido despedidos, amenazados o desaparecidos, dejando los servicios públicos, la salud y la educación extremadamente debilitados. Los ingentes ingresos provenientes del petróleo no se han destinado al desarrollo social que necesita el país, sino a financiar unas fuerzas armadas que han derramado la sangre de su pueblo mediante la represión y una terrible guerra civil que terminó con la división del país en dos y la creación de Sudán del Sur en 2011. Por todo ello, Al Bashir fue acusado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio en Darfur, siendo responsable de la muerte de un número todavía desconocido de sudaneses. Al Bashir se ha ido alejando de la agenda islamista, desde que en 1999 echó a Turabi del gobierno, y ahora su único proyecto político es continuar en el poder y perpetuar su presidencia, buscando enmendar el artículo 57 de su Constitución para obtener un mandato vitalicio y poder mantener las políticas económicas dictadas por el Banco Mundial y el FMI que han arruinado al país y condenado a la mayoría de la población a una vida de miseria, hambre y pobreza. En resumen, Sudán sigue siendo un país sin libertades, que aún no ha ratificado algunos Tratados de Derechos Humanos Universales como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes y la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
 
En este marco político, el levantamiento popular de Sudán que comenzó el pasado 19 de diciembre sigue resistiendo a pesar de la brutal represión, el uso de gas lacrimógeno y munición real contra la población civil. Las cifras oficiales hablan de más de 800 arrestos irregulares y más de 50 asesinatos en un contexto de bloqueo de las redes sociales y la libertad de prensa.
 
Las manifestaciones pacíficas continúan en las calles de todo el país, donde miles de personas continúan exigiendo el desmantelamiento del régimen y una alternativa popular y democrática. El régimen de Al Bashir sólo se sostiene por la fuerza. La situación económica del Estado sudanés es insostenible, con una inflación del 122%, la segunda más alta del mundo y 22 partidos políticos han abandonado el parlamento en solidaridad con los manifestantes. La coalición de un bloque progresista integrado por partidos políticos, sindicatos, movimientos estudiantiles, feministas y funcionarios es cada vez más amplia y fuerte.
 
El PCE denuncia el acoso, las detenciones irregulares y las torturas por parte de las fuerzas militares a miembros del Partido Comunista de Sudán y los asedios a su sede en Jartum. El último arresto, el pasado 9 enero a Fathi Alfadl, portavoz del partido. A esto se le suman varios miembros del Comité Central detenidos durante la pasadas semanas: Siddig Yousif, Masoud Alhassan, Hanadi Fadl, Kamal Karar, Sied Ahmed Alkhteeb, Tariq Abdalmagied.
 
El PCE suscribe el “llamamiento a la solidaridad con la lucha del pueblo sudanés” del Partido Comunista de Sudán que exige la liberación inmediata de todos los presos políticos, activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas, profesores universitarios y estudiantes, incluidos aquellos con lesiones graves que permanecen detenidos sin visitas de sus familiares, abogados o médicos.  
 
También manifestamos todo nuestro apoyo y solidaridad a las protestas pacíficas que exigen el desmantelamiento del régimen dictatorial y el establecimiento de un gobierno democrático popular en Sudán.

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