Esta decisión de la magistrada Carolina Lebbos obedece a un acto de venganza contra las últimas revelaciones expuestas por la revista electrónica The Intercept sobre la operación Lava Jato, por la que Lula está en prisión. Revelaciones que han demostrado que esta operación ha sido un burdo montaje llevado a cabo por el ex juez Sergio Moro, con el visto bueno de Bolsonaro y por supuesto de Estados Unidos, para encarcelar al ex mandatario brasileño, sin pruebas, dejando claro que Lula es un preso político, como han afirmado diferentes medios de comunicación, incluido el diario El País.
Además, las continuas movilizaciones que se llevan a cabo por la libertad de Lula a las puertas de la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde actualmente está encarcelado, molestan a la extrema derecha brasileña que con este traslado intenta desmovilizar a la población y limitar las ya mínimas visitas familiares a las que tiene acceso Lula.
La defensa del ex mandatario brasileño ha solicitado que este traslado no se produzca porque en el centro penitenciario de Sao Paulo no se asegurará la seguridad de Lula, ya que se le ha negado incluso el derecho que tiene como ex Presidente a ser reubicado en una "Sala de Estado Mayor" de una unidad militar, la cual cuenta con condiciones especiales y porque la magistrada Lebbos debería esperar a que finalizara el análisis de la petición de Habeas Corpus que tramita la Corte Suprema de Brasil.
Por todo ello el PCE reitera su condena a este traslado, solicita un pronunciamiento en contra del encarcelamiento y traslado de Lula por parte de la Comunidad Internacional y vuelve a exigir la puesta en libertad del ex Presidente brasileño, cuyo encarcelamiento cada día está más claro que ha sido fruto de una operación política orquestada por la extrema derecha que desde un primer momento ha buscado dejar a Lula fuera de toda actividad política porque Lula es inocente y debería estar libre.
