La tensión en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, en aumento debido a la entrada en vigor del Acuerdos de Pesca firmado entre la Unión Europea y Marruecos, se desató con violencia el pasado viernes 19 de julio. Los saharauis salieron a la calle para celebrar pacíficamente la victoria de la selección argelina de fútbol en la Copa de África y ello sirvió como pretexto a las fuerzas represivas marroquíes para desatar todo su potencial represivo contra la población del territorio ilegalmente ocupado hace ya más de 40 años. Como consecuencia, una joven saharaui de 23 años murió atropellada por un vehículo de la policía marroquí y otros dos jóvenes resultaron heridos de gravedad, además se produjeron allanamientos de viviendas y varias detenciones.
La vida en los territorios ocupados se parece cada vez más a la de un campo de concentración. A la falta de salidas laborales se suma la permanente vigilancia, la represión constante y las torturas y el silenciamiento de cualquier medio de comunicación que intente dar testimonio de lo que allí sucede. Las visitas a la zona, una y otra vez le son impedidas a cualquiera que pueda ser testigo de las condiciones de vida en el territorio.
Mientras tanto, el gobierno español acoge con regocijo la puesta en vigor de los ilegales Acuerdos de Pesca, firmados a espaldas del pueblo saharaui y de sus representantes legales y que vulneran los tratados de las Naciones Unidas y las sentencias sobre los recursos naturales de los territorios, emitidas por el propio Tribunal de Justicia de la UE. Y se trata de la pesca en las aguas territoriales, pero también de la explotación de los ricos yacimientos de fosfatos y de cualquier otro recurso natural que allí se encuentre.
El sólo hecho de la ocupación del territorio del Sáhara Occidental y todo lo que ello acarrea ya es una violación constante de los Derechos Humanos, violación que se perpetua desde hace más de 40 años. El Estado Español, cerrando ojos y oídos ante lo que allí ocurre, desconociendo su responsabilidad en la descolonización como potencia administradora del territorio, ignorando los derechos de sus habitantes, una vez más continúa siendo cómplice del expolio sus recursos naturales. Pero además el Estado español arma con material antidisturbios a las fuerzas represivas de la monarquía marroquí, convirtiéndose claramente en cómplice de la represión y violencia ejercida contra todo un pueblo que resiste y defiende sus derechos.
Ante esta situación, el PCE solicita al gobierno español que abandone estas prácticas que nos convierten en un Estado pirata, cómplice e instigador de la represión y la violación de los derechos humanos en los territorios del Sáhara Occidental.
Insta a que, en cumplimiento de la legalidad internacional, cualquier acuerdo sobre los recursos del Sáhara Occidental sea establecido con el pueblo saharaui y su único representante reconocido por Naciones Unidas, el Frente Polisario.
Condena la venta de todo tipo de armas represivas por parte del gobierno español a Marruecos que las utiliza para ejercer la violencia contra su propio pueblo y contra la población del territorio ilegalmente ocupado.
Condena la permisividad cómplice de nuestro gobierno que cierra los ojos ante la violencia ejercida por Marruecos contra el pueblo saharaui, un pueblo hermano.
Por último, queremos recordar al gobierno español que nuestro pueblo siempre ha estado y seguirá estando del lado del pueblo saharaui en su larga lucha y que nuestro gobierno no puede seguir ignorando este hecho dejando de lado sus obligaciones como potencia administradora.
Y, en lo que nos concierne como parte integrante de nuestra sociedad, solicitamos y exigimos la implicación activa del gobierno español para el cese de la violencia que se ejerce en el territorio del Sáhara y que de impulso a la celebración de un Referéndum de Autodeterminación, tal y como se estableció en numerosas resoluciones de Naciones Unidas.
