Desde hace días venimos contemplando un auténtico drama humano en las inmediaciones de la oficina de extranjería de Aluche en Madrid. Durante todo el día y toda la noche, cientos de personas que huyen de situaciones de negación de sus derechos, se agolpan haciendo cola para tener una oportunidad de solicitar asilo y protección internacional en nuestro país.
A diferencia de lo sostenido por los portavoces de la derecha y por los medios de comunicación mas alarmistas, que parecen interesados en aprovechar la dramática situación para generar alarma en torno a una supuesta “avalancha” de refugiados, la realidad es que se trata de un problema administrativo causado por la política del actual gobierno que está generando una emergencia humanitaria entre los solicitantes de asilo.
El pasado mes de octubre, el gobierno de Pedro Sánchez decidió cesar a 186 funcionarios interinos especializados en acogida, asilo y migraciones, más del 60% de la plantilla de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), a pesar de las reiteradas advertencias de que esta medida conduciría al colapso del Sistema Nacional de Acogida. Todo esto en el peor momento posible, con decenas de miles de solicitudes aplazadas y pendientes de tramitación de los años anteriores. Ante estos recortes de personal y falta de medios, el gobierno esta impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de asilo reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra y la Constitución española.
Los solicitantes de asilo se ven obligados a esperar en filas interminables tan solo para presentar la documentación básica y recibiendo citas para dentro de más de un año, durante el cual se enfrentan a una situación de alegalidad y sin ninguna cobertura ni protección. Familias enteras con hijos pequeños son abandonadas a su suerte en las calles.
El Partido Comunista de España exige medidas inmediatas presupuestarias y de contratación de personal para atajar estos problemas. Los gestos y declaraciones del gobierno no se están viendo en lo absoluto reflejados en su actitud, de desentendimiento y despreocupación ante un drama que ha generado con sus decisiones, pasando por alto cualquier compromiso con los derechos humanos.
Exigimos la agilización de la incorporación de funcionarios, para dar respuesta al problema administrativo generado.
Llamamos a la revisión completa de la política migratoria, a una correcta gestión del derecho de asilo y a dotar de eficacia a la actuación del Estado ante una situación de emergencia humanitaria.
Apoyamos todas las acciones de denuncia que las organizaciones humanitarias especializadas están difundiendo ante la falta de garantías y la vulneración de derechos de los refugiados y solicitantes de asilo.
