La alarmante situación en Brasil, donde el amañado proceso a Luis Inácio Lula da Silva, impulsado por la oligarquía y la derecha brasileña, en el que han desempeñado un destacado papel el juez Sergio Moro, así como el fiscal general, Deltan Dallagnol, y el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, y que comportó el ingreso en prisión de Lula con la imposibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales, seguido de la fraudulenta elección del fascista Bolsonaro, abierto admirador de la dictadura militar brasileña, se agrava por momentos.
Los sindicatos brasileños (la Central Única de los Trabajadores, CUT, y la Central de los Trabajadores de Brasil, CTB), convocaron la huelga general del 14 de junio contra la reforma de las pensiones que pretende realizar el gobierno Bolsonaro, y contra la antipopular política económica, lesiva para los trabajadores, que ha impuesto Paulo Guedes, ministro de Economía. También fue convocada para responder a la agresión a la libertad, a los derechos democráticos y a la soberanía nacional. La protesta ha tenido un masivo seguimiento en las fábricas del país, con decenas de millones de trabajadores en huelga y con manifestaciones en más de cien ciudades brasileñas, que, en algunas, fueron duramente reprimidas por la policía. Contrariamente a lo que prometió Bolsonaro, la economía brasileña ha entrado en crisis, y los recortes en educación están poniendo en riesgo el futuro del país.
Con el gobierno de Bolsonaro intentando limitar la libertad, despreciando los riesgos de la crisis climática y la devastación de la Amazonia, atacando los derechos de las minorías, y lanzando una campaña sin precedentes contra los derechos de los trabajadores, las señales de alarma aumentan: a principios de junio, varias organizaciones brasileñas de izquierda recibieron la noticia de la presentación de una denuncia ante el Tribunal Superior Electoral para la cancelación de su registro como partidos políticos, por su participación en iniciativas internacionales como el Foro de Sao Paulo, vinculación que según la acusación presentada ante el poder judicial, revela la subordinación de esos partidos a una entidad internacional extranjera, que, según la denuncia presentada, fue fundada por Fidel Castro y Luis Inácio Lula da Silva, y que pretende, según esa acusación, mantener el castrismo en Cuba y reconstruir el comunismo en América Latina.
Esa denuncia es un intento para arrancar del poder judicial una resolución que declare ilegales a seis partidos de la izquierda brasileña, entre los que se encuentran el Partido de los Trabajadores de Lula, el Partido Comunista del Brasil, el Partido Comunista brasileño, así como el Partido Democrático de los Trabajadores, el Partido Popular Socialista y el Partido Socialista Brasileño, todos ellos ligados al Foro de Sao Paulo, un organismo que agrupa las fuerzas de la izquierda en América Latina.
El Partido Comunista de España espera que esa denuncia no prospere, al tiempo que denuncia ese burdo intento para acallar a la izquierda brasileña, y declara su plena solidaridad con los comunistas brasileños y el conjunto de la izquierda. El PCE llama también a la solidaridad con los trabajadores brasileños, reclama la libertad inmediata del preso político Luis Inácio Lula da Silva, y pide a los trabajadores españoles y a la izquierda internacional que asuman acciones de protesta contra el gobierno de extrema derecha de Bolsonario y por la libertad de Brasil.
¡Alto a la represión!
¡Libertad para Lula!
