La celebración, el pasado 9 de agosto, de elecciones presidenciales en Bielorrusia que otorgaron la victoria a Alexandr Lukashenko (a quien apoyaron el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda), ha reactivado el viejo plan de Washington y Bruselas para desestabilizar el país. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea se han apresurado a descalificar las elecciones, absteniéndose de presentar pruebas, estimulando las protestas en el país con el objetivo de derribar al gobierno de Minsk. De hecho, Estados Unidos y sus países cliente (Polonia, Lituania, Chequia) preparaban la desestabilización desde hace meses, enarbolando la supuesta defensa de la libertad y la democracia que han utilizado, a conveniencia, en otras ocasiones.
Las campañas contra Bielorrusia vienen de lejos, calificando a Lukashenko de “último dictador de Europa”, ignorando el apoyo popular que mantiene y la celebración de elecciones, molesta evidencia que es desacreditada con el recurso al expediente intervencionista: si los resultados electorales son del agrado de Washington, las elecciones son impecables; si no es así, responden siempre a la manipulación de un gobierno que debe ser derribado. La obsesión norteamericana y europea con Bielorrusia tiene origen en el hecho de que el país ha conservado buena parte de las conquistas sociales soviéticas, como la sanidad y la educación, así como la propiedad pública de la mayor parte de las empresas del país. Sin embargo, los planes neoliberales y la ambición imperialista no son nuevos: las sanciones y presiones de los gobiernos occidentales se remontan a los años de Bush, y se enmarcan en los planes de desestabilización y cambios violentos de gobierno que se llevaron a cabo en Georgia, Ucrania, Kirguizistán, Moldavia, Kazajastán y otras antiguas repúblicas soviéticas.
En esta nueva crisis, la implicación de Polonia, Lituania y Chequia es notoria, y se nutre, en un segundo plano, de la acción de Estados Unidos, con la “información” de Radio Free Europe-Radio Liberty (que han llegado a calificar de “filántropo” al corrupto banquero opositor Viktar Babarika), la financiación de la oposición derechista y liberal del país, y el adiestramiento de grupos de intervención para crear el caos. Los sectores occidentales más extremistas han llegado incluso a pedir la implicación de la OTAN en la crisis bielorrusa.
Los medios conservadores, y algunas fuerzas de izquierda que han cedido a la campaña propagandística urdida en Washington y Bruselas, han calificado las protestas tras las elecciones de pacíficas, algo que no responde a la realidad. Más allá de que otras cuestiones relevantes exigen aclaraciones (como la presencia de los mercenarios rusos de Wagner detenidos en Minsk, y cuya presencia no puede descartarse que fuese de la mano de un plan de los servicios secretos ucranianos), los gobiernos occidentales exigen pasividad a la policía bielorrusa, considerando todas las protestas como pacíficas pese a la evidente actuación de grupos nazis y de destacamentos de extrema derecha, que complementan las protestas de la oposición liberal para crear focos de caos en Minsk y otras ciudades, y que ha llevado incluso a la creación de grupos de mujeres de blanco, a imitación de las campañas contra Cuba, intentando la creación de otro Maidán que justifique la aplicación de nuevas sanciones, el acoso político y diplomático, y eventualmente que pueda servir de detonante para derribar al gobierno de Lukashenko.
Pese a las declaraciones de Washington y Bruselas, que siempre adoptan el virtuoso e hipócrita ropaje de las demandas democráticas, el plan que impulsa Estados Unidos y que apoyan los gobiernos satélites de Polonia, Lituania y Chequia, tiene la ambición de repetir el exitoso guion que ya aplicaron en el golpe de Estado de Ucrania en 2014, que llevó al poder a un gobierno de extrema derecha y que desató la represión contra la izquierda ucraniana y la guerra en el Este del país.
La Unión Europea, que colaboró y dio soporte logístico y diplomático a los golpistas de Kiev en 2014, que apoyó un gobierno con ministros neonazis y se abstuvo de condenar las posteriores elecciones ucranianas celebradas en un clima de terror, con las bandas de extrema derecha linchando y asesinando a miembros de partidos de izquierda, y que hoy no muestra preocupación por el desastre humanitario en que sus socios han convertido a Ucrania, ni por los regímenes de Georgia o Azerbeiján, considera ahora que las elecciones bielorrusas no han sido “ni libres, ni justas”, aunque se ha abstenido de presentar pruebas y evidencias. La Unión Europea no tiene credibilidad para otorgarse la condición de tribunal de las buenas prácticas democráticas, máxime cuando entre sus miembros hay estados, como los bálticos, que mantienen a una parte de su población sin derechos de ciudadanía.
La crisis bielorrusa y el intento de nuevo Maidán no tienen nada que ver con la libertad y la democracia. En el fondo de la trama se encuentra Estados Unidos, que con una mano prosigue su despliegue militar en el Este de Europa, acosando a Rusia, y con la otra estimula focos de crisis en las fronteras rusas, desestabilizando gobiernos molestos para completar el cerco, con dos objetivos: por una parte, para quebrar la unión política entre Moscú y Minsk, que pretenden avanzar hacia un Estado unificado, saboteando el proyecto estratégico ruso de reanudar los lazos históricos con las antiguas repúblicas soviéticas, y eventualmente de imponer un régimen cliente en Minsk, a semejanza del ucraniano; por otra, para dificultar el desarrollo de la nueva ruta de la seda china que tiene en Bielorrusia una de sus ramas principales para asegurar el tránsito y el desarrollo comercial entre China y Europa. El viejo y miserable imperialismo norteamericano no se ha convertido a la libertad.
El Partido Comunista de España exige a la Unión Europea que no contribuya a la desestabilización de Bielorrusia, y que los países miembros acepten los resultados de las elecciones presidenciales. Junto a ello, el PCE considera que la Unión debe trabajar por la creación de un nuevo clima de cooperación en el Este de Europa, al que nada contribuyen operaciones de acoso y planes para derribar gobiernos que son decididas en Washington. Al mismo tiempo, el Partido Comunista de España condena la hipocresía y el intervencionismo de Estados Unidos en Bielorrusia y en Europa que, despreciando las normas de convivencia entre países y siguiendo las viejas prácticas imperiales, intenta derribar gobiernos para imponer regímenes cliente y mantener su hegemonía sobre el continente europeo.
