Nuestro Partido viene alertando a la sociedad española sobre la necesidad de democratizar el sistema judicial ante las evidentes muestras de continuidad de elementos del aparato judicial del franquismo, primero en las mismas personas y después nutrido de muchos de los descendientes de la oligarquía surgida durante la dictadura. Esto es extensible, en el marco del Estado, al ejército y a los cuerpos policiales, siendo Gómez Pacheco solo la punta del iceberg de la impunidad.
Con motivo de la batalla judicial emprendida por la familia del dictador y por su entorno contra el Decreto que ordena la exhumación de sus restos del panteón autoeregido por el dictador en Cuelgamuros, el Tribunal Supremo ha afirmado, que si se estimase la demanda y se anulase el acuerdo del Gobierno para la exhumación y esta se hubiera realizado, sería perjudicial para la familia y para el interés público, incluso señala que habría coincidencia entre estos intereses Ademas, el Tribunal Supremo señala que Franco fue “jefe de Estado desde octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975”, lo que además de suponer una absoluta ignorancia de la historia, es un reconocimiento de legalidad a lo que no fue más que un golpe de Estado criminal, no como el que la justicia española dice estar juzgado por los hechos independentistas de Cataluña.
Tanta ofensa a las víctimas del franquismo y a los defensores de la legalidad democrática por el Tribunal Supremo, ha provocado que todos los sectores demócratas, progresistas y de izquierdas hayan mostrado su indignación y exijan la rectificación del auto.
Ante el debate suscitado el PCE manifiesta:
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Franco no era “jefe de Estado” legítimo, ni en octubre del 36 ni en Noviembre de 1975 cuando murió. Usurpó la jefatura del Estado, mantuvo dicha usurpación y la trasladó hasta el siguiente Jefe de Estado que él decidió unilateralmente. Esta usurpación ha tenido continuidad hasta nuestros días a través de la monarquía que ejerce la jefatura del estado. No es de extrañar por tanto que a fecha de hoy una de las Instituciones heredadas del franquismo, la Justicia, ignore a las víctimas, proteja a la familia del victimario y sostenga la represión contra las fuerzas populares y la impunidad del fascismo y del autoritarismo.
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La sucesión en la jefatura de Estado recayó en Juan Carlos de Borbón por designación del dictador, asegurando que la mas alta institución representativa del Estado, que también desempeña la jefatura de las Fuerzas Armadas, esté al margen de la decisión democrática y nunca se haya sometido al veredicto popular a través de las urnas. No aceptamos que el sí mayoritario a la Constitución fuera un sí a la monarquía. El Pueblo español nunca ha podido expresarse ni elegir entre monarquía y república.
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Esa continuidad aparentemente formal entraña un serio déficit democrático que se exterioriza como problema político periódicamente, a consecuencia de esa estrategia de tránsito de la dictadura a la monarquía: “De la ley a la ley. Nunca hubo ruptura con la dictadura. No hubo depuración del aparato judicial, ni del policial, ni del ejército, ni del político – asistiendo al blanqueamiento de dirigentes de la dictadura como Fraga o Martín Villa - y mucho menos del sistema de poder económico: continuaron dominando la economía las mismas familias, manteniendo las mismas fortunas fruto del saqueo, antes, durante y después del franquismo, del trabajo esclavo de los presos y de siglos de colonialismo, la sangrienta acumulación originaria de la burguesía española.
De aquellos polvos, estos lodos de nuestros días
Mientras las estructuras del poder económico y del Estado sean las actuales, los derechos de la clase obrera que aparecen en la Constitución serán inaplicables porque nunca el Estado garantizará mecanismos para exigirlos. Papel mojado que pretende generar la apariencia de un “estado social y democrático de derecho”.
Esta realidad fue desvelada con toda crudeza por la gran crisis capitalista de 2008, cuyos efectos aún padece la clase trabajadora por el aumento de la explotación y por su empobrecimiento, cuando la riqueza generada por su trabajo fue regalada a la banca. Durante todo el periodo de la monarquía parlamentaria, el Estado, ha sido fiel a sus orígenes autoritarios: privatizaciones, expolio de bienes públicos, participación de España en las guerras y aventuras del imperialismo de EEUU, sometimiento del pueblo español al gran capital a cambio de los miserables intereses de la burguesía en el mercado en que se ha convertido la Unión Europea.
Por eso hay que romper con el régimen monárquico del 78, con la UE y con el euro y construir la III República desde su única base constituyente posible: el poder de la clase trabajadora consciente y organizada. Una república en la que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad” esté “subordinada al interés general”.
El PCE no renuncia en absoluto a los avances parciales que la clase trabajadora arranca día a día con sus luchas y con sus votos, bien al contrario, está en primera línea para conseguirlos, pero es este el objetivo al que dedica y dedicará los mayores esfuerzos.
El Régimen del 78 no va a caer solo: ¡tenemos que derribarlo!
¡A por la III República!
