El 18 de diciembre se celebra el Día Internacional de las personas migrantes, una fecha en la que lamentablemente contamos con escasos motivos de celebración. Una fecha establecida en honor a la declaración en 1990 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, un acuerdo que, de forma significativa, no han suscrito ninguno de los países capitalistas que se benefician mayoritariamente de la mano de obra migrante.
Un año más, la tónica general de las políticas migratorias en la Unión Europea ha puesto de manifiesto el nulo compromiso de sus países integrantes con los derechos humanos de las personas migrantes. El Mediterráneo continúa siendo un lugar marcado por la muerte de miles de personas, que tratan de cruzarlo en busca de una vida mejor, dejando atrás escenarios de escasez, guerras, pobreza y la creciente inhabitabilidad de algunos de los países más afectados por la crisis climática, causada mayoritariamente por las multinacionales, amparadas por un sistema económico depredador, injusto y desigual.
En lo que va de año, más de 1500 personas han perdido la vida al tratar de alcanzar las costas europeas. Una cifra inferior a la de años anteriores, que no responde, sin embargo, a una mejora de las medidas de seguridad en las rutas migratorias, sino al significativo descenso del volumen de personas que migran hacia Europa.
En el ámbito español, el 2019 ha estado marcado por el crecimiento de discursos de odio particularmente agresivos, acompañando a la irrupción en el escenario político de fuerzas políticas de extrema derecha que criminalizan mediante la demagogia y el miedo a la población más vulnerable. Sucesos como el ataque a un Centro de Acogida de Menores de Edad, no solo no condenado irresponsablemente por el Partido Popular ni por Vox, sino precisamente alentado por los discursos de odio que extienden peligrosamente.
Mientras tanto, continúan las problemáticas asociadas a la nula voluntad mostrada por las administraciones para gestionar la llegada de migrantes y refugiados al país, la criminalización en la gestión del fenómeno con el mantenimiento de Centros de Internamiento de Extranjeros y la sucesión de casos de abusos laborales y sociales a personas de origen migrante.
No podemos dejar de mencionar la situación de más de 2 millones y medio de personas que han emigrado desde España en los últimos diez años, buscando oportunidades ante los desastrosos niveles de desempleo y los sucesivos recortes de derechos sociales en nuestro país, excluidos del debate político con medidas de carácter completamente antidemocrático, como el establecimiento del voto rogado.
Ante este panorama, el Partido Comunista de España reivindicamos:
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La necesidad de afrontar la migración como un fenómeno inherente al ser humano y no como un problema, huyendo de políticas de criminalización y persecución de las personas migrantes.
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El rechazo firme y contundente a los discursos de odio, mecanismo demagógico de desvío de atención de los problemas sociales reales, que pone en riesgo nuestros valores fundamentales y nuestra convivencia.
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El abandono de políticas exteriores centradas en el expolio de materias primas y la vulneración de los Derechos Humanos, y la búsqueda de políticas orientadas a la justicia, la soberanía de los pueblos y la equidad internacional.
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La implicación del gobierno en devolver derechos sociales arrebatados a los migrantes españoles que se encuentran en otro países, así como en poner en marcha políticas que faciliten, si así lo desean, su retorno.
En el Día Internacional de las personas migrantes, el PCE reitera su compromiso y su lucha por una política migratoria basada en la solidaridad de los pueblos, alejada de la criminalización y de la actitud criminal que mantienen los países europeos ante el fenómeno migratorio. Porque ante las políticas perpetradas desde la Unión Europea, no tenemos nada que celebrar.
