1. Llamamos a la responsabilidad a todas las autoridades y al conjunto de la población: en el contexto europeo no ha habido una adecuada combinación de medidas y los fallecidos de la segunda ola ya superan a los de la primera. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para frenarla y evitar una tercera.
Volvemos a reclamar que la vida de las personas esté por delante de intereses económicos cortoplacistas y la máxima coordinación y cooperación internacional, bajo el auspicio de la OMS frente a derivas imperialistas, racistas y xenófobas, para actuar con las medidas mas eficaces y eficientes vengan de donde vengan.
Exigimos que la atención sanitaria y el uso de recursos como las vacunas, atiendan a los criterios científicos y clínicos de nivel de morbilidad grave y mortalidad, grupos de población de mayor riesgo, grado de exposición a la enfermedad, impacto social y equidad de la atención, poniendo foco en la vigilancia y el seguimiento.
2. Las fases de la vacunación contra el Covid-19 deben atender a estos criterios en tanto que no va a ser posible vacunar a toda la población de inmediato. La inmunización comunitaria puede alcanzar a medio plazo una cobertura de entre el 60 y el 80% de la población, lo que obliga a seguir manteniendo el distanciamiento físico, la prevención personal y de higiene adecuada: mascarillas, lavado frecuente de manos, ventilación en entornos cerrados, etc.
Las Administraciones deben coordinar una campaña de información y educación sanitaria frente al miedo e inseguridad promovido desde grupúsculos antivacunas, negacionistas etc.
El dinero público invertido en el desarrollo de estas vacunas y también de métodos diagnósticos y demás tratamientos contra el Covid-19 deben retornar a la sociedad. Reclamamos un cambio en el sistema de patentes ante situaciones de crisis sanitaria.
La centros de salud, la primera línea de nuestro sistema sanitario, van a sustentar el esfuerzo de la campaña de vacunación. Su actual saturación viene provocando el aumento de la morbimortalidad de pacientes no COVID por falta de atención y esta nueva e ingente tarea puede agravar aún más la situación. Es necesario reforzar la Atención Primeria, para lo que el Gobierno debe crear un fondo finalista.
3. Rechazamos la realización masiva de test de antígenos.Tienen una sensibilidad muy alejada de las pruebas PCR y un alto riesgo de falsos negativos. Ha sido una irresponsabilidad usarlos para controlar la expansión del virus entre el profesorado y su uso en determinados barrios solo ha servido para estigmatizarlos. Los recursos malgastados en ellos deberían haber sido dedicados a reforzar las plantillas y recursos sanitarios de esos barrios.
Reclamamos la realización de cribados masivos a trabajadores y trabajadoras de actividades esenciales y con mayor riesgo - sectores sanitario y sociosanitario, comercio, alimentación, almacenes, mataderos, factorías de producción alimentaria y artículos de primera necesidad, transportes públicos y cuerpo de seguridad…). Estos sí asegurarán una adecuada lucha contra el virus y un uso eficiente de los recursos.
En la misma línea, rechazamos el uso de fondos Covid para la construcción de grandes infraestructuras, que como el llamado “hospital de pandemias” de la Comunidad de Madrid, sirven para la propaganda electoral y para que algunas constructoras den un pelotazo. Es indignante que esto suceda mientras hay instalaciones sanitarias vacías, ratios de profesionales sanitarios o de rastreadores inaceptables muy alejados de cualquier recomendación y evidencia científica. Para evitar estas situaciones, y como ya hemos planteado respecto a la Atención Primaria, los recursos que el Gobierno de España ponga en aldenate a disposición de las Comunidades autónomas deben tener carácter finalista.
4. Para hacer frente a esta y otras posibles pandemias necesitamos reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica, dotándolo de criterios homogéneos para la detección, registro y seguimiento de casos y políticas de comunicación que hagan partícipes a los colectivos sociales para promover la responsabilidad ciudadana.
Es necesario establecer las medidas legales necesarias para garantizar la coordinación entre la atención primaria y la hospitalaria, la salud pública, salud mental y servicios sociosanitarios, y que evite que funcionen como departamentos estancos y en muchos casos sean un mero negocio de entidades privadas. Para ello hay que derogar la reforma sanitaria del PP y la ley15/97 que permite la privatización.
Igualmente defendemos que no es posible frenar la pandemia sin atender a los condicionantes sociales de la salud, por lo que es necesario mantener las medidas en materia de vivienda que aseguren el confinamiento y reclamamos a las administraciones competentes el refuerzo del transporte público, utilizado fundamentalmente para el desplazamiento a los centros de trabajo y de estudio, para garantizar esas medidas de distanciamiento.
