Frente a la condena desproporcionada y arbitraria del caso Altsasu

El PCE manifesta su rechazo a la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su revisión del caso Altsasu. Una sentencia que confirma unas penas desproporcionadas a los jóvenes condenados, máxime a la vista de unos hechos que, por desgracia, pueden reproducirse en muchas ocasiones a lo largo de todo el Estado y que, si hubieran tenido lugar en otro contexto, tendrían una respuesta muy diferente, lo que añade un componente de arbitrariedad en la acción judicial.

Queremos en este momento explicitar nuestra solidaridad con las personas condenadas, quienes, a pesar de la reducción de las penas, están sufriendo un castigo injustificado; esperamos que la revisión de esta sentencia por el Tribunal Constitucional u otras instancias internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dé marcha atrás a una decisión injusta y que establece un antecedente muy peligroso por su arbitrariedad manifiesta.

La manipulación mediática y los intereses políticos de quienes han querido convertir este caso en un argumento para ofrecer una visión de Euskadi que no corresponde con la realidad actual, ha introducido una presión desmedida y desnaturalizado unos hechos que no merecían una valoración tan grave, lo que ha hecho que se vulneren derechos básicos como la presunción de inocencia, la posibilidad de ejercer una defensa sin limitaciones y el abuso de la prisión preventiva.

Que los hechos fueran enjuiciados en la Audiencia Nacional muestra que había una predisposición a condenar con dureza, cuando lo lógico y lo legal era que fuera el juzgado del lugar donde ocurrieron los mismos; una vez retirada la acusación de terrorismo, como inicialmente se pretendió, no tenía sentido mantener un ámbito de enjuiciamiento que por su propia naturaleza condicionaba la visión que se quería dar de los hechos. La desproporción de la condena tiene relación directa, por tanto, con una intencionalidad preconcebida que hace arbitrario todo el proceso.

El PCE condena la estigmatización que pretende hacerse desde la derecha y algunos medios de comunicación de las personas condenadas, de todo el pueblo de Altsasu, de Navarra y de Euskadi; esta estrategia demuestra que algunos están interesados en sabotear un camino de paz y convivencia que se va construyendo después de muchos años de conflicto.

La resolución del Tribunal Supremo es una decisión judicial que se enmarca en la deriva autoritaria que estamos viendo en nuestro país y los de su entorno, con un progresivo retroceso de los derechos y libertades en aras de la defensa de los intereses políticos de la minoría oligárquica, en este caso atrincherada en un Poder Judicial aun no suficientemente democratizado desde el fin del franquismo, y que quiere mantener su posición hegemónica por todos los medios. Hoy son los jóvenes de Altsasu, antes lo fueron unos sindicalistas ejerciendo su derecho a la huelga, unos cantantes o unos tuiteros ejerciendo su libertad de expresión y mañana será cualquier persona que disienta. El PCE seguirá defendiendo una modificación sustancial del Código Penal y de nuestro sistema judicial, para eliminar normas liberticidas, jurisdicciones excepcionales, y recorte de derechos, para evitar una aplicación arbitraria de las normas penales según quien sea el destinatario de ellas en cada caso.