Si las decisiones sobre Bielorrusia del Consejo Europeo eran esperadas, no por ello eran inevitables, pero, de nuevo, la Unión Europea ha preferido recorrer el camino de la sumisión ante las exigencias norteamericanas. Así, tras las palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han llegado las de Charles Michel, presidente del Consejo, anunciando que la Unión no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales bielorrusas del pasado 9 de agosto. Charles Michel afirmó, en nombre del Consejo, que las elecciones no fueron “justas ni libres”, calificándolas de “fraude electoral”, aunque se abstuvo de mostrar pruebas, y declaró que la Unión trabajará para imponer sanciones a miembros del gobierno bielorruso para facilitar una “transición pacífica”.
Con el lenguaje de la hipocresía y la doblez, Charles Michel habló de “redoblar los esfuerzos para encontrar una solución pacífica” en Bielorrusia, sabiendo perfectamente que, en una insolente injerencia, algunos países miembros de la Unión impulsan las protestas en el país, con la pretensión de crear un nuevo Maidán, una situación de caos que derribe al gobierno de Lukashenko. Bruselas y la Comisión son perfectamente conscientes de que varios países miembros (Polonia, Lituania, Chequia) trabajan para crear un nuevo foco de crisis en las fronteras rusas, para lo que cuentan con el apoyo de otros países europeos y con la vigilancia y el sostén político y diplomático de Estados Unidos. No es fruto del azar que, mientras se desarrollan esas acciones en Bielorrusia, el dispositivo militar de la OTAN realice maniobras en las fronteras del país contribuyendo, deliberadamente, a presionar a Minsk y a elevar la tensión en la zona. Esa política intervencionista, a la que siempre presta su apoyo la Unión Europea, nada tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, y debe, además, soportar la vergüenza de ser subsidiaria de las decisiones de Washington.
El plan de acoso a Bielorrusia ha ido acompañado del estímulo a las protestas violentas, de la difusión de informaciones falsas sobre supuestas huelgas, del patrocinio de montajes antes fábricas bielorrusas para simular protestas masivas de los trabajadores, del apoyo unánime de los medios de comunicación conservadores a una hipotética protesta de la gran mayoría de la población, mientras se silencian las muestras de apoyo al gobierno de Minsk, y del sostén a la oposición derechista; una oposición que cuenta con un programa neoliberal pretende impulsar privatizaciones, acabar con las empresas públicas, retirar a Bielorrusia del Estado de la Unión que le une a Rusia, abandonar la Unión Euroasiática y la Unión Aduanera, apostar por el suministro de gas licuado de Estados Unidos abandonado el gas ruso; aplicar un agresivo plan de “descomunistización” similar a los aprobados por los gobiernos de extrema derecha de Polonia y Ucrania; y, en fin, hacer que Bielorrusia ingrese en la OTAN: un completo programa que parece escrito en Washington, es el que postula también la Unión Europea.
La brutalidad policial que, en esta ocasión, han sabido ver en Bielorrusia los dirigentes de la Unión Europea, no la percibieron en la sangrienta represión en Francia de las manifestaciones de chalecos amarillos, que causaron once muertos, más de cuatro mil heridos y trece mil detenidos; ni la han visto en la actuación de la policía turca con los refugiados, ni mucho menos la advierten en la actividad de la guardia costera libia (cómplice, además, de mercados de esclavos) a la que financia Bruselas. La Unión Europea que contribuye ahora al acoso a Bielorrusia, es la misma que financió y apoyó a los golpistas de Ucrania en 2014; la que patrocinó a Juan Guaidó para derribar al gobierno de Venezuela; la que ha reconocido a los liberticidas de Bolivia que depusieron al presidente Evo Morales; y la que ahora quiere cubrirse de virtud democrática cuando, de hecho, está siguiendo el guion intervencionista norteamericano, como anunció Mike Pompeo en Praga el 12 de agosto exigiendo que la Unión Europea aplicase sanciones a Bielorrusia. Castigo aceptado y anunciado por Charles Michel, que en nada va a contribuir a crear un clima pacífico de concordia y colaboración en el Este de Europa.
El Partido Comunista de España pide al gobierno de nuestro pais que adopte una decisión propia, desvinculada de cualquier medida injerencista adoptada por Bruselas o Washington, y llama a los trabajadores, a los ciudadanos, a las organizaciones democráticas, a expresar su rechazo a esta nueva aventura intervencionista contra Bielorrusia que aumenta la larga lista de países agredidos por la ambición imperial de Estados Unidos con el concurso de los países de la Unión, porque, prisionera del plomo imperial de Washington, la Unión Europea ha vuelto a adoptar una posición de seguidismo y sumisión a Estados Unidos, tomando una posición que lleva a la irrelevancia y la vergüenza.
