Desde mediados de octubre, multitudinarias manifestaciones y cortes de carreteras en el Líbano han paralizado el país y han conseguido la dimisión del primer ministro, Saad Hariri, aunque su gobierno continúa en funciones. La envergadura de las protestas ha llevado también al presidente libanés, Michel Aoun, a prometer la constitución de un nuevo gabinete sin la sombra de los anteriores gobernantes y que esté limpio de la sospecha de corrupción. Aunque el detonante de las protestas fue la intención del gobierno de Hariri de aplicar un pequeño impuesto a las llamadas telefónicas, han sido la larvada insatisfacción de los libaneses, el hartazgo por la corrupción y el robo de los recursos del Estado, el descontento por el alza de los precios y las dificultades en la vida diaria, por el deficiente suministro de agua potable y electricidad, unido a la amenaza de quiebra de las instituciones financieras, y a la evidencia un país endeudado, las causas que han generado un estallido popular que ha llevado incluso a la paralización de la recogida de basuras; a ese descontento se une la preocupación por el destino de los refugiados sirios, y el escándalo ante la patente incapacidad del gobierno de Hariri (calificado por el Partido Comunista Libanés como el “gobierno de los bancos”) para resolver la crisis económica y política. Las manifestaciones exigen una nueva ley electoral y la convocatoria de elecciones, que acaben en Líbano con la lógica de los bloques y alianzas basadas en identidades religiosas.
La constitución libanesa establece un reparto de funciones donde el primer ministro debe ser de confesión sunnita; el presidente, cristiano maronita, y el del parlamento, chiíta, en un complejo proceso de pactos que debe contar con el acuerdo de dieciocho religiones distintas presentes en el país. El gobierno de Hariri, ahora en funciones, surgió tras ocho meses de negociaciones, y hubo un acuerdo tácito entre Hariri y Hezbolá para evitar los enfrentamientos sectarios, aunque el inicio de las manifestaciones ha hecho saltar por los aires la inestable gobernanza. El equilibrio anterior entre la alianza del 8 de marzo (compuesta por Hezbolá, Amal, el Partido Comunista Libanés y pequeñas formaciones cristianas y prosirias) y la alianza del 14 de marzo (integrada por el partido sunnita de Hariri, el partido druso, y grupos cristianos maronitas) que se configuraron tras el final de la guerra civil y en las elecciones de 2009, ha saltado por los aires, aunque ambas alianzas estaban limitadas por acuerdos circunstanciales y cambios de bandera, como protagonizó el partido druso. Hezbolá, que saludó inicialmente las masivas manifestaciones se ha distanciado después, criticando el bloqueo de carreteras y la paralización del país, y acusando al movimiento de protesta de haberse transformado y de actuar en interés de potencias extranjeras. Mientras, sigue apoyando el plan del gobierno de Hariri para acabar con el déficit e iniciar un programa de reformas y de combate a la corrupción, que considera adecuado para el momento histórico que vive Líbano. Hezbolá rechaza la exigencia de elecciones anticipadas y ha llamado a sus seguidores a abandonar el movimiento de protesta. De hecho, su principal dirigente, Hassan Nasralá, se debate en un difícil y complicado equilibrio entre el apoyo a las demandas que considera justas y el rechazo a participar en las protestas, argumentando que quiere evitar el “vacío constitucional” que puede abrir el camino hacia la guerra civil.
La guerra civil cerrada en 1990 permitió albergar a la población la esperanza del inicio de un nuevo tiempo histórico, aunque la avidez de la oligarquía libanesa, la difícil coyuntura bélica de Oriente Medio, la intromisión y los ataques militares de Israel, el plan norteamericano de acoso a gobiernos de la región, y el inicio de la guerra impuesta a Siria en 2011 han acabado por romper los delicados equilibrios políticos en el país. La guerra en Siria ha llevado a más un millón de ciudadanos sirios a refugiarse en el Líbano, cifras que el gobierno de Hariri aumenta a un millón y medio, que suponen la cuarta parte de la población del país y que se añaden a los refugiados palestinos que malviven en Líbano desde hace décadas. Hariri decidió demoler miles de precarias viviendas de los refugiados sirios, y deportar a centenares de personas, en una operación que cabalga entre el oportunismo político y la evidencia de que un pequeño país como el Líbano no puede soportar sin ayuda internacional ese enorme contingente de refugiados. Además, a la intromisión israelí y la oscura intervención norteamericana, se añade la rivalidad de Arabia e Irán en Oriente Medio, potencias que influyen en Líbano, no sin contradicciones y diferencias, y que actúan como aliados de Hariri y de Hezbolá, respectivamente. Arabia lleva tiempo exigiendo a Hariri que expulse a Hezbolá del gobierno libanés, y llegó a secuestrar durante una semana en Riad, en noviembre de 2017, al primer ministro libanés, en una operación dirigida por el siniestro Mohamed bin Salmán, forzándole a presentar su dimisión pública en la televisión saudí, dimisión que retiró a su retorno.
El Líbano se debate entre una dura crisis económica, a la que se añade la escandalosa corrupción de las élites gobernantes, la paralización de cualquier reforma progresista favorable a los trabajadores, y debe afrontar la evidencia de un país endeudado y sin acceso al crédito internacional, y que, junto a las masivas manifestaciones que exigen cambios urgentes, observa los enfrentamientos entre miembros de Hezbolá y Amal con manifestantes, que han hecho aparecer de nuevo el miedo a una espiral sectaria que haga retroceder al país al escenario de los enfrentamientos civiles que culminaron en la guerra civil entre 1975 y 1990.
El Partido Comunista de España hace pública su solidaridad con los comunistas libaneses y con las justas demandas de la población, y pide al gobierno español que contribuya para que la Unión Europea ayude a preservar la paz y la estabilidad en el Líbano. El Partido Comunista de España exige también el fin de las intromisiones imperialistas en el país, y la organización de ayuda internacional urgente para atender a las necesidades de los refugiados sirios, además de la formación de un nuevo gobierno que dé satisfacción a las demandas populares, y que esté libre de las hipotecas de la corrupción y del clientelismo político, para consolidar un Líbano que se aleje del abismo de la guerra y contribuya a la paz en Oriente Medio.
