XVII Congreso PCE - 24, 25 y 26 de Junio de 2005
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Tesis políticas - XVII Congreso del PCE


8. Reforma constitucional, República y Estado Federal

Partido Comunista de España / 24, 25 y 26 de Junio de 2005

Documento definitivo

Por la Tercera República Española. Tras años de silencio y ocultación la cuestión republicana retorna, expresando movimientos reales existentes en la sociedad. El tipo de Transición política realizada, dirigida por las fuerzas reformistas del periodo entre los cuales se encontraba un sector franquista y otro monárquico, y la correlación de fuerzas existente durante años ha impedido que la cuestión republicana –como forma de estado y como modo específico de organización político-social del país- haya formado parte del debate público real.

Apostar por la Tercera República significa hacer de la misma un problema político sustancial. Las razones son; El agotamiento del modelo político surgido de la Transición, la Constitución ha agotado su impulso renovador; el estado de las autonomías no es capaz de resolver las nuevas contradicciones. Además, las políticas neoliberales han vaciado de contenido los derechos sociales de la actual Constitución con un conjunto de medidas que limitan sustancialmente las libertades democráticas y el ejercicio de derechos fundamentales.

Por la reforma constitucional, hacia la república federal y solidaria. España es un Estado plurinacional y plurirregional. El PCE aspira a una forma de Estado que reconozca los derechos sociales y de los trabajadores a la vez que proteja los derechos nacionales y regionales y que ensanche la democracia radical y regularice la participación popular. Esa forma de Estado no puede ser otra que la República Federal Solidaria.

Reivindicamos la vigencia y continuidad de la tradición republicana, laica popular y progresista y solidaria de la izquierda española, que va mucho más allá de la cuestión, importantísima, de la jefatura del Estado, y en especial lo que eso supone al plantear especialmente con la iglesia católica, los modelos educativos y las políticas sociales o culturales.

La Constitución de 1978 debe reformarse para garantizar esas aspiraciones, por sus limitaciones iniciales, por su propio desarrollo y por los cambios que se han producido en el contexto internacional y europeo. El PCE aspira a que la reforma constitucional se produzca en la dirección arriba indicada.

El reconocimiento y la protección de todos los derechos. Una solución democrática de la cuestión nacional pasa por reconocer la diversidad nacional de España concediendo el mismo nivel a todas las identidades y lenguas y facilitando la misma capacidad de expresión y desarrollo a las distintas culturas, combatiendo las condiciones de desigualdad entre ellas y facilitando la misma capacidad de expresión y desarrollo a las distintas culturas, combatiendo las condiciones de desigualdad entre ellas. Pero esa solución democrática no puede fundamentar los derechos políticos en la identidad nacional sino en la igualdad básica de todas las personas y en la protección de todos sus derechos.

Sin embargo existe un nexo de unión entre todos los pueblos y regiones: la clase obrera. No es pues la identidad nacional el problema, sino el liderazgo de ésta por las burguesías nacionalistas, como elemento de división de los trabajadores. Lo grave es que por encima de los intereses de los trabajadores se plantean soberanías o políticas fiscales que pretenden asegurar, como ya ha pasado en Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, las “vacaciones fiscales para las empresas”, o la ruptura en el Plan Ibarretxe de la Caja única de la Seguridad Social, permitiendo a la Banca privada entrar de lleno en ese mercado, en lo que ya llevan años intentándolo.

Ahí radica nuestra principal objeción al Plan Ibarretxe y, en general, a los proyectos políticos nacionalistas que fundamentan la soberanía en la identidad nacional. En nuestra propuesta de Estado Federal, cada una de las nacionalidades y regiones es una comunidad política de ciudadanas y ciudadanos que son sujetos de derechos políticos colectivos, incluido el ejercicio del derecho de autodeterminación que deberá ser regulado puesto que en nuestra perspectiva comunista de superación del autoritarismo estatal, la exclusión de la violencia como medio para la resolución de conflictos entre pueblos supone que su participación dentro de un Estado descanse sobre su libre decisión y no sea impuesta por la fuerza.

Por dichas razones, en opinión del PCE, la Constitución del Estado Federal debe contener el núcleo de los derechos políticos, económicos y sociales iguales para todos los ciudadanos y las ciudadanas, con independencia de la nación o región donde residan

La solidaridad en el centro del Pacto Federal. La solidaridad no puede quedarse en un mero acto de voluntad por lo que el acuerdo federal entre los distintos pueblos debe fundarse en la igualdad entre ellos. Pero el PCE defiende que los derechos sociales y ambientales y la solidaridad interterritorial son una responsabilidad compartida. Por eso defendemos la unidad y gestión compartida del sistema fiscal, de la protección social, de las políticas de lucha contra la desigualdad y de la administración y protección de los recursos naturales compartidos.

Nos oponemos por tanto a las pretensiones de "romper" la Caja Única y generalizar el actual sistema de conciertos fiscales y defendemos la definición de derechos laborales y sociales universales garantizados por igual a todas las personas. Para ello deberá asegurarse un principio de homogeneidad fiscal: que la carga fiscal dependa de los ingresos de cada persona física o jurídica, y no del territorio donde resida, con independencia de que la recaudación sea gestionada desde cada comunidad, así como de un principio de redistribución equitativa de modo que, descontados los gastos federales generales, cada comunidad reciba la parte proporcional que le corresponda, de acuerdo con criterios objetivos, como la magnitud de la población o del territorio. De hecho, en vez de fraccionarse, la fiscalidad debería unificarse en el ámbito europeo: no tiene sentido una fiscalidad separada con una moneda única. Se trata, en definitiva, de que cada cuál aporte según su capacidad y reciba según sus necesidades.

Los municipios. En la globalización neoliberal, los municipios se manifiestan como unas instituciones privilegiadas para la reconquista y la reapropiación democrática de lo público, para situar la disputa entre las necesidades concretas y materiales de la gente y las leyes abstractas del mercado global, para hacer avanzar en suma la política frente a la economía. En España, la reforma de las instituciones del Estado en un sentido Federalista y democratizador debe pasar necesariamente por el incremento en las competencias y recursos de los Ayuntamientos al tiempo que se refuerzan en su seno los sistemas de democracia participativa y se evitan las tendencias presidencialistas en las que hoy coinciden el PP y el PSOE.

La pervivencia de viejas y nuevas formas de clientelismo y caciquismo es una realidad palpable en la mayor parte del medio rural, potenciado por la descentralización administrativa que muchas veces aumenta el poder y la influencia de las elites locales en sociedades cerradas y desarticuladas. Las diputaciones provinciales, un instrumento de la restauración borbónica creadas fundamentalmente para garantizar el turno de partidos y el control de esas elites sobre la política local siguen jugando un papel central en el mantenimiento de esas estructuras, y su desaparición es una necesidad de desarrollo democrático. También lo es impulsar reformas de la legislación local que introduzcan formas de participación democrática y social en el ámbito municipal y mecanismos de transparencia y control externos que impidan abusos y actuaciones caciquiles

Reforma de los Estatutos de Autonomía. El PCE considera que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen los mismos derechos y obligaciones, al margen de la Comunidad Autónoma en la que residan. El avance en la descentralización y autogobierno no deben suponer menoscabo alguno de ese principio, por lo que el proceso de reforma estatutaria emprendido ahora en algunas autonomías debe servir fundamentalmente para asegurar que todas alcanzan una capacidad financiera suficiente que garantiza la prestación universal, con dignidad, calidad y justicia, de todos los servicios públicos, toda vez que, casi culminados los procesos de traspasos, son las comunidades Autónomas las administraciones competentes en la prestación de la mayor parte de esos servicios. Para ello la Reforma Estatutaria debería producirse en el marco de un debate general del marco constitucional.

Superar los déficits democráticos de la Constitución de 1978. El PCE afirma la necesidad de superar el modelo de "democracia limitada" que recorre la CE de 1978 en la que prima el gobierno sobre el Parlamento y la sociedad. Para ello hay que reformar las instituciones parlamentarias, hacer avanzar formas de democracia directa y asegurar la primacía del poder civil y la soberanía popular sobre cualquier otra institución del Estado.

Proponemos un sistema electoral que prime la proporcionalidad, eliminando las provincias como circunscripción electoral y sustituyéndolas por la circunscripción única en las Elecciones al Congreso y el Estado Federado para el Senado o los Parlamentos Territoriales. Una redefinición del Senado para que cumpla su papel de cámara de representación territorial. Un sistema electoral que incluya la apertura o el desbloqueo de listas y asegure la paridad. Defendemos también una Ley de Financiación de partidos que garantice la transparencia de ésta, y fundamente las subvenciones públicas en los votos obtenidos en el conjunto del Estado, con independencia de la obtención o no de representación en cada circunscripción.

El control del Parlamento sobre el ejecutivo debe aumentar a través de la desaparición de la moción de censura constructiva, una reforma de los órganos de extracción parlamentaria que garantice los derechos de las minorías y el sometimiento de todos los tratados internacionales al Parlamento.

El descenso de la participación es un efecto perseguido por quienes defienden un concepto de “democracia limitada” amparado en justificaciones tecnocráticas cuya única finalidad es fortalecer aún más la primacía de los poderes económicos sobre las necesidades personales y sociales.

El PCE propone el desarrollo y la aplicación de la democracia directa (prevista en el art. 23), con la inclusión del referéndum vinculante y especialmente en materia de política exterior. Además, rebajar los límites y requisitos de la Iniciativa Legislativa Popular y favorecer las experiencias de democracia participativa.

Eliminar los sesgos sexistas de la Constitución del 1978
La reforma constitucional debe eliminar todo tipo de articulado que de forma directa o indirecta posibilite la discriminación de las mujeres en nuestra sociedad. Debe apostar por una consolidación de los derechos individuales frente a los familiares. Y debe realizarse una modificación total de su redacción para incorporar a las mujeres como elementos visibles de contenido.

Por la soberanía popular: civil, laica y republicana
Igualmente, la reforma debe contemplar el carácter laico del Estado y de todos los servicios públicos y eliminar tanto los privilegios concedidos por el Estado a la Iglesia Católica como la inclusión de la enseñanza de la religión en la Escuela.

El régimen constitucional español debe reconocer la deuda democrática contraída con todas y todos los que sufrieron persecución y fueron represaliados por la defensa de la legalidad quebrada por la sublevación fascista de 1936 durante y después de la guerra civil. La reivindicación de su memoria y la rehabilitación de todos sus derechos vulnerados es una condición necesaria para que pueda superarse totalmente la situación de democracia "otorgada".

La reforma constitucional debe incluir la eliminación de la tutela del Ejército sobre la Constitución (art. 8) y el establecimiento del mando supremo en el gobierno y no el Rey (art. 62). Se debe requerir autorización parlamentaria para cualquier misión militar fuera de las fronteras españolas, sea de la naturaleza que sea y constitucionalizar la renuncia a la guerra.

Nunca podrá considerarse completa la soberanía popular y la supremacía del poder democráticamente elegido si la jefatura del estado se determina por derecho de sangre. Con independencia del proceso de reforma de la actual Constitución en la que nuestra organización hará lo posible para incorporar aquellos aspectos que consideramos adecuados o menos lesivos para los ciudadanos, el PCE mantiene que, en el momento actual ninguna reforma de la Constitución vigente puede colmar nuestras exigencias si no se plasman los contenidos de verdadera democracia, a través de una República federal y solidaria.

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