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Resolución Comité Ejecutivo PCE - 18 mar 06


El Partido Comunista de España denuncia que la directiva Bolkestein consagra la mercantilización de los bienes comunes y de los servicios públicos de la Unión Europea



Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España / 18 mar 06

El Parlamento Europeo aprobaba el pasado 16 de febrero, en primera lectura, la Directiva Bolkestein, denominación que se da a la Directiva de Liberalización de Servicios del Mercado Interior en la Unión Europea, por 394 votos a favor, 215 en contra y 33 abstenciones.

El objetivo de la Directiva es favorecer la libre prestación de servicios en la Unión Europea, facilitando el libre establecimiento de prestadores de servicios en cualquier Estado miembro, así como la prestación de servicios sin establecimiento en el país de destino. El mecanismo para la aprobación definitiva de esta Directiva está sujeto al procedimiento de codecisión, por el cual será ahora el Consejo Europeo –donde están representados todos los gobiernos de los Estados miembros- quien deba fijar su posición, antes de que el texto vuelva de nuevo al Parlamento Europeo para una segunda lectura.

El Partido Comunista de España ya exigió, tras la aprobación por la Comisión Europea en enero de 2005, la retirada de la Directiva por considerar que sus contenidos atentaban contra los derechos laborales, los servicios públicos, su calidad y la capacidad de los Estados miembros de reglamentar y controlar las actividades de los prestadores de servicios.

El nuevo texto recientemente aprobado por el Parlamento Europeo incorpora toda una serie de enmiendas pactadas entre el Partido Popular (PPE) y el Grupo Socialista Europeo (PSE) que no van más allá de representar un cúmulo de buenas intenciones, pero que no resuelven para nada los problemas que la hicieron rechazable. Así, no se resuelve la colisión que existe entre la Directiva y los derechos de los trabajadores, el avance hacia la desregulación total de los mercados laborales y la privatización de los servicios públicos, incluidos los más esenciales.

Para el Partido Comunista de España esta aprobación es una mala noticia para las trabajadoras y trabajadores europeos porque consagra el principio por el cual es el mercado quien debe definir todas y cada una de las variables de las relaciones sociales, políticas y laborales. La ley del mercado se impone de nuevo a las realidades políticas locales y regionales.

En un momento de continuos recortes de derechos básicos de la clase trabajadora, la Directiva Bolkestein aprobada por el Parlamento Europeo viene a generalizar estos recortes, armonizando a la baja los salarios, la negociación colectiva (cuando la haya) y las condiciones de trabajo. Todo ello desde un concepto extraño de solidaridad europea que en vez de aplicar criterios de reparto económico más justo y expansivo a partir de los presupuestos de la Unión y por tanto favoreciendo la creación de más y mejor empleo, reparte el desempleo y unas condiciones laborales precarias por toda Europa.

Las modificaciones introducidas en la Directiva no corrigen sus efectos perniciosos y sólo la maquillan en aspectos como que se haga explicita referencia al hecho de que la Directiva no modifica los derechos establecidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cosa que debería resultar obvia o en dejar en manos de los tribunales de justicia la decisión sobre el país de origen.

Por tanto, a pesar de las voces de optimismo y de las maniobras de engaño y desinformación que en nuestro país envuelven a la Bolkestein, la decisión del Parlamento europeo no ha significado avance ni éxito alguno. Por todo ello, el Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España resuelve:

1- Denunciar el vergonzante pacto del PSE y del PPE al que no ha sido ajeno ni el gobierno español ni el PSOE que ha echado en saco roto la aprobación de la proposición no de ley contra la directiva por el Parlamento español a propuesta de Izquierda Unida.

2- Entender que la Directiva es un paso más en la línea marcada por el Tratado Constitucional de liberalización extrema de la economía, mucho más allá incluso de las decisiones políticas de los gobiernos nacionales y de la propia UE, y que a pesar de las enmiendas, no se ha corregido la idea de mercantilización de los bienes comunes y de los servicios públicos y el texto ahonda en la desregulación de los derechos de los trabajadores, con el consiguiente dumping social, ambiental, laboral y normativo.

3- Abrir una campaña de información y sensibilización social que concluya con la movilización y presión de los trabajadores y del conjunto de la sociedad con el objetivo de lograr la retirada definitiva de la Directiva. Al mismo tiempo, desde el Partido Comunista de España trabajaremos para demandar del Gobierno del PSOE que establezca la obligatoriedad de cumplir la legislación laboral vigente por parte de todos aquellos prestadores de servicios que operen en el territorio español.

4- Por ultimo, el Partido Comunista de España intensificará todos los contactos en el ámbito de la izquierda española y europea para conseguir frenar lo que va a significar una de las mayores agresiones al conjunto de la clase trabajadora europea.

ANEXO. Notas de interés sobre las modificaciones incorporadas:


- La Directiva Bolkestein es el desarrollo lógico de los objetivos fijados por el Consejo Europeo de Lisboa que persigue hacer de la Unión Europea la economía más competitiva del mundo abriendo un gran mercado interior de servicios europeos bajo las leyes del libre mercado y la competitividad.

- Se incorporan una serie de declaraciones genéricas referidas a la voluntad de la Directiva de “mejorar la calidad de vida y la cohesión social” sin que esto tenga un reflejo normativo y por lo tanto de obligado cumplimiento.

- Se introduce el enunciado de preservar un “nivel elevado de calidad de los servicios” como una declaración de principios más, ya que someter los servicios a las leyes del mercado y la competencia supone supeditar la calidad de los mismos a la obtención del máximo beneficio.

- La Bolkestein afectará, como norma general, a todos los servicios que se prestan en la Unión Europea, tanto si se prestan de empresa a empresa como de una empresa al consumidor directamente.

- Se amplia la lista de los servicios que quedan excluidos de la Directiva. Entre ellos: la atención sanitaria, los servicios portuarios, las agencias de trabajo temporal, los servicios audiovisuales, los servicios sociales (servicios de vivienda social, servicio de atención a los niños y los servicios familiares), los servicios de transporte (ambulancias, transporte urbano y taxis), los servicios de seguridad, juegos y loterías, notarías, farmacias, los servicios financieros, la fiscalidad, el derecho penal y el derecho laboral. Las enmiendas relativas a excluir los servicios relacionados con el medio ambiente, la educación y los servicios culturales no fueron aprobadas. Tampoco se aprobaron las enmiendas que pretendían dejar fuera de la Directiva los servicios económicos de interés general como los servicios de gas, agua, postales, etc.

- La Directiva no se aplicará a “los servicios de interés general tal y como los definen los Estados miembros”.

- Se elimina el principio de “país de origen” (artículo 16) por el cual se establecía que los prestadores de servicios únicamente estaban sujetos a las disposiciones nacionales de su Estado miembro de origen, esto incluía el ámbito laboral. Se formula bajo una nueva denominación “libre prestación de servicios”, con un nuevo redactado que en la práctica supone maquillar y suavizar el artículado anteriormente aprobado, pero sigue representando un claro ataque a las condiciones laborales del país de destino, por la ambigüedad en el redactado de sus disposiciones y por evidentes contradicciones existentes entre ellas. Así:

* Se introduce expresamente que “las normas derivadas de convenios colectivos no se consideran requisito a efectos de la presente Directiva”.
* Se incluye que la Directiva “no impedirá que los Estados miembros apliquen, de conformidad con el Derecho comunitario, sus disposiciones en materia de condiciones de empleo, incluidas las establecidas por convenios colectivos”. La Bolkestein “no impedirá”, pero no establece la “obligatoriedad” de cumplir con la legislación laboral del país de destino.
* Al mismo tiempo se formula un nuevo concepto denominado “razón imperiosa de interés general”, según el cual, el Estado miembro de destino podrá introducir algunos requisitos adicionales cuando esté justificado por algunas de las siguientes razones: “la protección del orden público, la seguridad pública, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, incluida una atención sanitaria equilibrada para todos, la protección de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores….”. Como se puede ver se recoge genéricamente la “protección de los trabajadores”, sin concretar qué quiere decir esto y mucho menos incluir expresamente la obligatoriedad del cumplimiento de la legislación laboral del país de destino.
* Se aprueba una enmienda en la que se recoge “las presentes disposiciones no impedirán que el Estado miembro en que se presta el servicio imponga requisitos, respecto a la prestación de una actividad de servicios, que estén justificados por razones de orden público, seguridad pública, protección del medio ambiente y salud pública...” Las enmiendas que pretendían incluir “razones por política social” no salieron adelante. De nuevo se podrá observar aquí que tampoco se recoge, expresamente, aquellas razones relativas a proteger las condiciones laborales de las y los trabajadores del país de destino.
* Se excluye del principio de “país de origen” algunos servicios económicos de interés general, como por ejemplo los de distribución y abastecimiento de agua y los servicios de aguas residuales, la gestión de residuos, los de suministro y distribución de gas, los de transporte y suministro de energía eléctrica, los servicios postales.

- Se establece que las facultades de supervisión y control del prestador de servicios en un Estado miembro de destino se llevarán a cabo por el Estado miembro del establecimiento principal y también se fija el procedimiento denominado de “asistencia recíproca” por el cual se garantiza la cooperación entre los Estados para garantizar el control de los prestadores y de sus servicios. Parece bastante poco creíble que se pueda ejercer una eficaz y rápida actividad de control y fiscalización de los servicios prestados, por parte de los Estados miembros de origen por no disponer de recursos suficientes y, posiblemente, por tener poco interés en fiscalizar un servicio realizado fuera de sus fronteras. La maraña de empresas que operaran en el mercado, su opacidad, su voracidad y la ausencia de un control efectivo llevarán a una situación de indefensión no sólo laboral, sino de los consumidos de servicios.

 
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