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Comité Federal del PCE - 21 ene 06


Resolución del Comité Federal PCE contra las condenas judiciales a sindicalistas de CCOO en Sevilla



Comité Federal del PCE / 21 ene 06

El Comité Federal del Partido Comunista de España ha tenido conocimiento de las sentencias que condenan a diversas penas a sindicalistas de Comisiones Obreras de Sevilla, siendo también todos los condenados, menos uno, militantes del Partido, cuyas condenas han sido producidas por actos insignificantes de reivindicación en el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) gobernado por una alcaldesa del PSOE.

Se han conocido en los últimos días de la presente semana dos sentencias condenatorias:

La primera de ellas, cuyo juicio penal se produjo el 14 de febrero de 2005, emitió sen-tencia en referencia a unos actos que tuvieron lugar en Mayo del año 2002, cuando es-tos dos sindicalistas, ahora condenados, participaban en una lucha en contra de la re-presión sindical que se estaba llevando a cabo por la alcaldesa del PSOE de este Ayuntamiento. Ambos sindicalistas pertenecen a nuestro partido. A uno de ellos lo condenan a 12 meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad, así como otro de insultos. La otra sindicalista es condenada a seis meses de cárcel por desobediencia.

La segunda sentencia condena a cuatro sindicalistas. Tres de ellos pertenecen a nuestro partido y entre los mismos se encuentra, de nuevo, la compañera y camarada que en la sentencia anterior aparece condenada por desobediencia a una pena de seis meses de prisión. El delito juzgado fue desplegar en silencio una pancarta durante la celebración de un pleno municipal el día 17 de junio de 2004, negándose a retirarla por lo que la Alcaldesa ordenó a la policía local el desalojo, cosa que se produjo con extrema brutalidad, interponiendo denuncia los sindicalistas contra la policía la cual no prosperó por resultar archivadas. En cambio, los cuatro sindicalistas han resultado condenados a 7 meses de prisión por desobediencia y desórdenes públicos y uno de ellos a 12 meses más por un delito de atentado, que no fue otra cosa que un pequeño forcejeo con la policía cuando intentaban retirarle la pancarta.

En el primer caso la acusación solicitó ocho años de cárcel para cada uno, más que el fiscal, aunque éste se sumó a la petición. En el segundo caso las peticiones de la acusación y del fiscal han coincidido en su dureza. Esta legislación que han aplicado los jueces a las sentencias obedece a una reforma de la Ley Antiterrorista de la última legislatura de Felipe González, denunciada por este partido.

Estos son los hechos. Como se ve, a juicio del PCE, no son sino actos sindicales, completamente insignificantes que, para colmo, se basan en las declaraciones de una policía local, plagadas de contradicciones, que tienen ya acumulado un amplio historial de represión y de brutalidad, denunciados por atestados falsos, por malos tratos, abusos y, que tienen su exponente máximo en el fallecimiento de un joven la semana pasada, tan solo tres días después de haber sufrido una paliza, según denuncia la propia familia, por parte de estos policías y que el Partido ya condenó y exigió por ello la depuración de las responsabilidades.

Mientras que los policías locales han mentido, dadas las evidentes contradicciones en su declaración en el acto del juicio, el ayuntamiento ha denunciado por falso testimonio a dos compañeros que fueron a declarar a favor de los sindicalistas ahora condenados.

Ante este grave atentado contra las libertades, el PCE manifiesta:

Primero.- El apoyo y la solidaridad más absoluta con los sindicalistas y militantes co-munistas ahora condenados y la puesta a su disposición de todo cuanto necesiten en los diversos órdenes: político, jurídico, económico, etc.

Segundo.- La condena más contundente ante estas sentencias que suponen un verda-dero retroceso en la lucha por las libertades, la sindical, la de expresión, la de manifestación, así como un recorte en los derechos constitucionales. Estas condenas por ejercer la lucha sindical nos llevan al siglo XIX y primera parte del XX, en los que la negociación colectiva y los derechos sindicales se dilucidaban en las salas de lo penal, considerándose la acción sindical como un delito.

Tercero.- Supone un ataque al sindicalismo de clase que representa CC.OO. y un ataque al Partido Comunista. El hecho de que se hayan producido en el marco de un Ayun-tamiento con la alcaldía ocupada por el PSOE introduce elementos de gravedad ideológica que convierten el estado de derecho en estado de derechas. Las consecuencias sociales, sindicales, políticas e ideológicas que tienen estas sentencias superan el marco jurídico de las mismas.

Cuarto.- El Partido va a responder a este gravísimo ataque de una manera global. Desde la solidaridad con los condenados y con su organización sindical, apoyando cuantos actos sean convocados por el Sindicato, así como promoviendo una movilización propia, extendiendo al máximo la información, difundiéndola con todos nuestros recursos y nuestros medios, buscando las alianzas de la clase trabajadora y de las organizaciones sociales y vecinales hasta conseguir que esta deriva ideológica del PSOE sea condenada y rectificada por ese partido para evitar que se vuelvan a producir.

Quinto.- El Partido Comunista de España cree que el retroceso contra las libertades, el acoso a los trabajadores y trabajadoras de aquel Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), la represión policial a trabajadores y ciudadanos, los comportamientos represores de la Alcaldesa Antonia Hierro tienen que acabar, instando a la dirección federal, andaluza y provincial del PSOE a que tomen cartas directas en el asunto y recriminen y rectifiquen estos comportamientos que solo conducen a un recorte de los derechos civiles y ciudadanos que entran en clara colisión con el discurso político e ideológico que trasladan a la ciudadanía.

 
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