Secretaría Mundo del Trabajo
S. Mundo del Trabajo >
 

Pensiones


Por la mejora de las pensiones



Secretaría Federal de Empleo y Seguridad Social de IU / ago 03

El pensamiento conservador en materia económica, el neoliberalismo en su versión actual, considera que los gastos sociales son una rémora para el crecimiento económico y siempre, independientemente de su nivel, apostará por reducirlos. Pero existen múltiples razones para pensar que una economía con mayores grados de equidad y cohesión social será también una economía más desarrollada y eficiente. No hay que salirse de razonamientos ortodoxos para comprender que los gastos sociales generan actividad económica directa e importantes economías externas.

En todo caso, cuestionar la provisión pública de las necesidades sociales no significa que éstas desaparezcan, ni que parte del producto social haya de destinarse a cubrirlas. La cuestión remite a considerar si estos gastos se atienden de forma colectiva o son cubiertos por el sector privado. Y la provisión privada, a través del mercado, siempre se alejará del óptimo social porque sólo atenderá aquellas necesidades por las que, de forma individual, se esté dispuesto a pagar por ellas.

Las pensiones llevan muchos años en el ojo del huracán porque el gasto público en este capítulo es el que más recursos absorbe de toda la protección social. La derecha quiere reducir el gasto en pensiones para poder disminuir los costes laborales (las cotizaciones sociales en este caso) y expandir de una vez por todas los planes privados. Las entidades financieras ya no ocultan su interés por captar el ahorro estable y semicautivo que significan las pensiones públicas, financiadas básicamente con salarios en forma diferida. No es para menos, porque una teórica conversión del actual sistema público de reparto en uno de capitalización supondría a las entidades financieras y aseguradoras comisiones de gestión que podrían superar los 1.800 millones de euros anuales.

Prueba de ello son los zafios esfuerzos de algunos servicios de estudios ligados a entidades financieras para demostrar la inviabilidad del sistema público de pensiones. En el periodo 1993-1996 se publicaron varios informes con conclusiones muy pesimistas que la realidad ha ido desmontando radicalmente. Un estudio de la Fundación BBV proyectaba un déficit para 2000 en la Seguridad Social del 1,65% del PIB y otro de la Fundación FEDEA lo elevaba al 2,7% del PIB. En ese año, la Seguridad Social registró un superávit del 0,5% del PIB. Si no son capaces de ajustar, a cinco años vista, sus simulaciones con algún viso de realidad, poco más cabe comentar sobre sus proyecciones para 2030 o 2050.

El sistema público de pensiones en nuestro país no corre peligro a medio y largo plazo, o no más que la economía en general, porque se trata de una cuestión redistributiva. Pensemos que dentro de 30 años es muy probable que la renta de nuestro país se multiplique por dos, y será una elección política el cómo y el cuanto destinar a las personas que ya no participan en la producción.

Es cierto que nuestro sistema de Seguridad Social, en materia de pensiones, contiene un factor contributivo importante, pero las alarmas sobre el envejecimiento de la población y su impacto sobre la financiación de las pensiones son, en muchas ocasiones, interesadas. El debate se manipula porque una variable, el envejecimiento, se resalta, y el resto de variables se minimizan o proyectan buscando la conclusión final y deseada: el gasto público en pensiones será insostenible a cuarenta o cincuenta años vista.

La cuestión de la viabilidad financiera de los sistemas de pensiones se ha exagerado porque, como decimos, la demografía no es la variable crucial. Lo importante es la producción y el empleo, en cuanto influye en ella. Incluso podemos afirmar que la evolución del empleo sólo causará problemas sobre nuestro sistema público de reparto si afecta negativamente al crecimiento del producto social. Desde el punto de vista económico el reto siempre se resolverá si el crecimiento de la economía está asegurado.

Podemos imaginar que el empleo deje de crecer y se estanque; así y todo, si la productividad del trabajo aumenta se puede sostener un gasto cada vez mayor en pensiones. De esta forma, la inquietud que se plantea sobre el número de trabajadores ocupados que ha de sostener a un número cada vez superior de pensionistas tampoco sería una restricción definitiva. Aunque este no sea el caso de España, con una elevada tasa de desempleo y una reducida tasa de actividad.

Intentar concebir la evolución de las variables que influyen en el gasto en pensiones en un plazo temporal tan dilatado es un ejercicio que no pasa de simple simulación. Es verdad que el número de pensionistas aumentará, pero el crecimiento económico, la evolución de la productividad, del empleo y los salarios, o de la población total, dependerán de las políticas económicas y sociales que se apliquen.

Si nuestra economía mantiene en el largo plazo un promedio de crecimiento razonable (en el entorno del 3%), si las tasas de actividad (particularmente la femenina) aumentan y el empleo crece en cantidad y calidad, si articulamos una política de inmigración adecuada a nuestras necesidades en términos de natalidad y población, o si aseguramos una estructura de ingresos públicos suficiente acabando con las reformas fiscales regresivas, la proporción en el futuro de las pensiones sobre el PIB no presentará problemas financieros insalvables.

El propio Ministerio de Trabajo publicó un estudio prospectivo hasta 2040 sobre el gasto en pensiones que se aleja de las simulaciones catastrofistas de los servicios de estudios de las entidades financieras y los gabinetes de expertos “independientes”. Con la actual normativa, el gasto en pensiones se mantendría casi constante en porcentaje del PIB hasta el año 2020 (pensiones de las generaciones nacidas en la guerra y en los años inmediatamente posteriores). El gasto aumenta entre 2020 y 2030 por la incorporación de las generaciones de finales de los cincuenta y sesenta (mayor natalidad) y podría acabar por representar en 2040 el 13% del PIB.

España dedica a pensiones el 10% del PIB y alcanzar en 2040 un gasto equivalente al 13% del PIB significaría destinar a este capítulo de protección social lo que hoy financia en promedio la UE. España sólo dedica más recursos con relación al PIB que Irlanda y Portugal; Dinamarca, Reino Unido, Grecia, Finlandia, Bélgica, Suecia y Luxemburgo gastan entre el 11% y el 13% de su PIB; y por encima de la media se sitúan Alemania (13,2%), Francia (13,4%), Países Bajos (14,2%), Austria (14,3%) e Italia (16,2%).

Veamos ahora una sencilla simulación que no tiene más finalidad que restar dramatismo a la supuesta insolvencia futura de nuestro sistema público de pensiones:

 PIB (Crecimiento real del 3% anual)Número de pensiones (miles)Cuantía pensión media (crecimiento real del 2,7%)Gasto en pensiones contributivasEN % DEL PIB
2002609.300.0007.8157.00854.767.5208,99%
2003627.579.0007.8927.19756.800.4299,05%
2004646.406.3707.9697.39258.903.1899,11%
2005665.798.5618.0477.59161.085.6829,17%
2006685.772.5188.1377.79663.436.6429,25
2007706.345.6938.2288.00765.878.0299,33%
2008727.536.0648.3208.22368.413.2289,40%
2009749.362.1468.4148.44571.054.1929,48%
2010771.843.0118.5088.67373.787.8959,56
2011794.998.3018.6098.90776.679.7699,65%
2012818.848.2508.7119.14779.683.1599,73
2013843.413.6978.8159.39482.811.6229,82%
2014868.716.1088.9209.64886.060.5809,91
2015894.777.5929.0269.90989.434.52210,00%
2016921.620.9199.12610.17692.866.86110,08%
2017949.269.5479.22610.45196.419.35010,16%
2018977.747.6339.32710.733100.106.70510,24%
20191.007.080.0629.43011.023103.944.93410,32%
20201.037.292.4649.53411.320107.928.76910,40%
20211.068.411.2389.64011.626112.075.20810,49%
20221.100.463.5759.74811.940116.390.75510,58%
20231.133.477.4839.85812.262120.882.16310,66%
20241.167.481.8079.96812.593125.531.25810,75%
20251.202.506.26110.08012.933130.369.14810,84%
20261.238.581.44910.20013.283135.483.03310,94%
20271.275.738.89310.32113.641140.791.67011,04%
20281.314.011.05910.44414.010146.316.22611,14%
20291.353.431.39110.56814.388152.050.85811,23%
20301.394.034.33310.69414.776158.018.04811,34%
20311.435.855.36310.87915.175165.091.96411,50%
20321.478.931.02411.06715.585172.479.43111,66%
20331.523.298.95411.25816.006180.193.48711,83%
20341.568.997.92311.45216.438188.247.67812,00%
20351.616.067.86111.65016.882196.672.96112,17%
20361.664.549.89711.85117.338205.467.99112,34%
20371.714.486.39312.05617.806214.665.80012,52%
20381.765.920.98512.26418.286224.265.36412,70%
20391.818.898.61512.47618.780234.301.93312,88%
20401.873.465.57312.69219.287244.794.13813,07%
20411.929.669.54012.79319.808253.404.19113,13%
20421.987.559.62712.89520.343262.321.07513,20%
20432.047.186.41512.99920.892271.576.52313,27%
20442.108.602.00813.10321.456281.140.53413,33%
20452.171.860.06813.20722.036291.023.02213,40%
20462.237.015.87013.31322.630301.279.47313,47%
20472.304.126.34613.42023.241311.900.85913,54%
20482.373.250.13713.52723.869322.876.16713,50%
20492.444.447.64113.63524.513334.241.27913,67%
20502.517.781.07013.74425.175346.009.90613,74%
      


Los supuestos que hemos utilizado para realizar esta simulación son los siguientes:

  • Partiendo de un PIB en 2002 de 609.300 millones de euros (101 billones de antiguas pesetas), estimamos hasta 2050 un crecimiento promedio acumulativo del 3% en términos reales (descontada la inflación). De esta forma, en el año 2025 el PIB se habrá multiplicado por dos y en 2050 por cuatro.


  • La evolución del número de pensiones la obtenemos de un estudio de CC.OO. , donde se considera una previsión de evolución de la población mayor de 65 años que el Sindicato considera incluso pesimista. En 2050 sería preciso financiar 13.744.000 pensiones, un 76% más que en 2002. El crecimiento anual acumulativo ronda el 1,2%.


  • En 2002 la cuantía media de las pensiones se sitúa en 7.008 euros anuales (1.166.033 pesetas) y proyectamos un crecimiento promedio acumulativo del 2,7% en términos reales para afrontar el efecto de sustitución y la mejora de las pensiones. Este crecimiento real de la pensión media no es cualquier cosa, si consideramos que entre 1980 y 2000, en términos reales, la pensión media ha tenido incrementos anuales del orden del 2%. Así las cosas, la pensión media evolucionaría hasta alcanzar en 2050, en euros de 2002, 25.175 euros anuales (4.188.765 pesetas); un crecimiento real del 259%.


  • Con esta simulación, el gasto en pensiones contributivas alcanzaría en 2050 346.000 millones de euros (casi 58 billones de pesetas), significando el 13,7% del PIB.

Este porcentaje de gasto, como ya se ha indicado, ronda el promedio que hoy destina la UE a pensiones. Por tanto, ni es un drama, ni es desproporcionado, ni mucho menos insostenible desde el punto de vista financiero. Si se aceptan políticamente estas proporciones de gasto futuro en pensiones con relación a la riqueza producida, la cuestión estriba en dedicar todos los esfuerzos a asegurar su financiación. Por eso, insistimos, España debe articular una política de inmigración adecuada a nuestras necesidades en términos de natalidad y población (para evitar restricciones en forma de pérdida de población), asegurar ritmos de crecimiento económico suficientes (compatibles con el entorno físico), y crear empleo de calidad facilitando la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en condiciones de igualdad.

En suma, como el gasto en pensiones con relación al PIB que es previsible simular no es excesivo, no existen restricciones insalvables para asegurar recursos financieros suficientes. La recaudación por cotizaciones sociales se sostiene con las políticas mencionadas (que gravitan alrededor del crecimiento, el empleo y los salarios), pero si en algún momento fuesen insuficientes para financiar el gasto en pensiones contributivas, el resto de ingresos públicos (que también se alimentan del crecimiento, el empleo y los salarios) debe utilizarse asegurando el Estado el sostenimiento de nuestra Seguridad Social.

Por todo ello, el objetivo no puede ser recortar el gasto en pensiones sino crear las condiciones para mejorarlas y potenciar la cohesión económica y social en nuestro país. España dedica hoy el 20,1% de su PIB a gasto social, frente al 27,3% del promedio comunitario. Cerrar ese diferencial significa superar los déficits sociales que arrastra nuestro país y converger también en materia social con nuestros socios comunitarios. Si allá por 2040 ó 2050 España destinase, pongamos por caso, el 32% de su PIB a protección social (lo que hoy dedica Suecia) a más de uno le daría un pasmo, pero sólo significaría fortalecer nuestro Estado Social. Nada más y nada menos.

Izquierda Unida rechaza el carácter regresivo de las reformas que el gobierno tiene en su agenda y denuncia las campañas que ponen en tela de juicio la viabilidad financiera de nuestro sistema de pensiones, con la única intención de crear un clima de inseguridad y temor en opinión pública. En connivencia con las entidades financieras y aseguradoras, se incita a la ciudadanía (dedicando cuantiosos recursos públicos vía desgravaciones fiscales) a suscribir un plan de ahorro privado advirtiendo de que será la única manera de disponer de una renta digna en el futuro ya que el sistema público no la podrá garantizar.

Tamaña pretensión contradice el espíritu y la letra de nuestra Constitución que establece como deber para el gobierno y derecho de las ciudadanas y los ciudadanos un sistema público de Seguridad Social con prestaciones suficientes, reservando a los sistemas complementarios privados un lugar subsidiario y de adscripción voluntaria.

No aceptaremos ninguna interpretación regresiva del Pacto de Toledo cuya última finalidad debe ser asegurar y mejorar nuestro sistema público de pensiones.

Nuestras propuestas:

  • El gobierno de la derecha pretende utilizar la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social como un mecanismo de ajuste en materia de pensiones. Aunque las prestaciones de la Seguridad Social se financien con cotizaciones sociales, es el Estado en última instancia quién responde del sostenimiento de la Seguridad Social.
    1. Es preciso aligerar el calendario de separación definitiva de fuentes de financiación como mecanismo de transparencia y clarificación del gasto social. Pero explicitando sin ningún género de dudas que, si en algún momento las cotizaciones no bastan para cubrir las prestaciones, la financiación está asegurada por parte del Estado.
    2. Los excedentes del tramo contributivo no podrán destinarse a partidas distintas a gastos de la Seguridad Social ni a reducir las cotizaciones sociales. La prioridad será mejorar las pensiones y, en segundo lugar, nutrir el Fondo de Reserva.


  • El principio de la contributividad suscrito en el Pacto de Toledo no puede leerse por separado del principio de solidaridad. La intención del gobierno de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral significa un recorte inaceptable en las pensiones, que puede alcanzar hasta el 30%. La contributividad se interpreta como mecanismo para recortar las prestaciones, nunca para mejorarlas.
    3. Proponemos mejorar la cuantía de las pensiones más bajas, estableciendo una pensión mínima de 660 euros al mes.
    4. Contemplar 15 años para el cálculo de las pensiones, pero elegidos en su historial laboral por la trabajadora o el trabajador.
    5. Consideración de las cotizaciones como bienes gananciales, con el fin de que se puedan cubrir los períodos de carencia necesarios con las cotizaciones del cónyuge, devengándose las pensiones como bienes gananciales.
    6. Avanzar en la equiparación de la cotización a los salarios realmente percibidos.
    7. Convergencia de los regímenes de la Seguridad Social, en la próxima legislatura, estableciendo uno para trabajadores autónomos y otro para trabajadores por cuenta ajena.


  • La intención de extender la edad de jubilación más allá de los 65 años pretende aligerar el gasto en pensiones. Pero a su vez, observamos la permisividad de los poderes públicos ante las injustificadas prejubilaciones en grandes empresas que recargan la nómina de las pensiones de la Seguridad Social.
    8. Proponemos reducir la edad legal de jubilación de forma flexible, el reconocimiento de la jubilación anticipada como derecho voluntario de la trabajadora o del trabajador, la disminución de los coeficientes reductores, y establecer mecanismos para penalizar la expulsión de trabajadoras y trabajadores de más edad.


  • El permanente aumento de los límites financieros y los regresivos beneficios fiscales de las contribuciones a los planes privados de pensiones, restan los recursos necesarios para un razonable compromiso del estado con la supervivencia del sistema publico.
    9. Proponemos revisar el gasto fiscal por este concepto de tal forma que el límite máximo de la deducción por aportaciones a planes de pensiones individuales en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Física (IRPF) se reduzca y opere en la cuota del tributo.


  • La derecha propone la cobertura de la dependencia por sistemas de aseguramiento privado. Un sistema insolidario (sólo para personas con recursos suficientes) y contrario a la equidad y universalidad que puede proporcionar la protección pública.
    10. Proponemos introducir el derecho universal a la atención de las personas dependientes, mejorando los Servicios Sociales y ampliando la cobertura de prestaciones de la Seguridad Social al seguro de dependencia.

 
Recomienda esta web
Correo-e
PCE
Inicio | Favoritos | Contacto | Mapa | Ayuda | Afiliaciones | Lta Correo |
Optimizado a 800 x 600 pixeles