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Medidas urgentes contra la precariedad laboral


Medidas urgentes para el empleo estable y con derechos. Atajar la precariedad laboral, limitar la temporalidad y la subcontratación en el empleo



Secretaría Federal de Empleo y Seguridad Social de IU / 18 sep 03


El desempleo, la temporalidad en los contratos, la ausencia de regulación en materia de subcontratación, con la precariedad y siniestralidad laboral que esto genera, constituyen los problemas más graves que hoy afectan a nuestra sociedad.

Las desacertadas reformas laborales realizadas en nuestro país, desde la década de los ochenta, han configurado una realidad laboral marcada por la desigualdad, la segmentación laboral, la temporalidad y la rotación de los empleos.

La calidad del empleo de nuestro país se sitúa de forma destacada por debajo de la existente en la actual UE-15:

  • Tenemos una Tasa de Paro superior a la media comunitaria en más de 5 puntos.
  • Nuestro país tiene una tasa de ocupación más de 7 puntos por debajo de la media.
  • Duplicamos en temporalidad, uno de cada 3 trabajadores es eventual, y las consecuencias de
    precarización del empleo tienen un carácter profundo y estructural.
  • Los índices de siniestralidad laboral se sitúan a la cabeza de los países de la Europa de los
    quince, con un elevadísimo número de personas que pierden la vida en su puesto de trabajo.
  • El Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se sitúa 24´5 puntos por debajo del nivel considerado digno por la Carta Social del Consejo de Europa, y el coste laboral por hora trabajada en España representa el 75% del promedio de la zona euro.
  • Un gasto social, también, 7 puntos por debajo de lo que gastan nuestros socios.

Toda esta degradación laboral y de la calidad del empleo, viene teniendo consecuencias especialmente graves en nuestro país.

La temporalidad, la rotación en un mismo empleo y la precariedad laboral la padecen más de 4 millones de trabajadores de nuestro país, sin contar con los 2 millones de personas sin empleo. Un drama que está generando graves desigualdades sociales con una distribución de la riqueza cada día más desigual e injusta. Tras las grandes cifras se esconden auténticos abusos e incumplimientos legales y ausencia de derechos laborales, con exceso injustificado de horas extras, destajos; concatenación irregular de contratos de un mismo trabajador, como la propia Inspección de Trabajo vienen denunciando; salarios no cotizados y discriminaciones saláriales, especialmente para las mujeres y los jóvenes; economía sumergida, y condiciones de salud y seguridad en el trabajo peligrosas y contrarias a la normativa.

Un ejemplo, cercano y desgraciado, lo es el gravísimo accidente, que el pasado día 14 de agosto tuvo lugar en la factoría de Repsol YPF en Puertollano, con el trágico balance de 8 trabajadores fallecidos y dos gravemente heridos, todos ellos trabajadores pertenecientes a empresas subcontratadas. La empresa fue alargando las revisiones periódicas de seguridad, realizando estas en función de la producción y no de la seguridad, todo ello sin justificación alguna, y a pesar de que sus instalaciones requerían por su antigüedad una mayor atención, constituye la última muestra del calibre de la gravedad del problema en nuestro país.

Esto y el elevado número de denuncias y sanciones que se producen por incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, obliga a endurecer el aspecto coercitivo de la ley para garantizar el cumplimiento, ya que en demasiadas ocasiones las empresas prefieren pagar sanciones, si son inspeccionadas, que realizar las inversiones y la política de seguridad que exige la norma.

Un gobierno democrático que se digne, no puede quedar de brazos cruzados ante esta realidad, y tiene la obligación política, moral, social y económica de abordar a fondo los problemas estructurales que padece nuestro mercado laboral, emprendiendo una acción legal, de carácter global, dirigida a disminuir de forma sustantiva y eficaz la temporalidad, atajar la precariedad y la siniestralidad laboral; todo ello con medidas concretas y modificaciones legales, fruto de un debate a fondo con las organizaciones sindicales y políticas de nuestro país, que favorezcan decididamente el empleo estable y con derechos en nuestro país, con una política con capacidad de una mayor redistribución de la riqueza.

No abordar esta realidad, de forma inmediata, supone una gravísima irresponsabilidad, y una demostración más de que el Gobierno del PP antepone los suculentos beneficios empresariales de una minoría, a la seguridad y estabilidad laboral a la que tienen derecho los trabajadores de nuestro país.

Como se viene demostrando, la desregulación y flexibilización de las condiciones laborales, así como la externalización de los costes, con la brutal proliferación de las subcontratas, guardan una estrecha relación y resultan determinantes para los elevadísimos niveles de siniestralidad que se producen en nuestros centros de trabajo. De la temporalidad se pasa a la precariedad y a su vez a la inseguridad laboral, con el obsesivo objetivo de maximizar los beneficios empresariales.

El empleo ha crecido de manera intensa en los últimos años, como consecuencia de una coyuntura económica altamente favorable, y el paro, en el terreno formal y estadístico y, se ha reducido notablemente, a lo que ha contribuido también la moderada evolución de la población activa por la menor presión demográfica. La tasa de temporalidad se mantiene desde mediados de la década de los noventa en niveles especialmente exagerados.

A pesar de los esfuerzos sindicales en forzar la estabilidad laboral, mediante el Acuerdo para la Estabilidad, así como en el marco de la Negociación Colectiva, los niveles de abuso de este tipo de contratación son excesivos. Y la reducción de la tasa insignificante, ya que la temporalidad permanece, en la actualidad, por encima del 30%. Todo ello a pesar de las elevadas bonificaciones a la contratación indefinida que cada año vienen recibiendo las empresas de nuestro país, superior a las 1.800 millones de euros cada año.

Es importante señalar también que la tasa de temporalidad se ha reducido muy levemente en el sector privado de la economía, pero ha aumentado en el Sector Público. Entre 1996 y 2002, la tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas ha aumentado 4,3 puntos porcentuales, hasta llegar al 0%.

Además del carácter temporal en la contratación, nos encontramos con el fenómeno de la rotación. Intuitivamente, podemos observar que, mientras los asalariados temporales que estima la EPA representan el 30´6% de la población asalariada, más del 92% de los contratos registrados en el INEM son de carácter temporal. Así, en los últimos años, a cada trabajador temporal le corresponden más de 3 contratos, frente, por ejemplo, a dos contratos por trabajador asalariado temporal en 1994.

Con demasiada frecuencia, la rotación en la contratación se produce en el marco de grupos de empresas, donde al trabajador se le realizan nuevos contratos con aparentes cambios de titularidad, pero en el mismo o similar puesto de trabajo, para intentar evitar que, a pesar de llevar años desempeñando una tarea estable en el mismo centro productivo, alcance la estabilidad del trabajador fijo.

La duración de los contratos tiene mucho que ver con esta situación. Aproximadamente, la mitad de los contratos temporales tienen una duración inferior al mes y, en los gestionados por las Empresas de Trabajo Temporal (ETT`s), el 48% de los contratos tienen una duración inferior a los cinco días.

Las ETT´s tan sólo gestionan la precariedad de buena parte de la contratación temporal. Estas empresas, en contra de lo que ocurre en otros países y negando uno de los objetivos que justificaron su legalización en 1994, no canalizan empleos especializados.

La aparente imagen moderna de las ETT´s, que se han procurado, esconde las formas de explotación más aberrantes.

Por otro lado, vemos como cada día, en empresas y sectores con elevados niveles de beneficio, se producen expediente de regulación de plantillas, donde se termina incentivando la salida de las empresas de trabajadores, mayores de 50 años, que terminan siendo expulsados del mercado laboral, en el momento de mayor experiencia y capacidad profesional, como viene ocurriendo en Telefónica, RENFE o Repsol. Empleos de calidad, posteriormente sustituidos por condiciones precarias, rotativas y temporales, cuando directamente no se externalizan, como en el caso de Repsol YPF, en Puertollano, empresa que ha externalizado el 50%, a más de 60 subcontratas que realizan de las tareas cotidianas de su factoría, en los últimos años.

Es necesario, además de un control legal de las contratas y subcontratas, actualmente regidas por una norma ineficaz de 1980, limitando su abuso e igualando condiciones laborales de los trabajadores la empresa principal y la contrata, como se viene demandando sindicalmente, es también urgente una regulación legal de las estas formas de despido llamadas prejubilaciones.

El gobierno de la derecha ha despreciado sistemáticamente todas las iniciativas institucionales y políticas que IU ha llevado tanto al Congreso como al Senado, así como las movilizaciones, huelgas y protestas realizadas por las organizaciones sindicales, demandando una modificación legal de la subcontratación y un cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos y de accidentes de trabajo.

INICIATIVAS PARA EL EMPLEO ESTABLE, EL CONTROL LEGAL DE LA SUBCONTRATACIÓN Y LA DISMINUCIÓN DE LA TEMPORALIDAD Y LA PRECARIEDAD EN EL EMPLEO

Izquierda Unida, reiterando diversas propuestas ya planteadas durante las últimas legislaturas y recogiendo diversas iniciativas sindicales, plantea todo un conjunto de medidas legales que favorezcan una mayor calidad y seguridad en nuestro empleo, a fin de equiparar nuestra estructura productiva y de relaciones laborales a los países de la UE más avanzados, y garantizar un mejor y más justo desarrollo de las posibilidades de crecimiento de nuestro país.

Es evidente de que una forma lógica de garantizar una mayor calidad del empleo, hoy resulta más necesaria que nunca una reducción legal de la jornada laboral a 35 horas semanal sin menoscabo salarial, así se vienen pactando en buena parte de empresas y sectores relacionados con la administración pública.

1º Restablecimiento del principio de causalidad en la contratación temporal.

Con la supresión legal de todos los contratos temporales que no se ajustan estrictamente a las medidas temporales de la empresa.

2º Preferencia legal por los contratos de carácter indefinido.

Con una revisión del régimen jurídico de los contratos temporales en orden a establecer la preferencia legal de los contratos temporales que no respondan a las necesidades excepcionales de las empresas. Con la prohibición legal de la contratación temporal en cadena. Creación de un sobrecoste de la cotización en el contrato a temporal.

3º Promover una Ley de las contratas y subcontratas.

  • Garantizando la protección de los derechos de todos los trabajadores de las empresas contratistas en materia de condiciones de trabajo, seguridad social, derechos de representación, condiciones salariales, jornada laboral y seguridad laboral y salud laboral.
  • Establecimiento de la responsabilidad solidaria entre la empresa principal y todas las contratistas y subcontratistas en el cumplimiento todos los derechos, en especial los referidos a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
  • Equiparación de derechos de los trabajadores de la empresa principal y de las empresas contratistas.
  • Preferencia de los trabajadores pertenecientes a contratas y subcontratas para el acceso al empleo de la empresa principal.
  • Control administrativo de la subcontratación, mediante el establecimiento de la obligación de todas las empresas subcontratistas de obtener una autorización previa de la Administración, con anterioridad a la realización de la obra, y con una validez referida a la obra solicitada. Acreditando el cumplimiento de los derechos de los trabajadores que van trabajarán en dicha obra. Creando un registro público y conseguir un mayor control de estas empresas.
  • Obligación de que un porcentaje mínimo la plantilla estable.
  • Aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones salariales, indemnizatorias y de Seguridad Social, que se realizan en las obras dependientes de la Administración mediante constitución de una fianza suficiente para hacer frente a las obligaciones.
  • Derecho de representación legal de los trabajadores dependientes de subcontratas, desde el inicio de la obra.

4º Medidas legales, urgentes, para garantizar un mayor cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los centros de trabajo.
  • Creación de una Fiscalía especial contra la siniestralidad laboral, concertada con la Inspección de Trabajo, las Comunidades Autónomas, y los representantes de la patronal y de los sindicatos.
  • Tipificación en el Código Penal como delito, el incumplimiento flagrante o reiterativo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
  • Creación de la figura del Delegado territorial de Prevención de riesgos.

5º Medidas para la igualdad de oportunidades.

Acción específica de la Inspección de trabajo para evitar abusos y discriminaciones laborales y salariales contra la mujer en los centros de trabajo. Reforzando la igualdad de salario y de oportunidades entre mujeres y hombres, favoreciendo la incorporación de mujeres y jóvenes al empleo estable y con derechos.

6º Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo.

Incremento sustantivo de la Plantilla de Inspectores de Trabajo hasta alcanzar durante la próxima la legislatura una ratio de 1 Inspector por cada 7000 trabajadores. Con el desarrollo de planes regulares concertados con los agentes sociales y CC.AA. Con incremento de las actuaciones en los sectores de mayor riesgo de temporalidad y siniestralidad laboral.

7º Dignificación del SMI.

Incremento del Salario Mínimo Interprofesional, durante la próxima legislatura al 60% del Salario Medio, tal como recomienda la Carta Social Europea. Con un incremento para este año del 10%.

 
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