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Subcontrataciones


El Congreso aprueba una Proposición de Ley para regular la subcontratación



Secretaría Mundo del Trabajo / 22 dic 04

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy una Proposición de Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida (IU-ICV), con 166 votos a favor (PSOE, ERC, IU-ICV, BNG y CHA), 158 en contra (PP, CiU, PNV y CC) y 4 abstenciones.

La propuesta de IU-ICV recoge los planteamientos y propuestas sindicales incluidas en la Iniciativa Legislativa Popular que FECOMA-CC.OO. promovió en 1998, respaldada por más de 600.000 firmas, y que originó dos huelgas generales de la construcción en los años 2000 y 2001 por el rechazo de la mayoría absoluta del PP.

---Texto íntegro de la propuesta aprobada---

Exposición de Motivos

El Gobierno modificó el pasado año la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social para asegurar un mejor cumplimiento de la normativa y obligar a las empresas a elaborar y implantar un plan de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo. No obstante, la elevada siniestralidad laboral existente no frenará hasta que no se termine con la excesiva temporalidad existente en el mercado de trabajo.

Actualmente el 60% de los accidentes de trabajo, el 50% de los accidentes mortales y el 55% de los accidentes graves afectan a trabajadores con contrato temporal.

Los jóvenes son el colectivo más afectado por esta situación de temporalidad: el 21% del total de accidentes con baja en 2002 los sufrieron menores de 24 años (el 76,1% de ellos tenía un contrato temporal).

Además, la siniestralidad laboral supone un gran coste económico para la sociedad y las empresas; aunque no es fácil cuantificar ese coste, CC.OO. estima que asciende a 12.000 millones de euros, el 1,7 por ciento del PIB, coste que, al igual que los accidentes, podría reducirse drásticamente.

Los continuos accidentes que se producen en el sector de la construcción provocan un estado de alarma social.

A pesar de que las regulaciones convencionales avanzan en la adopción de medidas tendentes a racionalizar la asunción de tareas, muchas veces tan pesadas como peligrosas, lo cierto es que dicho ámbito se ve desbordado por su propia naturaleza, por lo que se requiere una norma legal específica que globalice el conjunto de normas que inciden en las relaciones de trabajo, con el fin de paliar la situación generada en los últimos años.

La desestructuración que, desde principios de la década de los ochenta se viene dando en las empresas del sector, ha supuesto que aquellos falsos autónomos que afloraban a mediados de los ochenta, se hayan convertido en «empresas» desprovistas de algún tipo de organización, incapaces de garantizar cualquier medida preventiva en materia de salud y seguridad en el trabajo y que, en muchos casos, precisamente como consecuencia de su propia endeblez, ni siquiera son capaces de ejecutar la obra subcontratada en su totalidad, «levantando el vuelo» cuando surgen los problemas y dejando embarcados a trabajadores y acreedores que nunca cobrarán la totalidad de su deuda.

Es por ello que se hace necesaria la existencia de un marco legal que supere las dificultades que los marcos convencionales de referencia tienen para poder obligar de una forma efectiva al cumplimiento de lo allá pactado. Esta norma legal tiene la vocación de enfrentarse con el principal problema que aqueja al sector de la construcción, identificándolo con nombres y apellidos —la subcontratación ejercida sin límite y control—, y tratando de ponerle límite, de tal forma que, al igual que ocurre con otras actividades, se exija para su realización el cumplimiento de determinados requisitos o la adopción de determinadas medidas que garanticen no sólo la ejecución de la obra subcontratada, sino el cumplimiento de las obligaciones de todo tipo que las normas legales o convencionales establecen como consecuencia de la ejecución de la misma.

Por último, en este tipo de empresas es imposible introducir medidas en materia de formación, por cuanto estas empresas no sólo no facilitan tiempo alguno a sus empleados para la realización de cursos, sino que resultan un importante caldo de cultivo para la realización de prácticas fraudulentas en la justificación de acciones formativas irregulares, cuando no directamente inexistentes.

Por lo que respecta a las empresas de trabajo temporal, fenómeno introducido en nuestra legislación en 1994se configuran como meros intermediarios a la hora de facilitar trabajadores. Han irrumpido con cierta fuerza en las actividades propias del sector de la construcción a partir de 1995, momento en que comienza a detectarse su presencia en las obras. No cabe duda de que la actividad en las obras debe estar contemplada en el Reglamento de desarrollo de actividades peligrosas en el ámbito de las empresas de trabajo temporal, contemplado en el artículo 8 de la Ley 14/1994, de 1 de junio.

Los accidentes de trabajo no tienen sustantividad propia.

En primer lugar, cabe destacar que uno de los elementos fundamentales en los accidentes de trabajo son los ritmos a que se ejecutan las obras. En este sentido, los destajos suponen un incremento sustancial del riesgo por cuanto, no sólo la aceleración impropia de determinadas tareas conlleva un incremento del mismo, sino, lo que es más importante, la necesidad de finalizar la tarea en un tiempo determinado para percibir el salario pactado, en el bien entendido que la tarea en cuestión supera ampliamente la media de rendimiento normal para dicha actividad, propicia que el trabajador omita en todo o en parte la asunción de las correspondientes medidas individuales de seguridad.

Es en este contexto donde se da un incumplimiento casi generalizado de las Normas de Prevención por parte de la mayoría de las Constructoras y por todas las subcontratas.

En segundo lugar, la disminución de mano de obra cualificada incrementa los riesgos al desconocer el trabajador «accidentado» las más elementales normas de comportamiento en las obras.

Por todo lo expuesto, con el presente texto legal se conjugan las disposiciones que con carácter general ordenan aspectos tan importantes como las relaciones entre empresas, bien con otras empresas, bien con las Administraciones, bien con sus propios empleados, con las condiciones específicas que se dan en el entorno sectorial que constituye el ámbito de aplicación de esta Ley; reordenando a su vez el sector y dificultando la intromisión en el mismo de figuras jurídicas confusas que pretenden suplantar, desde una mera apariencia de legalidad, las necesarias estructuras organizativas que se requieren para poder hacerse cargo de la ejecución de una obra, con las máximas garantías tanto para las cosas como para las personas.



CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones generales

Artículo 1. Objeto y carácter de la norma.

1. La presente Ley tiene por objeto completar la regulación de las relaciones de trabajo en el sector de la Construcción, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para una mejor concreción de las condiciones de trabajo.

Para el cumplimiento de este fin, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.

2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos,

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta Ley será de aplicación en el ámbito laboral que a continuación se dice:

a) Excavación.

b) Movimiento de tierras.

c) Construcción.

d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados.

e) Acondicionamiento o instalaciones.

f) Transformación.

g) Rehabilitación.

h) Reparación.

i) Desmantelamiento.

j) Derribo.

k) Mantenimiento.

l) Conservación-Trabajos de pintura y de limpieza.

m) Saneamiento.

Los trabajos específicos a los que se refiere esta Ley en relación con el ámbito anteriormente descrito serán los siguientes:

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que, la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.

6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos.

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

11. Trabajos de montaje y desmontaje de andamios.

12. Trabajos de ejecución de obras donde se precise la utilización de maquinaria pesada, tales como «bulldozer», retroexcavadoras, grúas, maquinillas, elevadores de material, perforadoras, etc.

13. Trabajos en altura.

CAPÍTULO II

Normas generales para subcontratar en el sector de la construcción

Artículo 3. Definición de subcontratación.

A los efectos regulados en la presente Ley, se denomina subcontratación a aquella práctica empresarial consistente en contratar una obra o servicio, en su totalidad o en parte, para, posteriormente, contratar su ejecución con un tercero al que denominaremos subcontrata, en contraposición con la primera a la que denominaremos principal.

A los efectos aquí dispuestos se considerará empresa principal la empresa adjudicataria o propietaria de una obra o servicio en su totalidad o en parte. Siendo subcontrata la empresa que reuniendo los requisitos legales dispuestos en la presente Ley formaliza con la empresa principal contrato o subcontrato

para la ejecución de parte de la obra o servicio subcontratado con arreglo a las estipulaciones contenidas en la presente Ley.

Artículo 4. Definición de obra y unidad de obra.

Se considerará «obra» a los efectos regulados en la presente Ley, el conjunto de actividades encaminadas a modificar la estructura del entorno, rural o urbano, existente hasta ese momento, se realice dicha modificación bien en la superficie o bien en el subsuelo.

Se considera «unidad de obra» a cada una de las actividades, con especificidad propia, que forman parte de la misma.

Artículo 5. Autorización administrativa.

1. Las personas físicas o jurídicas que pretendan subcontratar la ejecución de una obra, en todo o en parte, de acuerdo con las definiciones realizadas en los artículos precedentes, deberán obtener autorización administrativa previa, justificando ante el órgano administrativo competente el cumplimiento de los requisitos siguientes:

a) Disponer de una estructura organizativa que le permita cumplir con las obligaciones que asume como empleador en relación con el objeto social.

b) Carecer de obligaciones pendientes de carácter fiscal o de Seguridad Social.

c) Garantizar en los términos previstos en la presente Ley, el cumplimiento de las obligaciones salariales, indemnizatorias y para con la Seguridad Social.

d) No haber sido sancionada con suspensión de actividad en dos o más ocasiones.

e) Garantizar la ejecución completa de la obra subcontratada, excluyéndose expresamente la posibilidad de subcontratar a su vez la totalidad o parte de la misma con una tercera empresa, generándose una subcontratación en cadena.

f) Dicha ejecución se deberá llevar a cabo, al menos, con una plantilla propia, entendiendo por tal la que tiene una relación laboral de carácter indefinido con la empresa subcontratista.

g) Someter las cláusulas de las relaciones, bien administrativas, bien civiles o mercantiles, derivadas del contrato de ejecución de la obra subcontratada, a lo establecido respectivamente para cada una de ellas en el articulado de la presente Ley.

2. La autorización tendrá validez exclusivamente para la obra solicitada, finalizando con la extinción de la misma como norma general. No obstante lo

anterior, la autorización podrá ser revocada, bien de oficio por la propia administración que la concedió, bien a solicitud de la empresa principal, cuando la ejecución de la obra suponga peligro para la seguridad de los trabajadores y/o terceros ajenos a la obra o se produzca algún incumplimiento de los contemplados como causa de la rescisión de la subcontrata en la presente Ley.

Artículo 6. Registro.

Al objeto del desarrollo de la presente Ley, se creará un Registro de empresas integradas en el ámbito sectorial de la construcción.

Tal Registro contendrá los siguientes datos:

— Nombre, domicilio y razón social de la empresa.

— Número de trabajadores en plantilla, con expresión de las modalidades de contratación.

— Capital social de la empresa, con expresión de si está desembolsado o no.

— Informe de la TGSS declarando a la empresa al corriente de pagos en cuanto a sus obligaciones para con la Seguridad Social se refiere.

— Declaración jurada de los administradores de las empresas subcontratistas de no estar las mismas declaradas insolventes ante cualquier orden jurisdiccional.

Artículo 7. Normas comunes a la autorización administrativa y el Registro.

1. De la autorización administrativa.

A) La autorización administrativa se concederá por la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se encuentre el centro de trabajo de la empresa o por el órgano equivalente de las Comunidades Autónomas con competencia de ejecución de legislación laboral.

Si la empresa de construcción y/o obras públicas posee centros de trabajo en varias provincias, la autorización se concederá por la Dirección General de Empleo o por el órgano equivalente de la Comunidad Autónoma competente, si el ámbito de actuación de dicha empresa coincide con el de la Comunidad Autónoma.

Cuando la apertura de nuevos centros de trabajo suponga una alteración del ámbito geográfico de actuación, la autoridad laboral que resulte competente por el nuevo ámbito, conforme a lo mencionado en el párrafo anterior, concederá nueva autorización administrativa, quedando sin efecto la anterior.

B) La autorización tendrá una validez de dos años o por el tiempo de ejecución de la obra objeto de la autorización si ésta fuere mayor, y se prorrogará por períodos sucesivos iguales, siempre que se solicite con una antelación mínima de dos meses a la expiración de cada período y la empresa haya cumplido las obligaciones legalmente establecidas.

C) La solicitud de autorización presentada conforme a lo previsto en el artículo 5 de esta Ley se resolverá en el plazo de un mes siguiente a su presentación.

Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa dicha solicitud se entenderá desestimada a todos los efectos.

2. Del Registro.

A) La autoridad laboral que, de conformidad con lo establecido en el apartado precedente de esta Ley, conceda la autorización administrativa llevará un Registro de Empresas de construcción y/o Obras Públicas en el que inscribirá las empresas autorizadas, haciendo constar los datos recogidos en el artículo 6 precedente.

Asimismo serán objeto de inscripción la suspensión que se acuerde por la autoridad laboral conforme a lo previsto en esta Ley así como el cese en la condición de empresa de construcción y/o obras públicas.

Reglamentariamente se determinarán las conexiones que deben existir entre los Registros de Empresas de Construcción y/o Obras Públicas de los diferentes ámbitos territoriales.

B) Las empresas de construcción y/o obras públicas deberán hacer constar su identificación como tal empresa y el número de autorización administrativa y autoridad que la ha concedido en la publicidad, concursos de adjudicación y subcontrataciones que efectúe.

C) Las empresas objeto de esta Ley deberán informar a la autoridad laboral sobre todo cambio de titularidad, apertura de nuevos centros de trabajo, así como el cese de la actividad.

D) El Registro a que hace mención el artículo 6 de la presente Ley, tendrá el carácter de público a todos los efectos.

CAPÍTULO III

Normas para acceder a la subcontratación en el Sector Público

Artículo 8. Limitación cuantitativa de la subcontratación.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 13/1995, de 18 de mayo), se entenderá que la prohibición de subcontratar más allá del 50 por ciento del presupuesto del contrato, se referirá al concepto de obra anteriormente descrito, no pudiendo subdividirse en cada una de las respectivas unidades de obra que pudieran existir.

Artículo 9. Discriminación positiva como fórmula de fomento de empleo.

Las Administraciones Públicas establecerán en sus pliegos de condiciones para la contratación de obras, cláusulas de discriminación positiva, encaminadas a favorecer la realización de los contratos, por parte de aquellas empresas que vayan a ejecutar las mismas con una plantilla propia, con contratos indefinidos, superior al 30 por ciento del personal necesario para su realización.

A su vez, las empresas subcontratistas, para que puedan acceder al subcontrato con la empresa adjudicataria de la obra, deberán acreditar que la ejecución de dicho subcontrato se va a realizar con una plantilla de la cual, al menos el 30 por ciento debe tener una relación laboral de carácter indefinido con dicha empresa.

Artículo 10. La Administración contratante como garante.

La Administración contratante es garante no sólo de la ejecución de la obra contratada, sino del cumplimiento de la normativa legal y/o convencional aplicable durante la ejecución de la misma. Para ello, en colaboración con los sindicatos más representativos en el ámbito correspondiente, la Administración podrá intervenir directamente en cualquier momento de la ejecución de la obra, adoptando las medidas oportunas para subsanar las deficiencias que, en materia de seguridad, pudieran existir en las mismas.

Por lo que se refiere a los derechos laborales que se pudieran vulnerar, tanto referido al personal al servicio de la empresa principal, como de la subcontrata, durante la ejecución de la obra, la Administración contratante fijará con la empresa principal un montante en concepto de fianza, en cuantía suficiente para, tomando en consideración el volumen de la obra, su duración y el número de trabajadores previsto para su ejecución, garantizar el percibo de las remuneraciones devengadas y pendientes de cobro, así como de las indemnizaciones derivadas de la existencia o finalización de la relación laboral.

Las Administraciones Públicas, en sus diferentes ámbitos, desarrollarán dentro de sus competencias, reglamentos de actuación en materia de contratación pública, donde se desarrollen los criterios de actuación acordados con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como los criterios de colaboración necesarios para disminuir la siniestralidad en el sector.

Artículo 11. Prohibición de la subcontratación en cadena.

En ningún caso se permitirá la subcontratación en cadena, entendiendo que tal situación se produce cuando la empresa subcontratante, respecto de la empresa principal, subcontrata a su vez, todo o parte de la obra subcontratada, con un tercero.



CAPÍTULO IV

Normas para acceder a la subcontratación en el Sector Privado

Artículo 12. Requisitos generales.

Para poder contratar con un particular una obra determinada, al objeto de no realizarla en su totalidad, sino de subcontratarla con un tercero, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el valor total de la obra a ejecutar supere los cinco millones de pesetas.

b) Que en ningún caso, la empresa subcontratada proceda a subcontratar a su vez, todo o parte de la ejecución de la obra.

c) Que la empresa subcontratista mantenga una plantilla con una relación laboral de carácter indefinido de, al menos, un 30 por ciento del total de la misma durante el último año.

Artículo 13. Requisitos específicos.

La relación mercantil que vincule a la empresa principal con la subcontrata se verá sujeta a las siguientes condiciones:

a) La empresa principal se convierte en garante de la ejecución de la obra y de todas las actuaciones que para dicha ejecución sean necesarias, debiendo supervisar las mismas, detectando las posibles deficiencias y procediendo a realizar las actuaciones tendentes a su subsanación.

Asimismo, la empresa principal responderá solidariamente, tanto de las retribuciones devengadas por los trabajadores y no percibidas por los mismos, como de las cuantías indemnizatorias que pudieran proceder como consecuencia de la relación laboral o su extinción.

Para ello, podrá establecer en las cláusulas del contrato fórmulas de depósito de fianzas a cargo de la empresa subcontratista, exigencia de seguros para la cobertura de dichas contingencias o cualesquiera otras medidas tendentes a repercutir las responsabilidades derivadas del impago, por parte del subcontratista, de las contingencias económicas que se derivaran de las relaciones laborales, durante la ejecución de la obra o como consecuencia de la misma.

b) Cuando la empresa subcontratada utilizara para la ejecución de la obra sistemas de trabajo medido, «destajos», la empresa principal articulará los mecanismos que permitan la constancia de los trabajos realizados, normalmente, mediante la entrega al trabajador o trabajadores afectados, del correspondiente parte diario del trabajo realizado.

c) En aquellos supuestos donde la empresa subcontratista fuera sustituida en la ejecución del contrato por una nueva subcontrata, antes de la finalización de la ejecución citada, los trabajadores dependientes de dicha subcontrata, tendrán derecho a la subrogación automática en sus derechos y obligaciones, haciéndose cargo de los mismos, la nueva subcontrata o, en su defecto, la empresa principal.



CAPÍTULO V

Infracciones y sanciones

Artículo 14. Sujetos responsables de la infracción.

Serán responsables de las acciones u omisiones contrarias a esta norma las empresas subcontratistas y las empresas principales respecto de las obligaciones que para unas y otras se establecen.

Artículo 15. Infracciones de las empresas subcontratistas.

1. Se considerarán infracciones leves:

a) La no comunicación al Registro de aquellas modificaciones que pudieran producirse en cuanto a nombre y razón social de la empresa, número de trabajadores en plantilla con expresión de las modalidades de contratación o capital social de la empresa con expresión de si ha sido o no desembolsado, en su caso.

b) Cualquier otro incumplimiento de lo establecido en la presente Ley que no tengan la consideración de graves y muy graves.

2. Se considerarán infracciones graves:

a) La no comunicación al Registro de aquellas modificaciones relativas a la no comunicación de deudas pendientes con la Seguridad Social o con la Administración de Hacienda.

b) Que el valor de la obra subcontratada no supere los cinco millones de pesetas.

c) La no entrega de los correspondientes partes de trabajo previstos en el apartado B) del artículo 13 del presente cuerpo legal.

3. Se considerarán infracciones muy graves:

a) No solicitar la preceptiva autorización administrativa para llevar a cabo la subcontratación.

b) Proceder a subcontratar la totalidad o parte de lo subcontratado.

c) Ejecutar la obra subcontratada sin respetar los porcentajes de plantilla fija previstos, respectivamente, en los artículos 9 y 12 de la presente Ley.

d) Ocultar las situaciones de insolvencia en que estuviera incursa la empresa.

Artículo 16. Infracciones de las empresas principales.

1. Infracciones leves:

La no comunicación a la autoridad administrativa que autorizó la subcontratación de aquellas modificaciones en la relación mercantil entre la empresa principal y la subcontratada, que sin variar sustancialmente los criterios que permitieron la autorización, sí pudieran ser constitutivas de actuaciones de la Administración en su condición de garante de la ejecución de la obra.

2. Infracciones graves:

Que el valor de la obra subcontratada no supere los cinco millones de pesetas.

3. Infracciones muy graves:

a) No solicitar la preceptiva autorización administrativa.

b) Autorizar o permitir la subcontratación en cadena.

c) No respetar los porcentajes de plantilla propia con contrato de carácter indefinido, establecidos respectivamente en los artículos 9 y 12 de la presente Ley.

d) Incumplir los criterios de responsabilidad solidaria fijados en el artículo 13 de la presente Ley.

Artículo 17. Sanciones.

a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 5.000 a 50.000 pesetas en función de su gravedad.

b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 500.000 pesetas a 5.000.000 de pesetas y prohibición de subcontratar de uno a tres años, en función de la gravedad del incumplimiento.

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 5.000.000 a 50.000.000 de pesetas, y prohibición de subcontratar en los términos previstos en esta Ley, de cinco a diez años.

Cuando el expediente sancionador lleve aparejada la propuesta de prohibición de subcontratar, será competente para resolver el órgano correspondiente de la Administración Pública contratante o el de la Administración Local, Autonómica o Central que hubiera tramitado o le hubiera correspondido tramitar la autorización administrativa prevista en la presente Ley.

Artículo 18. Procedimiento sancionador y órgano competente.

1. El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en la presente Ley, siendo de aplicación subsidiaria las disposiciones de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y la Ley de Procedimiento Administrativo.

2. Atribución de competencias sancionadoras:

a) La competencia para sancionar las infracciones por aplicación de la presente Ley corresponderá a los Directores provinciales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hasta 5.000.000 de pesetas; al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, hasta 15.000.000 de pesetas; y al Consejo de Ministros, a propuesta del de Trabajo y Asuntos Sociales hasta 50.000.000 de pesetas.

b) En los supuestos de acumulación de infracciones correspondientes a la misma materia en un solo procedimiento, será órgano competente para imponer la sanción por la totalidad de dichas infracciones, el que lo sea para imponer la de mayor cuantía, de conformidad con la atribución de competencias sancionadoras efectuadas en el párrafo anterior.

c) Las infracciones serán sancionadas a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

d) La atribución de competencias a que se refiere el apartado anterior no afecta al ejercicio de la potestad sancionadora que pueda corresponder a las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de ejecución de la Legislación Laboral, que se efectuará de acuerdo con su regulación propia en los términos y con los límites, previstos en sus respectivos Estatutos de Autonomía y disposiciones de desarrollo y aplicación.

3. Principios de tramitación:

El procedimiento se ajustará a los siguientes trámites:

a) Se iniciará por acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de actuaciones practicadas de oficio, por propia iniciativa o mediante denuncia, o a instancia de persona interesada.

b) El acta será notificada al sujeto responsable, quien dispondrá de un plazo de diez días para formular las alegaciones que estimase pertinentes en defensa de su derecho, ante la autoridad competente para dictar resolución.

c) Transcurrido el plazo de alegaciones y previas las diligencias que estime necesarias, se dará nueva audiencia por término de cinco días al interesado, siempre que de las diligencias practicadas se desprenda la existencia de hechos distintos a los incorporados en el acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

d) A la vista de lo actuado; por el órgano competente se dictará la resolución correspondiente.

4. Contenido de las actas:

En las actas de la Inspección de Trabajo se reflejarán:

a) Los hechos constatados por el inspector actuante, destacando los relevantes a efectos de la tipificación de la infracción y graduación de la sanción.

b) La infracción presuntamente cometida con expresión del precepto vulnerado.

c) La propuesta de sanción, su graduación y cuantificación.

5. Presunción de certeza:

Las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se extiendan con arreglo a los requisitos establecidos en el apartado anterior estarán dotadas de presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en la misma, que hayan sido constatados por el Inspector actuante, salvo prueba en contrario.

6. Recursos:

Contra las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores se podrán interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales que legalmente procedan.





DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

En todo lo no previsto en la presente Ley se aplicará la legislación laboral y de Seguridad Social a las relaciones laborales entre las empresas afectadas por esta Ley y los trabajadores, y entre éste y la empresa principal; y la legislación civil y mercantil entre la empresa subcontratada y la empresa principal.

Segunda.

Cuando la obra objeto de subcontratación los trabajadores de la empresa subcontratista no tuviesen representación legal de los trabajadores, serán representados a todos los efectos legales, por los representantes legales de los trabajadores de la empresa principal, si los hubiera.

Tercera.

Las Administraciones Públicas en colaboración con los agentes sociales, diseñarán cursos en materia de seguridad, salud y de formación profesional, dirigidos a los trabajadores de las empresas subcontratadas.

Cuarta.

Se faculta a la Autoridad Laboral al efecto de que formalice un modelo unificado de autorización administrativa y Registro de Empresas de Construcción y Obras Públicas, y ello sin perjuicio de las competencias, que en la materia, tuviesen las Comunidades Autónomas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

La presente Ley se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.7. a de la Constitución Española.

Segunda.

El Capítulo III de la presente Ley constituye legislación básica dictada al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.18. a de la Constitución.

Tercera.

El Gobierno dictará en el plazo de tres meses las normas necesarias para el desarrollo de la presente Ley.

 
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