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El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el 'decretazo'



EFE/Secretaría de Comunicación del PCE / 30 mar 07

DIO LUGAR A UNA HUELGA GENERAL
Es la primera vez que anula un decreto ley por no estimar justificada la urgencia con que se aprobó.

Miles de trabajadores salieron a la calle en Madrid el 20 de junio de 2002 para
protestar por el 'decretazo'.

Madrid - Cinco años después de su publicación, el Tribunal Constitucional ha
declarado inconstitucional el Real Decreto Ley de la reforma laboral de 2002, más conocido como 'decretazo', por no estimar justificada la urgencia que alegó el Gobierno de Aznar para aprobar esta norma rechazada por los sindicatos y que dio lugar a una huelga general.

El Tribunal estima así los recursos contra este decreto -aprobado durante el Gobierno del PP y con Juan Carlos Aparicio como ministro de Trabajo- que presentaron entonces la Junta de Andalucía y diputados de los grupos del PSOE, IU y Mixto en el Congreso.

Según fuentes del Constitucional, es la primera vez que este tribunal anula un decreto ley por no estimar justificada la urgencia y extraordinaria necesidad de legislar en esta materia alegadas por un Gobierno.

El Constitucional da la razón a los recurrentes en el hecho de que el Gobierno no tuvo razones de urgencia cuando aprobó este decreto el 24 de mayo, justo un día después de que los sindicatos anunciaran la convocatoria de una huelga general para el 20 de junio ante el estancamiento de las negociaciones.

Al aprobar la norma, el Gobierno la justificó por la "cambiante situación de la economía internacional" y "nuevas oportunidades más variadas que en épocas anteriores", motivos que cita el Tribunal en su sentencia, al señalar que ni en el preámbulo de la norma ni en el debate parlamentario posterior hubo "pistas" de que
estas razones existiesen.

Además, considera que ninguna de los motivos aducidos, que califica como "marcadamente teóricos y abstractos" sean propios de una "situación de extraordinaria y urgente necesidad".

El Gobierno tenía otro calendario

El Constitucional entiende que el mercado laboral exige una acción de "permanente
adaptación", aunque aclara que esta necesidad "no es coyuntural, sino estructural",
por lo que recuerda los "estrictos límites" que la Constitución marca al Gobierno en su ejercicio del poder legislativo.

"Lo contrario", añade la sentencia, supondría "excluir prácticamente en bloque del
procedimiento legislativo parlamentario el conjunto de la legislación laboral y de
Seguridad Social, lo que obviamente no se corresponde con nuestro modelo constitucional de distribución de poderes".

El Tribunal da la razón a los recurrentes cuando rechazan la justificación de urgencia y como prueba recuerdan que los interlocutores del Ministerio de Trabajo en esta negociación habían aludido en diferentes ocasiones a la conveniencia de que las conversaciones acabaran antes del verano de 2002 para que la reforma pudiese tramitarse como ley y entrar en vigor el 1 de enero de 2003.

El hecho de que se hubiese marcado este calendario supone para los recurrentes una prueba de que no había tal necesidad.

Además, el Tribunal recuerda el "valor trascendente del diálogo social en nuestro Estado social y democrático de Derecho", aunque considera que "no puede aceptarse" que la "necesaria participación" de los agentes sociales en una negociación como ésta pueda sustituir al proceso legislativo en sí.

La sentencia desestima otros dos motivos del recurso, referidos a la supresión de los salarios de tramitación en casos de despidos improcedentes, y su pago con cargo al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), al considerar que ya han perdido su objeto ya que fueron eliminados en una reforma posterior.

 
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