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Manifiesto de Izquierda Unida Federal 8 de marzo de 2006


¡Exigiendo realidades!


Area Federal de la Mujer de Izquierda Unida Federal / 06 mar 06

Este 8 de marzo debiera presentarse con mayores expectativas. Pero no es así, por eso las mujeres de IU estamos ¡EXIGIENDO REALIDADES! Hemos entrado en la dinámica de un Gobierno que habla, en demasiadas ocasiones, en nombre de las mujeres sin consultarnos. Ha introducido en la agenda política leyes que no significan el cambio sustancial que esperábamos en las condiciones de vida de las mujeres.

La primera ley, la de igualdad, basa su intervención en el mundo laboral y en el familiar, por aquello de la conciliación. Al igual que pasó con la ley contra la Violencia de Género, no aborda íntegramente todos aquellos ámbitos en que la desigualdad prevalece, incide sólo en estos dos aspectos que pueden ser los más llamativos, pero incluso al tratarlos adolece de elementos realmente transformadores. El borrador a debate, como ya han manifestado CCOO y UGT, es mas bien un recopilación de recomendaciones o una declaración de intenciones, que una verdadera normativa de obligado cumplimiento por parte de las empresas.

El ámbito laboral, requiere intervenciones directas, agentes que inspeccionen y supervisen el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad, así como desarrollo normativo que exija a las empresas la elaboración y cumplimiento de planes de igualdad en el acceso y promoción del empleo. También se deben producir cambios en la legislación de contratación de las administraciones públicas que determinen y promocionen la incorporación en igualdad real (acceso, promoción y salarios) de las mujeres en todas aquellas empresas que opten a contratos con la Administración.

El ámbito privado sólo puede transformarse desde un cambio profundo de los valores, incidiendo prioritariamente en la educación. Trabajando con constancia y rotundidad para generar un mundo de sujetos iguales en derechos y obligaciones, incentivando la colaboración igualitaria en las tareas domésticas, posibilitando los cauces para que hombres y mujeres tengamos las mismas posibilidades de desarrollo en la profesión y en el ocio.

La segunda ley, la de dependencia, pretende solucionar, en gran parte, el problema del numeroso colectivo de personas dependientes, introduciendo incentivos económicos para quienes realizan las tareas de cuidado, el 80% mujeres. La cuestión radica en que las mujeres llevamos siglos luchando por acabar con los roles sexuales, porque ellos perpetúan la desigualdad y la concepción patriarcal de la sociedad. Se trata que de que el estado dote de infraestructuras y profesionales que se encarguen de esta tarea, lo que provocaría, por una parte, un yacimiento de empleo público, y por otra, nos permitiría a las mujeres seguir en nuestros empleos o intentar acceder a ellos. Pero además, el desarrollo de centros e infraestructuras, reforzarían uno de los objetivos fundamentales el fomento y promoción de la autonomía de las personas dependientes.

Las mujeres debemos hacer escuchar nuestra voz, no podemos resignarnos a que se solucionen las necesidades básicas de la sociedad a nuestra costa, tenemos que cortar esta tendencia que pretende seguir relegándonos al mundo de lo doméstico, bajo el manto de la protección, bajo el paraguas de un precio.

El gobierno del PSOE, también nos puso ante el espejismo de una ley integral contra la violencia de género que desde el Área Federal de la Mujer de IU valoramos como insuficiente, por falta de medios, contenidos y presupuesto. Hoy podemos afirmar que no nos equivocábamos: la violencia en el “ámbito doméstico” continua siendo una realidad desgraciadamente cotidiana; los juzgados especializados no tienen infraestructuras personales ni materiales para atender adecuadamente las denuncias; la publicidad continúa emitiendo el mismo mensaje discriminatorio; los centros de enseñanza siguen sin instrumentos para garantizar la educación en valores de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y las políticas de prevención siguen brillando por su ausencia.

Entendemos, por tanto, necesario que se modifique la ley para que se adopten medidas que sean auténticamente integrales y transversales y que impliquen a todos los estamentos sociales y políticos, abordándose todo tipo de violencia, priorizando la prevención, como única forma real para su erradicación. Se debe ampliar de forma inmediata la ley, para que se puedan acoger a sus recursos la totalidad de las mujeres víctimas de violencia. Mantener las actuales limitaciones de la Ley integral, es injustificable, seguir manteniendo como condición para acceder a los mayoría de los beneficios de la ley, el haber solicitado y obtenido la orden de protección, es discriminar y excluir a la inmensa mayoría de las mujeres que sufren violencia de género.

Por otro lado, sufrimos las contradicciones propias de un Gobierno que dice ser garante de los derechos humanos, pero que por otro lado, se mueve en la ambigüedad de intentar contentar, aparentemente, a todo el mundo. Sus actuaciones en materia de prostitución son un claro ejemplo.

El Instituto de la Mujer se ha manifestado en posiciones abolicionistas y por tanto en contra de la explotación sexual de las mujeres, argumentando, con mucho fundamento, que son los intereses masculinos y económicos los que están detrás del debate de la reglamentación. Sin embargo, el Ministro de Asuntos Sociales, aunque reconoce la explotación a la que están sometidas las mujeres prostituidas, deja la puerta abierta para que los gobiernos autonómicos regulen esta explotación.

El Congreso ha aprobado, en el seno de la Comisión Mixta de Derechos de la mujer, un proceso de estudio, debate, y comparecencias, con el objetivo de elevar un dictamen informativo, antes de julio, que permita concluir con un diagnóstico sobre la situación actual de la prostitución en nuestro país. Esperamos que en esta comisión la prioridad sea posibilitar la búsqueda de soluciones urgentes para erradicar la explotación sexual de la que somos objeto las mujeres; ofrecer recursos a las mujeres en situación de prostitución; desalentar la demanda; conseguir una tolerancia cero contra el proxenetismo, haciendo así efectiva la última modificación del artículo 188; y de coordinar esfuerzos y programas para la puesta en marcha de medidas eficaces contra la tráfico de mujeres con fines de explotación sexual.

En definitiva, las mujeres tenemos un largo camino por delante para la consecución de un mundo sin desigualdades. Apoyaremos todas aquellas acciones y cambios legislativos que vayan derribando obstáculos, que vayan construyendo peldaños hacia una igualdad real de hombres y mujeres en nuestra sociedad, por eso desde el Área de la Mujer de IU seguiremos: ¡EXIGIENDO REALIDADES!.

 
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