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Prostitución


XVI Congreso Estatal de mujeres abogadas


Congreso Estatal de mujeres abogadas / 02 nov 02

El Plenario del Congreso aprobó las siguientes conclusiones:

1. Que la ley penal debe dirigir el reproche en materia de prostitución contra los proxenetas y prostituidores.

2. Denunciamos el perverso lenguaje que viene siendo utilizado para designar a los sujetos que intervienen en el fenómeno prostitucional, y en consecuencia, proponemos:
a. Que no deben de ser utilizados los términos de “usuarios” o “clientes” de la prostitución, debiendo ser sustituidos dichos términos por el de “prostituidor”, al designar esta expresión más certeramente la responsabilidad que se deriva de su demanda y de su conducta. De ahí, que la definición de prostituidor deba ser entendida como aquel que realiza las conductas que hasta ahora se designaban como del “cliente” o “usuario”.
b. Que se establezca como definición de “proxeneta”, la de todo aquel que promueve, facilita, induce, explota, favorece o mantiene la prostitución ajena medie o no consentimiento de la persona prostituída con ánimo de lucro y/o cualquier beneficio.
c. Que se sustituya el término utilizado por los grupos económicos organizados, autodenominados “empresarios del sexo”, por el de “proxenetismo organizado”, remitiendo a la definición acordada en el apartado anterior.

3. Denunciamos que el Código Penal de 1995, vulnera las prescripciones del Convenio Internacional de Naciones Unidas de 2 de diciembre de 1949, Para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, al despenalizar varias de las modalidades de proxenetismo previstas en el Convenio, representando ello una violación unilateral de los compromisos adquiridos por nuestro país ante la Comunidad Internacional.
Y por ello, proponemos la modificación del actual Código Penal, para que se incorpore la tipificación y sanción punitiva de los delitos de “rufianismo”,“tercería locativa” y del “proxenetismo no coercitivo”.

4. Resaltamos, que la regulación que contiene el actual Código Penal ha favorecido el proxenetismo organizado en nuestro país, convirtiendo nuestro territorio en un lugar de destino y no de tránsito de mujeres prostituídas.

5. Reclamamos a los Poderes autonómicos y locales, en especial al Ayuntamiento de Bilbao y al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, la inmediata derogación de las normas publicadas en 1999 y 2002, respectivamente, que reglamentan la prostitución acuartelada, en asombrosa sintonía con los intereses del proxenetismo organizado.

6. Instamos a las Autoridades competentes para que interpongan el oportuno procedimiento para la de declaración de nulidad de pleno derecho de la inscripción en el Registro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, dado que son los representantes del proxenetismo organizado en nuestro país.

7. Exigimos al legislador que introduzca un nuevo tipo penal específico para la figura del “prostituidor”.

8. Denunciamos la incorrecta ubicación de los delitos relativos al ejercicio de la prostitución en el Título “Delitos contra la Libertad Sexual”, por entender que no es el bien jurídico protegido. Al tiempo que reclamamos que dichos tipos penales sean ubicados bajo la rúbrica “De las Torturas y otros Delitos contra la Integridad Moral“, sin perjuicio de la regulación de los supuestos de concursos reales, que en la mayoría de las ocasiones concurren con estas conductas.

9. Demandamos de los Poderes públicos que, en cumplimiento del Convenio de Naciones Unidas de 2 de diciembre de 1949, desarrollen políticas de prevención de la prostitución e implementen las medidas previstas en los artículos 16, siguientes y concordantes del mencionado Convenio, en apoyo a las supervivientes de la prostitución.
Instamos al Instituto de la Mujer y Organismos de Igualdad de las CCAA, para que inicien campañas sostenidas en el tiempo de deslegitimación del prostituidor, cuya demanda y comportamiento favorece esta modalidad de explotación.

Y por tanto concluimos, elevando nuestras propuestas a la Comisión Especial para el Estudio de la Prostitución constituida el 21 de marzo de 2002 en el Senado; al Congreso de los Diputados; al Gobierno de la Nación y a los de las Comunidades Autónomas; a los Parlamentos Autonómicos, y en especial, al de Cataluña y Valencia; a las Corporaciones Locales, significando de manera expresa al Ayuntamiento de Bilbao, para que las asuman, y adopten las medidas que en cada caso correspondan, derogando las normativas que contravienen las prescripciones del Convenio Internacional de Naciones Unidas de 2 de diciembre de 1949, Para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.

Albacete, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2002

 
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