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Campaña de recogida de firmas por la despenalización del aborto y una ley que garantice el derecho de las mujeres a decidir


Secretaría de la Mujer del PCE / 11 feb 09

Clica en :http://www.despenalizaciondelaborto.org/index.php?h=es

Consideramos que la actual normativa sobre el aborto:

* Condiciona la decisión de la mujer respecto a la interrupción de su embarazo a la opinión y decisión de terceras personas.
* Genera gran inseguridad jurídica tanto a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo como a las y los profesionales sanitarios que realizan las intervenciones que se ven sometidos a denuncia y persecución por quienes tratan de limitar los derechos de las mujeres.
* Dificulta el acceso al aborto, al establecer barreras económicas y sociales ante la ausencia de centros públicos en los que poder abortar y ante la falta de mecanismos ágiles y normalizados de información respecto al aborto.
* Sitúa la práctica de la interrupción del embarazo dentro de la red sanitaria pública en el marco de la marginalidad, favoreciendo la objeción de conciencia y la inhibición de muchos profesionales de la red pública, al tiempo que deja indefensos a quienes practican los abortos tanto en la red pública como en la privada, al no establecer garantías y protocolos que los respalden.

Es por tanto una normativa que no respeta la autonomía reproductiva de las mujeres y su derecho a la atención a su salud.

Consideramos que la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que realizar en condiciones de legitimidad, seguridad y legalidad, adoptando las Administraciones las medidas necesarias para que la decisión de la mujer pueda hacerse efectivas. Por ello,
Reclamamos:

1. Un cambio legislativo en el que el aborto deje de estar tipificado como delito y por tanto regulado en el Código Penal, y pase a estar regulado como el derecho que tienen las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y a decidir sobre su maternidad.
2. Una ley que reconozca y garantice el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo su decisión personal como causa exclusiva para la interrupción de su embarazo.
3. El reconocimiento preciso y claro de este derecho, de forma que su práctica no se vea condicionada ni obstaculizada por la valoración y juicios morales de terceras personas o por la ausencia de servicios en la red sanitaria pública.
4. La cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo en la red hospitalaria y extrahospitalaria pública de forma que se garantice el carácter universal de este derecho, y se normalice como prestación sanitaria.
5. Una regulación de la objeción de conciencia que precise sus límites, acompañada de una disposición que establezca la imposibilidad de objeción por parte de Instituciones y Administraciones, y que garantice que todos los centros públicos dispongan de los equipos de profesionales necesarios para atender la demanda de aborto de las mujeres,
6. El respaldo y apoyo institucional a las y los profesionales que practican los abortos tanto en la red pública como en la red privada.
7. Que la nueva ley vaya acompañada de políticas y medidas integrales en salud sexual y en salud reproductiva basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

info@despenalizaciondelaborto.org

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