Secretaría de la Mujer
Secretaría de la Mujer >
 

Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España


Resolución de condena a la penalización total del aborto en Nicaragua


Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España / 10 feb 07

Los y las dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional difunden en la red hermosas palabras acerca de su compromiso de lucha “por una Nicaragua donde el ser humano sea el centro, el eje de todas las políticas y programas”, definiendo un concepto de “ciudadano esencial y espiritualmente libre, con derechos plenos, con participación decisiva para un disfrute pleno de la vida en salud, educación y bienestar…” aunque determinadas actuaciones políticas que respaldan disten mucho de estos objetivos, fundamentalmente cuando la defensa de los derechos de las mujeres se encuentra en juego.

El Parlamento Nacional nicaragüense aprobó el 26 de octubre de 2006 una reforma del Código Penal, que databa de 1.893, consistente en anular el artículo 165 del citado Código derogando, de este modo, el aborto terapéutico; es decir, la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación por indicación médica, cuando la vida de la madre corría peligro.
Esta reforma fue aprobada mayoritariamente por diputados liberales y sandinistas, con ningún voto en contra y el voto favorable de 52 de los 90 diputados que integran el legislativo. Enrique Bolaños sancionó, aunque podía haberla vetado, el 17 de noviembre de ese mismo año, la eliminación del aborto terapéutico de la legislación nacional nicaragüense en un acto privado en la Casa Presidencial, ante la militante presencia de obispos de la Iglesia Católica, pastores evangélicos del País y mujeres de las familias más ricas de Nicaragua; a pesar de que la decisión del Parlamento fue reprobada por Asociaciones de Mujeres, la Asociación de Médicos/as de Nicaragua, funcionarios/as del mismo Gobierno, Organizaciones de Derechos Humanos, la ONU, la UE, las Agencias de Cooperación, Partidos Políticos de varios países entre los que se encuentra el Partido Comunista de España… El aborto terapéutico ha estado vigente en Nicaragua durante más de cien años y ha sido abolido ante la exhortación de la Conferencia Episcopal y de Grupos de Evangélicos. Para la eliminación de esta figura de la legislación la Presidencia utilizó el argumento de que la “Constitución Política establece que el derecho a la vida es inviolable y que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”

Es contumaz la intromisión de determinadas instituciones y grupos de presión, como son la Iglesia Católica y la derecha más reaccionaria a las que, por otra parte, las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de quienes poblamos el Planeta les son indiferentes, en cuestiones que, como ésta, pertenecen a la esfera más íntima de las mujeres. La decisión de tener hijos/as nos corresponde en exclusiva a las mujeres y no existe ningún interés general por encima de este derecho. La política de la derecha es pronatalista, la de la totalitaria Iglesia Católica también, aunque no fue así a lo largo de toda su historia y ¡cómo no podía ser de otro modo! de apoyo y fortalecimiento al “sagrado yugo” que representa para las mujeres la familia tradicional. Paradójicamente, ante la muerte de miles de mujeres en el mundo cada año durante su embarazo o en el momento del parto, esta loable institución sólo alza la voz para limitar el acceso a la planificación familiar y al aborto allí donde es legal.

Nicaragua, que ya cuenta con un elevado porcentaje de mortalidad por maternidad, teniendo una de las tasas más altas de embarazos en adolescentes de América Latina (del total de mujeres que sufren violencia sexual, el 30% son niñas y adolescentes, que en su mayoría quedan embarazadas) sigue haciendo méritos con la aprobación de esta medida para ostentar un privilegiado lugar en la lista de los pocos países del mundo severamente restrictivos con el aborto inducido, junto a El Salvador y a Chile en la región latinoamericana y caribeña.
A partir de la entrada en vigor de esta ley, la mujer que se practique cualquier tipo de aborto en Nicaragua cumplirá una pena de 4 a 8 años de prisión. Como anécdota señalar que Enrique Bolaños propuso una pena de cárcel de 30 años, frente a los 20 de la caritativa iglesia.

Esta lesiva medida para las mujeres, es especialmente dolosa para aquellas que cuentan con menos recursos y que viven en zonas rurales, ya que tienen menos acceso a los métodos anticonceptivos y a la atención médica. El problema de la penalización del aborto es, sin duda, un problema de CLASE y de GÉNERO.

Por la fecha en que se aprobó esta medida, y dado el contenido del diario de Sesiones de la Asamblea Nacional en que se debatió la Ley de de Derogación del Aborto Terapéutico, cabe afirmar que esta decisión descansó en intereses electoralistas y en un abierto apoyo a dogmas religiosos. Factores ambos que, en ningún caso, pueden determinar la suerte de las mujeres y, mucho menos, cuando teniendo complicaciones en sus embarazos ven peligrar su salud o sus vidas.

El 8 de enero de 2007 se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua un Recurso de Inconstitucionalidad, cuya demanda fundamental es que se declare inconstitucional la ley 603 que derogó el art. 165 del Cº Penal que establecía que “el aborto terapéutico será determinado científicamente con la intervención de 3 facultativos por lo menos y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer para los fines legales” Este Recurso solicita la inconstitucionalidad de esta Ley por ser lesiva para los derechos humanos de las mujeres, garantizados en la Carta Magna de Nicaragua y por violar los siguientes derechos: el derecho a la vida, a la integridad y a no ser sometidas a tratos crueles e inhumanos, a la salud, al desarrollo humano, a la libertad individual, a la dignidad de las personas, a la igualdad y a no ser discriminadas, a la libertad religiosa, de conciencia y pensamiento, al libre ejercicio de la profesión.

Desde la Secretaría Federal de la Mujer del Partido Comunista de España, DENUNCIAMOS:

1. Que la única medida que ha suscitado el consenso de todas las fuerzas políticas nicaragüenses, sea contra el derecho a la vida y la autodeterminación de las mujeres. Expresamos nuestra más firme repulsa a la reprobable decisión del Parlamento de Nicaragua de penalizar totalmente el aborto; decisión erróneamente abordada en plena campaña electoral, en un esfuerzo de reconciliación con la Iglesia Católica y que contó con el apoyo del Frente Sandinista. Los derechos fundamentales y democráticos de las mujeres no son moneda de cambio para la consecución de espurios intereses.

2. La doblemente represiva política del Gobierno nicaragüense, al condicionar con sus leyes la vidas de las mujeres hasta el punto de no permitir ni el más mínimo margen de libertad en cuestiones que sólo afectan a la intimidad de sus cuerpos, y al reprimir violentamente las protestas y manifestaciones de Organizaciones de Mujeres y otras Organizaciones Sociales para combatir esta autoritaria, ilegítima, e ilegal decisión política.

3. Que frente a las peticiones de no aprobar esta lesiva Ley, realizadas por las Organizaciones de Mujeres, las Asociaciones de Médicos… y por gran parte de la Comunidad Internacional, el poder legislativo nicaragüense sólo haya atendido las peticiones de la jerarquía religiosa.

4. La gravedad que comporta reducir al marco penal el dramático problema del aborto, separándolo de temas como la salud, la maternidad, o la dignidad de la persona.
Ninguna mujer quiere abortar, ya que es una agresión a su propio cuerpo, pero las mujeres debemos disponer de este último recurso en las debidas condiciones legales y sanitarias

5. A quienes en nombre de una falsa moral anteponen a la vida de las mujeres, que ya existe, un feto o embrión que no son sino posibilidades o proyectos de vida humana.

Y por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITAMOS al conjunto de nuestra Organización:

1. Que sin esperar al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, exija al Parlamento nicaragüense la inmediata derogación de la ley 603 de penalización del aborto terapéutico, por atentar contra los derechos humanos y democráticos de las mujeres de este País.

2. Que traslade al Gobierno de Nicaragua su más firme rechazo a la reprobable decisión de penalización total del aborto; exigiéndole, asimismo, que garantice el cumplimiento de otros derechos fundamentales como el de manifestación.

3. Que demande al Estado nicaragüense el cumplimiento de las obligaciones que tiene de dar respuesta a las situaciones de necesidad o de peligro en las que incluso puede estar en juego la preservación de la vida de la madre. Abortar clandestinamente es poner en riesgo la integridad física y psíquica, fundamentalmente de las mujeres y adolescentes de las clases sociales más bajas, mucho más expuestas a embarazos no deseados.

Desde la izquierda no podemos seguir manteniendo en este tema el vergonzante discurso de defender sólo el aborto para evitar un mal mayor. La legalización del aborto es un derecho que entra en el campo de la doctrina liberal, ya que es un problema de defensa de los derechos humanos. Los derechos democráticos han de ser reconocidos también para las mujeres y, tras tantos siglos de lucha feminista, es esencial la consecución a escala global y sin más demora de uno tan primario como es el de que las mujeres podamos ejercer una sexualidad placentera en condiciones de igualdad con los hombres, y nuestro derecho a una maternidad deseada y consciente. Si el Estado con sus leyes condiciona la vida de las mujeres hasta el punto de eliminar todo margen de libertad en aquellas cuestiones que afectan a la intimidad de sus cuerpos; evitando que, sin perjudicar a nadie, éstas actúen en conciencia, deviene en un Estado autoritario.

4. Que proteja, en vez de reprimir profesional y penalmente, a los y las médicas en el cumplimiento de sus funciones de garantizar la vida de sus pacientes.

5. Que muestre su más fraternal y enérgica solidaridad con las mujeres nicaragüenses, mandatando al conjunto del Partido a que ponga todo su empeño en impulsar las acciones de solidaridad internacional en marcha, y todas aquellas que se nos ocurran, útiles para la consecución del objetivo de revocar esta decisión que nunca debió adoptarse.

 
Recomienda esta web
Correo-e
PCE
Inicio | Favoritos | Contacto | Mapa | Ayuda | Afiliaciones | Lta Correo |
Optimizado a 800 x 600 pixeles