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Debate sobre laicismo en la Fiesta del PCE


Por un Estado Laico. Intervención de Dolores Abello (CEAPA)


Dolores Abello / 18 sep 05

Escuela y laicidad

Concepto de laicidad
Laicidad es el principio fundamental de democracia, de libertad de conciencia, de pensamiento y de inclusión social. Es la base para la aceptación, en igualdad, de todas las ideas y creencias. Supone un respecto absoluto entre los creyentes y los no creyentes. Propone autonomía de juicio y proclama la separación absoluta del Estado de las Iglesias.

La concepción de un Estado laico es fundamentar la ley en lo que es común a todas las personas, sin privilegios de unas sobre las otras. La laicidad es compartir la esfera pública entre todos y todas, desde el punto de vista político, jurídico, simbólico y ético.

Valores de una escuela laica.
La escuela laica, por lo tanto, supone un modelo educativo sin dogmas y sin verdades absolutas y excluyentes, que eduque al alumnado en valores humanistas universales, en la pluralidad y en el respecto a los derechos humanos, en el valor de la diferencia y los constitucionales, éticos, no sexistas y democráticos.

Por ello, CEAPA, es partidaria de un modelo de escuela pública y laica, en donde no caben los adoctrinamientos, ni la simbología religiosa del signo que sea en donde el hecho religioso, forma parte de la historia y de las corrientes filosóficas. Es un aspecto más, que nos ha ido ayudando a conformar nuestra ética, como seres humanos.

Las creencias religiosas forman parte del ámbito privado y por consiguiente la enseñanza confesional se debe llevar a cabo al margen de la enseñanza obligatoria, fuera del currículo escolar. La formación religiosa ha de formar parte del entorno familiar y de cada una de las distintas iglesias.

Derecho de los padres y madres y del alumnado
El alumnado como individuos y las familias, según la Constitución Española (27.3) tiene el “..derecho a que los poderes públicos garanticen que sus hijos reciban la formación religiosa y moral, que esté de acuerdo con sus convicciones”. Pero este principio afecta por igual a todas las familias con una creencia religiosa o humanista, como a los no creyentes.

La Constitución no indica que la religión debe tener un carácter curricular o que debe ser evaluada o impuesta, ni tan solo se debe dar en los centros educativos. La constitución expresa, con claridad, el derecho legítimo que tienen padres y jóvenes sobre sus creencias religiosas, pero este derecho no puede generar obligaciones a los demás, creyentes o no creyentes, como ya se empieza a constatar en algunas sentencias españolas e internacionales, en los Derechos Humanos y en los de la Infancia y como no, en el sentido común.

¿Qué está pasando en la escuela?
Escuela pública y laica, se puede considerar que en España no ha existido nunca. La primera ley educativa, la Ley Moyano, ya preveía la enseñanza bajo la fe y la moral católica, que encontramos más tarde en el Concordato de 1053, en que se garantiza “La enseñanza de la Religión Católica como materia ordinaria y obligatoria en todos los centros docentes, sean estatales o no estatales, de cualquier orden o grado” (art. 27.1). Más tarde, los acuerdos de 1979, habla de la enseñanza respetuosa con la ética cristiana. Pensemos que el Concordato son unos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español, o sea pactos internacionales, casi más difíciles de cambiar que la Constitución.

Veamos como está plasmado:

Existe un acuerdo del concordato que imposibilita que los representantes elegidos por el pueblo puedan expresar
su opinión. Veamos cinco aspectos concretos que afectan decisivamente a esta cuestión:
– No es puede discutir sobre si debe haber o no clases de religión en la escuela (?):
ARTÍCULO 2. Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales .

– No se puede discutir en el Parlamento español sobre quien debe dar las clases de religión y quien las escoge:
ARTÍCULO 3. En los niveles educativos a los que se refiere el artículo anterior, la enseñanza religiosa será impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica
entre aquellas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza. Con antelación suficiente, el Ordinario diocesano comunicará los nombres de los Profesores y personas que sean consideradas competentes para dicha enseñanza.

– No se puede discutir sobre el papel de estos profesores en el ámbito escolar:
Los Profesores de religión formarán parte, a todos los efectos, del Claustro de Profesores de los respectivos Centros.

– No se puede discutir sobre quién paga a estos profesores:
ARTÍCULO 7. La situación económica de los Profesores de religión católica, en los distintos niveles educativos
que no pertenezcan a los Cuerpos docentes del Estado, se concertará entre la Administración Central y la Conferencia Episcopal Española, con objeto de que sea de aplicación a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

– No se puede discutir tampoco del criterio de matriculación:
Para su clasificación como Centros de Educación General Básica, de Bachillerato Unificado Polivalente
o de Curso de Orientación Universitaria se aplicará la legislación general, si bien no se exigirá ni un
número mínimo de matrícula escolar ni la admisión de alumnos en función del área geográfica de procedencia
o domicilio de familia.

Con lo cual, la derogación de l’Acuerdo de 3 de enero de 1979 no se convierte en una propuesta radical, si no una medida imprescindible pera, después, poder discutir en libertad esta cuestión.

La religión debe abandonar la escuela financiada con fondos públicos. Debe dejar la transmisión del hecho religioso a las respectivas comunidades de creencia, y no hacerlo en un espacio público común fundamental y universal, la escuela. Las áreas de ciencias sociales y de historia de la cultura se deben hacer eco, igual como el conjunto del pensamiento filosófico y de las diversas tradiciones espirituales, sin contribuir a la segregación de lo jóvenes y de los niños y niñas, ni en su separación en grupos distintos, nunca y bajo ningún concepto.

El hecho de que los ciudadanos se vean obligados a pronunciarse, bien sea activamente o pasivamente, sobre si quieren o no enseñanza confesional para sus hijos – y en su caso de qué confesión concreta-, obliga de manera encubierta e ineludible a pronunciarse sobre su grado de afinidad ideológica con las confesiones religiosas, lo cual vulnera claramente el espíritu del punto segundo del artículo 16 de la Constitución, que dice:
Nadie podrá se obligado a declara sobre su ideología, religión o creencias.

Esta misma situación se repetiría agrabada en el caso de que la enseñanza confesional entrase a formar parte del expediente académico; por lo tanto, la enseñanza confesional no debe aparecer ni en el currículo ni en el expediente.

Debemos exigir que la enseñanza obligatoria tenga carácter aconfesional en los centros concertados, independientemente del ideario del centro, porqué la enseñanza pública obliga a los centros concertados a ofrecer el servicio público de educación a toda la población sin seleccionar a sus alumnos de acuerdo con sus creencias religiosas. Para respetar el ideario del centro educativo concertado, estos centros deberían impartir enseñanzas confesionales fuera del horario lectivo aquellos que lo deseen de manera voluntaria. En cualquier caso, este derecho se debería hacer extensible en igualdad de condiciones para todas las convicciones religiosas o filosóficas y, por lo cual, no solamente para las confesiones religiosas.
La supresión de cualquier elemento de culto o ideológico de les aulas de las escuelas públicas y privadas concertadas. Consideramos imprescindibles suprimir los elementos simbólicos confesionales o ideológicos de las dependencias en donde se realiza la enseñanza oficial, sin objetar que estos se puedan mostrar o no en las dependencias reservadas para las actividades confesionales que se realicen voluntariamente fuera del ámbito de la enseñanza oficial obligatoria.

Escuela, igualdad y prevención de prácticas contrarias a los derechos humanos.
Estamos en un momento social en que la sociedad, de profundos cambios acelerados, nos trae olas de nuevos ciudadanos a los países occidentales y que comporta entrar en contacto con otras religiones, muy diversas a la tradición cristiana de Europa, Uno de los retos más importantes que tenemos, es el de la multiculturalidad, con una gran complejidad por su dimensión histórica, cultural y política.
La integración de los niños y lo jóvenes procedentes de la inmigración se podrá llevar a cabo en un sentido favorable para la cohesión social y ciudadana de la población en todo el Estado, en la medida en que nadie disfrute de ningún privilegio ni ningún derecho que los demás no les sea otorgado. La escuela pública y la escuela concertada, han de compartir, democráticamente y sin renuncias, a la tarea que les corresponde por su papel social de integrar a todo el alumnado que les corresponda.
La ética de respeto igualitario para todos y cada uno de los individuos y a sus derechos a la libertad de conciencia se debe hacer extensiva a los menores de edad –a la población en edad escolar-. Una ética civil democrática ha de hacer prevalecer el derecho de los niños y niñas a acceder a toda la educación, sin segregaciones, restricciones, ni prohibiciones de ninguna clase, ha de garantizar los derechos de los niños y niñas a no ser separados en las clases en función de las creencias de sus padres y madres, responsables o tutores.

FINAL
El principio democrático de la laicidad, aceptable para todas las personas que ven en la tolerancia activa la posibilidad de alcanzar la paz civil y la fraternidad solidaria entre todos los individuos, grupos y sistemas de creencias y principios filosóficos, que sean respetuosos y tolerantes hacia los demás, que no intenten hegemonizar el espacio público y que acepten la posibilidad de una convivencia enriquecedora, pluralista y culturalmente con capacidad de entusiasmar, constituye los fundamentos de los valores de una ética ciudadana que evite en nuestra sociedad, las diferencias filosóficas o espirituales y que la diversidad cultural puedan ser concebidas como alguna cosa más que una de las manifestaciones de la multiplicidad y la riqueza de la especie humana. La laicidad nos hará ser capaces de crecer como sociedad conjuntamente y también de convivir respetuosamente y acceder a retos más creativos, para desplegar todas las potencialidades espirituales de los seres humanos.

Algunos de éstos párrafos han sido inspirados del documento "La laïcitat:
un model de convivencia per a la societat catalana" (64 reflexiones y propuestas para su ejercicio en Cataluña) de la “Lliga per la Laïcitat”, en la que nuestra federación en Cataluña FaPaC, ha sido entidad promotora

Lola Abelló
Presidenta de CEAPA
Septiembre 2005

 
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