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Por una Ley de Calidad de la Educación para todos y todas.


Javier Eusa, afiliado al PCE/EPK / 25 oct 02

El sistema educativo bajo el capitalismo realiza una función doble. Por un lado, como mecanismo de socialización en los valores dominantes y de reproducción de la jerarquía social. Por otro, como un sistema de adiestramiento y provisión de mano de obra formada de acuerdo con las necesidades del sistema productivo. En el capitalismo avanzado, estas funciones han correspondido básicamente al Estado, pero no siempre ha sido así. Tanto la función ideológica como la función técnico-económica han sido cubiertas, en fases anteriores, por la Iglesia e incluso por las empresas (escuelas de aprendices, por ejemplo).

Por otro lado, el sistema educativo ha cumplido históricamente un papel en las aspiraciones de las clases dominadas. La democratización del acceso a la educación como vía para reducir las desigualdades o, al menos, para mejorar las posibilidades individuales de promoción social es una de las conquistas de las clases trabajadoras en la fase del Estado del Bienestar. (otra cosa es que se haya producido realmente una reducción de las desigualdades y precisamente por esa vía) También el sistema educativo, en especial la universidad, ha cumplido un papel de foco de pensamiento y actividad crítica. E históricamente, los trabajadores del sistema educativo han proporcionado cuadros al movimiento obrero y progresista en general.

Coherentemente con su carácter de mecanismo de socialización en los valores dominantes y de reproducción de la jerarquía social, el sistema educativo no trata por igual a hombres y mujeres. Así, las carreras técnicas, consideradas entre las más prestigiosas, apenas cuentan con mujeres. En el mercado de trabajo se valora de forma distinta el nivel educativo según se trate de un hombre o de una mujer.

Las bases de la ofensiva neoliberal para redefinir el sistema educativo público.

Las reformas que el PP está aplicando al sistema educativo, desde la comodidad que le supone el haber realizado la transferencia de las competencias educativas a las CCAA, forman parte de una ofensiva neoliberal global para redefinir el servicio público educativo en función de los intereses del capital.

Esta ofensiva se basa en tres ideas:

1.-la insistencia en el recorte del gasto público

2.- la aparición de la educación mejor dicho, la formación vocacional como un negocio potencial de grandes dimensiones, posibilitado además por la expansión de las nuevas tecnologías

3.- las nuevas necesidades, tanto en materia de adiestramiento y capacitación, como en términos de legitimación y transmisión de valores, que tiene el capitalismo de hoy día frente al de hace 40 o 50 años

En el terreno estructural, el capital necesita cada vez más de la ciencia y el conocimiento como fuerzas productivas directas. Y estos son cada vez más difíciles de "expropiar" de los trabajadores. Esto explica, no sólo el intento de controlar la "producción" de conocimiento y mano de obra cualificada por parte del capital, sino también la necesidad de un modelo más autoritario y del discurso de la "flexibilidad", "adaptación a la demanda", ...

En Europa, instituciones como la ERT (mesa redonda de empresarios europeos), la OCDE, ... insisten en el discurso de la "sociedad del conocimiento" como excusa para la puesta del sistema educativo de forma más directa al servicio del capital, mientras se reduce el gasto público.

El discurso a través del que se desarrolla esta ofensiva se basa en las siguientes ideas:

La "apertura a la sociedad", argumento para la reducción del gasto público y la dualización del sistema

La "empleabilidad" y la "productividad", argumento para una formación instrumental y parcializada

La "flexibilización" y la "formación contínua", argumento para legitimar la precarización y la extensión de un mercado privado de "formación"

La "excelencia", argumento para el sometimiento de la universidad a las necesidades de las empresas

La "calidad", argumento para restaurar el autoritarismo y reducir el gasto público



El “Documento de Bases para una Ley de Calidad de la Educación”.

Es así como se entiende el “Documento de Bases para una Ley de Calidad de la Educación” presentado en marzo por la Ministra de Educación del Gobierno del Partido Popular.

Se trata de una Ley en la que:

En la Educación Infantil de primer ciclo, permite que “otros profesionales” distintos de los maestros especialistas atiendan a los niños y niñas, dando un carácter asistencial. En el segundo ciclo, financia la escolarización privada.

En la Educación Primaria, suprime asignaturas como Plástica y Música, y no contempla medidas preventivas contra el fracaso escolar, como no sea la “promoción automática”.

En la Educación Secundaria, comienza a discriminar, creando “grupos de refuerzo” en lugar de actuaciones personalizadas y flexibles; establece itinerarios rígidos que obligan a tomar decisiones a los 14 años; y, para colmo, establece “otros itinerarios” que conducirán a una “certificación con validez en el ámbito laboral”, es decir, una salida para los pobres de entre los pobres. Una ley segregadora y excluyente.

En la ESO, limita a una sola la repetición de cada curso, y a su vez, los alumnos sólo pueden estar escolarizados hasta los 18 años. Por tanto, cada alumno sólo puede repetir dos veces en toda la ESO. ¿Qué harán con los repetidores? En 4º de la ESO obliga a superar todas las asignaturas para obtener título de Graduado. ¿Qué harán con los que suspendan alguna asignatura?

En el Bachillerato, retoma la vieja Reválida franquista (cuestión de querencias), una prueba que carga sobre el alumno la responsabilidad de evaluar la calidad del sistema educativo.

Para los alumnos extranjeros, crea itinerarios-basura específicos para inmigrantes con “graves dificultades de adaptación al nivel”, denotando una falta de interés y de tacto para uno de los colectivos más necesitados.

Respecto a la FP de Grado Superior, la degrada estableciendo de nuevo una vía doble de acceso, que había sido eliminada por la LOGSE.



Es una Ley que favorece a la enseñanza privada:

Son los Centros privados los únicos a quienes la Ley recoge un compromiso de financiación, dejándolo además muy abierto, para poder tener manga ancha y poder negociar todo, particularmente con sus amigos.

Facilita la selección de alumnos por parte de los centros concertados, sobre la base del expediente académico o “criterios adicionales” de tipo curricular. Hace de los Centros privados una red para alumnos aventajados, sostenida con fondos públicos, y de los Centros públicos, un gueto para pobres.

Da condición de legalidad a algo de dudosa legalidad, como es el desvío de fondos públicos a Centros privados, particularmente religiosos, para etapas no obligatorias, como es la Educación Infantil.



Respecto a la función docente y la carrera profesional, no introduce ninguna medida de calidad. El texto se limita a reproducir las funciones del profesorado. La excepción consiste en la mención a una posible “evaluación periódica” que podría tener efectos económicos. No abre, sin embargo, la posibilidad de negociar un futuro Estatuto de la función docente.

Es una Ley autoritaria, que elimina los órganos de dirección colegiados, dejando sólo los unipersonales. Que liquida la elección de directores por el Consejo Escolar.

Es una Ley que reproduce el modelo de sociedad del Partido Popular: la primacía del lucro de unos pocos sobre el interés de la mayoría. El individualismo sobre la solidaridad.

Por una educación de Calidad para la igualdad.

Izquierda unida ha presentado un texto alternativo al propuesto por el MECD, cuyos puntos básicos de calidad son:

a) La enseñanza básica común para todo el alumnado.

b) La suficiencia de la oferta educativa en la red pública de centros.

c) La atención a la diversidad para garantizar la igualdad de oportunidades a lo largo de todo el proceso educativo.

d) Las acciones de carácter compensatorio.

e) La capacitación del alumnado para acceder y aprovechar la información utilizando las fuentes clásicas y las nuevas tecnologías.

f) La formación, reconocimiento social y condiciones de trabajo del profesorado.

g) La autonomía, participación democrática y apertura al entorno de los centros educativos

h) La evaluación y control del sistema educativo.

El PCE-EPK, con Izquierda Unida, defiende una Educación pública, plural, laica, coeducativa, democrática y participativa, con un gasto público del 6% del PIB, que cubra las necesidades de toda la población, en toda la escala de edades.

El PCE-EPK hace un llamamiento al seguimiento de la Huelga General de la Enseñanza del 29 de octubre. Las fuerzas de la izquierda han demostrado, con sus movilizaciones, ser capaces de detener la ofensiva neoliberal. Hay que pararles los pies de nuevo.

 
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