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Una eduación de calidad para todos


Organizaciones políticas y sindicales / 19 sep 02

Las transformaciones sociales, económicas y culturales experimentadas por nuestra sociedad en la última década plantean nuevos retos y mayores exigencias a las que es necesario dar respuesta para mejorar la calidad de la educación. Hay que realizar un diagnóstico serio de los principales problemas de nuestro sistema educativo y organizar un debate amplio y honesto que ayude a definir las medidas necesarias para poder resolverlos. Un debate en el que todos puedan aportar su experiencia y sus ideas y del que surja el mayor consenso posible.

Pero lejos de realizar ese diagnóstico y promover ese debate el Gobierno optó por presentar un "Documento de bases" para una supuesta Ley de Calidad, apostando por la segregación del alumnado, por expulsar al alumnado con dificultades del sistema educativo, por reducir la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y por consolidar dos redes de centros educativos con un alumnado claramente diferenciado, los centros públicos como red asistencial dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población, y los centros privados con capacidad para seleccionar a su alumnado.

Las organizaciones y personas firmantes de este Manifiesto consideramos que las medidas necesarias para mejorar nuestro sistema educativo tienen que ir en la dirección de ofrecer una educación de calidad para todos, tanto de quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje como de quienes tienen mayor capacidad y motivación para aprender. Un sistema educativo de calidad debe asumir el compromiso de elevar el nivel de formación de todo el alumnado, sea cual sea su origen social o procedencia y su situación de partida, sin segregar ni limitar sus posibilidades futuras. Más educación y mejor educación para todos: éste es el camino a seguir.

Para ello, es necesario intervenir a tiempo de superar las dificultades para prevenir el fracaso escolar, incrementando sustancialmente la oferta de plazas públicas en Educación Infantil, desarrollando desde la Educación Primaria actividades específicas de apoyo para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, y garantizando en la Educación Secundaria Obligatoria una oferta educativa diversa y no segregadora. Se trata, en definitiva, de poner en marcha las actuaciones necesarias para seguir avanzando en la dirección de que toda la población escolar adquiera la formación básica necesaria, tanto para continuar estudios posteriores como para garantizar, en las mejores condiciones posibles, su inserción social y laboral.

Hay que reforzar el papel de los centros públicos como red vertebradora de la oferta educativa y dotarles de más autonomía. No queremos centros con autonomía para seleccionar al alumnado pero exigimos que nuestros centros tengan mucha más autonomía para organizar una respuesta educativa ajustada a sus necesidades. Asimismo, no se trata de cambiar el procedimiento de elección del director sino de darle más capacidad de gestión y mayor reconocimiento y apoyo desde la comunidad educativa y desde la administración.

Es imprescindible también apoyar la labor del profesorado y favorecer su reconocimiento social así como adoptar medidas orientadas a mejorar la convivencia en los centros, potenciando el diálogo y una mayor colaboración entre las familias y los centros educativos.

En el preámbulo del Proyecto de Ley presentado por el Gobierno se habla mucho de la cultura del esfuerzo, pero sólo se le reclama al alumnado. Es necesario el esfuerzo de todos: del Gobierno, de las familias, del profesorado, del alumnado y, en definitiva, de la sociedad, que debe mostrar un mayor compromiso con la educación de los jóvenes. Por tanto, es necesario invertir más en educación y alcanzar la media de los países de la Unión Europea. Sabemos que la mejora de la calidad educativa no es sólo un problema de recursos económicos, pero los datos a nuestro alcance demuestran que en España hoy es también un problema de medios.

Por estas razones, los firmantes del Manifiesto exigimos al Gobierno, el pasado mes de mayo, que paralizara el proceso de elaboración de la anunciada Ley de Calidad hasta que no se produjera el debate social previo que se viene reclamando.

Pues bien, han pasado más de seis meses desde que el Gobierno presentó su documento de bases y, en lugar de propiciar un auténtico debate abierto y participativo, ha optado por iniciar ya los trámites parlamentarios de la mal llamada Ley Orgánica de Calidad de la Educación. El Gobierno ha hecho caso omiso a las críticas realizadas por las Comunidades Autónomas, los partidos políticos, los agentes sociales y la comunidad educativa y se ha limitado a recoger las propuestas que ha hecho la Conferencia Episcopal y la patronal de la privada.

Además, el Gobierno persiste en ocultar la memoria económica de la Ley en la que, por lo conocido hasta la fecha, se consignan cantidades ridículas para la mejora de la calidad de la educación, de las cuales aproximadamente el 80% van dedicadas a la enseñanza privada.

Por todo ello, las organizaciones firmantes de este manifiesto seguimos exigiendo al Gobierno que favorezca un debate riguroso sobre la situación de nuestro sistema educativo, que escuche y recoja las aportaciones realizadas y busque el mayor consenso con las Comunidades Autónomas, los partidos políticos, los agentes sociales y la comunidad educativa. No hay posibilidad de mejorar la calidad de la educación sin contar con los que después van a ser los principales protagonistas de los cambios, el profesorado, el alumnado y sus familias. De lo contrario, cualquier cambio que se proponga está condenado al fracaso.

Por último, exigimos al Gobierno la retirada de este Proyecto de Ley de Calidad de la Educación y hacemos un llamamiento a participar en las acciones que se realicen contra la política educativa del PP y en pro de conseguir la aplicación de las medidas de mejora que nuestro sistema educativo requiere para lograr una verdadera educación de calidad para todos.

Madrid. A 19 de septiembre de 2002


Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA)
Comisiones Obreras (CCOO)
Unión General de Trabajadores (UGT)
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STEs)
Sindicato de Estudiantes
Izquierda Unida (IU)
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

 
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