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Manifiesto de la Plataforma por la Escuela Pública


Plataforma por la Escuela Pública / 20 abr 02

Una vez analizado detenidamente el documento de bases para una Ley de Calidad de la Educación, desde las Plataformas en Defensa de la Enseñanza Pública de todo el Estado manifestamos nuestra honda preocupación ante la contrarreforma educativa que el MECD pretende imponer.

La propuesta presentada por Pilar del Castillo ha venido a confirmar los más sombríos pronósticos, ya que en ella se plantea la introducción de mecanismos que enquistarán las desigualdades sociales y el abandono de un modelo educativo integrador, fomentando además una realidad que comienza a ser palpable en los grandes núcleos urbanos: la subsidiaridad de la escuela pública en relación a los centros privados de todo tipo, en contraposición a lo que sucede en la mayor parte de los países de nuestro entorno.

El documento de bases parte de un análisis previo de la realidad educativa basado en meras opiniones, carece de rigor y presenta visiones sesgadas de ciertos informes o estadísticas: al analizar el problema del fracaso escolar, se eluden datos significativos como el hecho de que la tasa bruta de escolaridad en Secundaria ha pasado de un 50% en 1982 a un 95% en 2002, o que la tasa de fracaso en la ESO -que es necesario disminuir- es menor de lo que era en el conjunto de BUP y FP.

Especial gravedad reviste el hecho de que esta ministra y este Gobierno se empeñen en ignorar que el entorno socioeconómico del alumnado es un factor de incidencia fundamental en los resultados académicos, y que, tal como se manifiesta en el informe Pisa, "el objetivo de los sistemas educativos no es sólo conseguir elevados resultados sino también minimizar las disparidades internas". Este mismo estudio, cuya lectura parcial e interesada ha aireado el Ministerio, demuestra que es posible el logro de un elevado nivel educativo en los sistemas comprensivos (Finlandia, Japón,…) y que sistemas segregadores como el alemán o el belga no conllevan un aumento de los niveles, y sí de las desigualdades.

Para ocultar el verdadero espíritu selectivo y jerarquizador de esta contrarreforma, el Ministerio alude continuamente a lo que llaman "cultura del esfuerzo", "sistema de oportunidades", "flexibilidad", "cultura de la evaluación" o "búsqueda de la excelencia". Pero detrás de esta engañosa y eufemística hojarasca podemos distinguir con claridad el propósito de crear las condiciones materiales, estructurales y pedagógicas para la dualización de la enseñanza, con una educación selectiva destinada a formar a las futuras elites y otra básica residual para abastecer las necesidades de mano de obra precaria.

Rechazamos esos itinerarios que propone el Ministerio, que ni solucionarán los problemas de fracaso, falta de motivación e indisciplina que se detectan en nuestro sistema educativo, ni garantizarán las oportunidades de las que se habla, al separar al alumnado desde los 12 años en función exclusiva de su expediente académico, y no de sus motivaciones o intereses, lo que supondrá un prematuro camino sin retorno que mermará las posibilidades de muchos chicos y chicas. Igualmente, ello consagrará nuevos elementos de diferenciación y competitividad entre centros que irán en detrimento de la escuela pública e impedirán la integración de la mayor parte del alumnado inmigrante.

En relación a la reválida, nada positivo ni novedoso puede esperarse de esta arcaica prueba que introduce la desconfianza en relación a la labor de evaluación del profesorado y que desvirtúa los objetivos del Bachillerato.

Especial gravedad reviste también el propósito de recortar drásticamente la participación de las familias en los centros, con la intención de reducir los consejos escolares y claustros a meros "órganos de participación y control" y el cambio en las atribuciones de los directores/as de centros, que serían elegidos "a dedo" por las administraciones.

Aunque de manera artera en el documento se contraponga la "cultura del esfuerzo" a la inversión en educación, como si ambas fueran incompatibles, lo cierto es que según la OCDE España es, tras Grecia, el país de la UE que menor porcentaje del PIB invierte en educación; del 4,9% en 1993 se ha pasado al 4,5% en 2001, siendo el descenso especialmente acusado desde 1996, a pesar de tratarse de una etapa de crecimiento económico. No hay reforma ni mejora de la calidad que pueda llevarse a cabo en condiciones sin una financiación adecuada, a no ser, claro, que estemos hablando de una contrarreforma privatizadora en cuyo documento de bases sólo se contempla la posibilidad de aumentar el presupuesto para los conciertos a etapas no obligatorias de la educación, lo que, dadas las circunstancias, da una idea del nivel de compromiso del Gobierno con la escuela pública, que garantiza la igualdad real de oportunidades y que no selecciona previamente al alumnado, como siguen haciendo la inmensa mayoría de centros privados sostenidos con fondos públicos.

Frente a este documento, las organizaciones que componemos las distintas plataformas en representación de todos los sectores de la comunidad educativa, reiteramos nuestra convicción de que la calidad no está reñida con la equidad, y de que la educación no debe reproducir ni los mecanismos de selección de la sociedad ni las normas que rigen el mercado laboral.

Las alternativas que defendemos y que hemos dado a conocer en diferentes foros también se basan en las conclusiones y análisis de los informes de la OCDE o de la Comisión Europea, que tan distraídamente han leído la ministra y sus asesores, porque son esos organismos internacionales los que recomiendan, para mejorar la calidad, avanzar en una atención más personalizada y en la compensación de las desigualdades educativas; reducir el número de estudiantes por grupo; motivar al profesorado a través de una verdadera mejora de las conduciones laborales e impulsando su formación; fomentar la autonomía de los centros mediante, entre otros aspectos, la participación democrática de la comunidad educativa, o corregir la concentración del alumnado con mayores dificultades en determinados centros educativos.

Pero para ello hace falta voluntad política, y financiación. Algo que no se atisba ni por asomo en esta futura ley, que más de calidad deberíamos llamar de calamidad, frente a la cual anunciamos nuestra más decidida oposición. La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Calidad está formada por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), FE-CCOO, FETE-UGT, STEs, CGT, Sindicato de Estudiantes, Movimientos de Renovación Pedagógica y MCEP.

Madrid, 20 de abril de 2002

 
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