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Manifiesto conjunto de Izquierda Unida, PSOE, CC.OO., UGT y CEAPA ante la Ley de Calidad de la Enseñanza
Por una ley de calidad para todos


Organizaciones políticas y sindicales / 30 abr 02

UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS

Nos encontramos en un momento especialmente delicado para el futuro de la educación de nuestro país. Las transformaciones sociales, económicas y culturales experimentadas por nuestra sociedad en la última década y los cambios derivados de la ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años, plantean nuevos retos y mayores exigencias a las que es necesario dar respuesta para mejorar la calidad de la educación. Hoy toda la sociedad y, muy especialmente, la comunidad educativa, reconoce insuficiencias en nuestro sistema y se plantea qué medidas hay que adoptar para superarlas.

En este contexto, el pasado 11 de marzo la Ministra de Educación presentó un “Documento de bases para una Ley de Calidad de la Educación” que, en opinión de quienes suscribimos el presente Manifiesto, supone un importante retroceso respecto a los avances realizados por la sociedad española desde la Ley General de Educación de 1970 hasta la actualidad, para ofrecer una mayor y mejor formación al conjunto de la población escolar.

En él se propone desandar buena parte del camino recorrido. Es evidente que la ampliación de la educación básica establecida por la LOGSE y, sobre todo, los cambios experimentados por la sociedad española, han incrementado la heterogeneidad del alumnado haciendo más compleja la acción educativa. Pero esa heterogeneidad no es más que el reflejo de las diferencias que existen en la sociedad. Ese alumnado, de muy distinta cultura y condición social, no lo han creado las leyes. Son los alumnos propios de una sociedad como la nuestra, los que tienen el derecho a ser educados, los que tienen la obligación de educarse. Si se quiere una educación que se limite a reproducir las diferencias que existen en la sociedad, hay que apoyar las propuestas presentadas por el Gobierno porque van todas en esa dirección. En cambio, si se quiere conseguir que la educación sea un instrumento eficaz para compensar desigualdades, para contribuir a la cohesión, a la integración social y al progreso de todos, no se puede permanecer impasible frente a los cambios que propone el Gobierno.

Las medidas concretas que figuran en el "Documento de bases" para una supuesta Ley de Calidad tienen un denominador común: reducir el número de alumnos que podrán continuar estudiando después de la educación obligatoria, lo que, de hecho, va a provocar que disminuyan las posibilidades de un sector importante de la población para alcanzar la formación que requiere su integración social y laboral en la sociedad del conocimiento y de la información. Pero, además, el Gobierno, mediante la introducción de modificaciones en los procesos de admisión del alumnado, camina hacia la consolidación de dos redes de centros educativos con un alumnado claramente diferenciado. Una, la formada por los centros de titularidad pública, condenados en la práctica a convertirse en una red asistencial dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población, y, otra, la integrada por los centros privados concertados cuyo peso e influencia será cada vez mayor.

Pero hay un sector importante del profesorado, del alumnado, de las familias y de la ciudadanía en general que estamos firmemente convencidos de que ésta no es la fórmula adecuada para avanzar hacia una verdadera educación de calidad para todos, de que ésta no es la manera correcta de proyectar un futuro halagüeño para nuestro país. El futuro de un país está estrechamente relacionado con la formación que pueda conseguir la inmensa mayoría de su población, no con la que puedan recibir unos pocos. No estamos ante un debate técnico sobre la forma de mejorar nuestro sistema educativo; estamos ante un debate de gran calado social y político sobre la formación de la juventud de este país y, en consecuencia, sobre el tipo de sociedad que queremos construir.

Como se ha señalado repetidamente durante estas últimas semanas en diversos documentos elaborados y difundidos por organizaciones de los diferentes sectores de la comunidad educativa, colectivos de profesionales, partidos políticos y sindicatos, es necesario realizar un diagnóstico serio de los principales problemas de nuestro sistema educativo y organizar un debate amplio y honesto que ayude a definir las medidas necesarias para poder resolverlos. Un debate en el que todos puedan aportar su experiencia y sus ideas y del que surja el mayor consenso posible.

Las organizaciones y personas firmantes de este Manifiesto consideramos que las medidas necesarias para mejorar nuestro sistema educativo tienen que ir en la dirección de ofrecer una educación de calidad para todos, tanto de quienes tienen mayores dificultades como de quienes tienen mayor capacidad y motivación para aprender. Un sistema educativo de calidad debe asumir el compromiso de elevar el nivel de formación de todo el alumnado, sea cual sea su origen social o procedencia y su situación de partida, sin segregar ni limitar sus posibilidades futuras. Más educación y mejor educación para todos: éste es el camino a seguir. Y para ello no sirven las propuestas formuladas en el "Documento de bases" presentado por el Gobierno.

Es necesario, ante todo, intervenir a tiempo de superar las dificultades, prevenir el fracaso escolar, incrementando sustancialmente la oferta de plazas públicas en Educación Infantil, desarrollando desde la Educación Primaria actividades específicas de apoyo para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. En la Educación Secundaria Obligatoria, hay que garantizar una oferta educativa que atienda a la diversidad de capacidades e intereses del alumnado pero que no sea segregadora: es preciso que los alumnos tengan menos áreas en cada curso y menos profesores distintos; es necesario que se incrementen las áreas opcionales en los últimos cursos; hay que adelantar, en determinados casos, los programas de diversificación curricular para que los alumnos con dificultades de aprendizaje puedan alcanzar los objetivos de la ESO. Estas medidas son, junto con otras de eficacia probada, algunos ejemplos concretos de lo que puede y debe hacerse. Se trata, en definitiva, de poner en marcha las actuaciones necesarias para seguir avanzando en la dirección de que toda la población escolar adquiera la formación básica necesaria, tanto para continuar estudios posteriores como para garantizar, en las mejores condiciones posibles, su inserción social y laboral.

Pero ésto lo tenemos que hacer entre todos. Los centros que reciban fondos públicos tienen que escolarizar a todos los alumnos sin excepciones, no deben tener ninguna posibilidad para seleccionarlos, ni por su origen económico, social, cultural o étnico, ni por su expediente académico. Así mismo, las Administraciones educativas deben, ante todo, reforzar el papel de los centros públicos como red vertebradora de la oferta educativa, y sólo deben mantener conciertos con los centros privados que estén dispuestos a atender a todo el alumnado sin ningún tipo de discriminación, a hacer efectivo el principio de gratuidad y a llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente.

Para organizar las diferentes medidas comentadas anteriormente los centros deben tener mucha más autonomía. No queremos centros con autonomía para seleccionar al alumnado pero exigimos que nuestros centros tengan mucha más autonomía para organizar una respuesta educativa ajustada a sus necesidades. También más autonomía organizativa y de gestión económica, para, por ejemplo, poder contratar determinados servicios y obras menores que permitan, entre otras cosas, poder mantener los centros en condiciones dignas.

Un mayor grado de autonomía exige un mayor nivel de control social. Los Consejos Escolares, máximos órganos de representación de la comunidad educativa, deben garantizar la participación e intervención del profesorado, los padres y las madres y, en su caso, los alumnos en la gestión de los centros educativos, como establece la Constitución. Son los Consejos Escolares quienes tienen la función de ejercer el control social en la gestión de los centros y la Administración ha de adoptar las medidas necesarias para promover y facilitar la participación en ellos de todos los sectores de la comunidad educativa.

Mayor autonomía implica, también, mayor responsabilidad ante la sociedad. El ejercicio de la autonomía debe ir acompañado de una evaluación periódica de los centros, del profesorado, del alumnado y del funcionamiento de la propia Administración. Los resultados de la evaluación de todos los agentes, instancias e instituciones que intervienen en el sistema educativo deben servir para reorientar las líneas directrices de la política educativa, en vez de ser utilizados de forma parcial, sesgada y partidista como ha hecho, una vez más, el Gobierno con el fin de justificar las propuestas regresivas formuladas en su "Documento de bases".

Los centros también necesitan equipos directivos mejor formados, con una definición de funciones más precisa, con mayor respaldo y con mayores incentivos económicos. No se trata de cambiar el procedimiento de elección del director sino de darle más capacidad de gestión y mayor reconocimiento y apoyo desde la comunidad educativa y desde la administración. Consideramos inadmisible el proyecto gubernamental de suprimir la elección democrática del director o directora, vinculando este cargo a la Administración y alejándolo de la comunidad educativa.

La inspección educativa tiene que jugar un papel fundamental apoyando a los centros en el desarrollo de sus respectivos proyectos educativos y potenciando su autonomía, a la vez que debe velar para que éstos respondan a las finalidades y los objetivos que la sociedad les ha encomendado.

Es necesario apoyar la labor del profesorado y favorecer su reconocimiento social. Para ello, entre otras cosas, se promoverán: la estabilidad de los equipos docentes; nuevos incentivos retributivos en función de las actividades desarrolladas; la limitación del número de grupos y alumnos por profesor con el fin de facilitar una atención individualizada al alumnado; la mejora de la formación inicial y permanente; la incorporación de períodos sabáticos para todo el profesorado a lo largo de su vida laboral, con el fin de garantizar su actualización científica y didáctica; la reducción de horas lectivas sin merma retributiva a los mayores de 55 años y la generalización de la jubilación voluntaria a los 60; una adecuada regulación de la salud laboral; mecanismos de promoción entre los cuerpos docentes en los niveles anteriores a la Universidad y entre estos cuerpos y los de la Universidad. Del mismo modo, hay que alcanzar la plena homologación del profesorado de los centros concertados con el profesorado de los centros públicos en lo que se refiere a retribuciones, formación inicial y permanente, jornada laboral y horario lectivo, participación en la gestión de los centros y sistema de acceso.

Hay que desarrollar igualmente un conjunto de medidas orientadas a mejorar la convivencia en los centros, potenciando el diálogo y una mayor colaboración entre las familias y los centros educativos. Hay que promover la cultura de la relación, del diálogo y de la negociación. Pero hay que reconocer también que muchos de los problemas de convivencia que se manifiestan actualmente en los centros educativos no tienen su origen en el marco escolar y no se pueden abordar y resolver de forma satisfactoria actuando únicamente desde ellos. Es necesaria una mayor implicación y compromiso social con la educación a través, entre otras medidas, de la participación de los Ayuntamientos y otras instituciones y la colaboración de educadores, trabajadores sociales y mediadores culturales en la relación con el alumnado y sus familias.

La aplicación de las medidas apuntadas exige reducir el número de alumnos por aula, incrementar el número de profesores y dotar a los centros de los espacios y medios necesarios para poder dar respuesta a las nuevas demandas que la sociedad formula al sistema educativo (comedores, informatización de las aulas, aulas pequeñas para desdobles, espacios para tutorías, servicio de documentación, etc.). También hay que ampliar el horario de apertura de los centros para cubrir las necesidades derivadas del horario laboral de los padres y para organizar actividades educativas complementarias: idiomas, informática, escuelas de padres y madres, actividades de refuerzo y profundización fuera del horario lectivo, estudio asistido, apertura de la biblioteca, etc.

En el preámbulo del "Documento de bases" presentado por el Gobierno se habla mucho de la cultura del esfuerzo, pero sólo se le reclama al alumnado. Es necesario el esfuerzo de todos: del Gobierno, de las familias, del profesorado, del alumnado y, en definitiva, de la sociedad, que debe mostrar un mayor compromiso con la educación de los jóvenes y dotar al sistema educativo con los recursos necesarios para ofrecerles una educación de calidad.

La manera más explícita en que la sociedad y los poderes públicos pueden manifestar su compromiso con el sistema educativo es mediante las partidas presupuestarias destinadas a este fin en los Presupuestos Generales del Estado que cada año aprueba el Parlamento. Es imprescindible la aprobación de una Ley de financiación extraordinaria que garantice la aplicación de una auténtica Ley de Calidad en todas las Comunidades Autónomas. Es necesario invertir más en educación y alcanzar la media de los países de la Unión Europea. Sabemos que la mejora de la calidad educativa no es únicamente un problema de recursos económicos. Pero los datos de la OCDE demuestran que en España hoy es también un problema de medios.

Este Manifiesto recoge algunas de las líneas directrices que deberían guiar, a nuestro juicio, la elaboración de una alternativa real y creíble orientada a conseguir una educación de mayor calidad para todo el alumnado, para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Sin duda, hay muchas organizaciones, colectivos, padres y madres, profesores y ciudadanos y ciudadanas en general que, a partir de su experiencia diaria, tienen su propio diagnóstico de cuáles son las principales dificultades, problemas y retos educativos a los que nos enfrentamos en la actualidad, así como sugerencias y propuestas para afrontarlos y resolverlos. Invitamos a todos los que estén interesados en conseguir una verdadera educación de calidad para todos a participar en un amplio debate, que nos proponemos organizar, a exponer sus puntos de vista y sus propuestas para mejorar el sistema educativo. La educación es una tarea compartida y su mejora requiere el esfuerzo de todos.

Exigimos al Gobierno que favorezca este debate, que escuche y recoja las aportaciones realizadas y busque el mayor consenso con las Comunidades Autónomas, los partidos políticos, los agentes sociales y la comunidad educativa. Es imprescindible, para ello, que renuncie a posiciones preconcebidas y a tratar de imponerlas, que abandone la lógica partidista y que habilite el tiempo necesario para realizar un debate serio y sereno. No se puede pretender un cambio educativo que dé estabilidad al sistema y perdure en el tiempo si no se dan las condiciones señaladas. Como, igualmente, no hay posibilidad de mejorar la calidad de la educación sin contar con los que después van a ser los principales protagonistas de los cambios, el profesorado, el alumnado y sus familias. De lo contrario, cualquier cambio que se proponga está condenado al fracaso.

Por esta razón, los firmantes del Manifiesto exigimos al Gobierno que paralice el proceso de elaboración de la anunciada Ley de Calidad hasta que no se produzca el debate social previo que se viene reclamando desde el mundo educativo, debate que debe culminar con una negociación con todos los sectores implicados para alcanzar el necesario consenso.

Las reflexiones y propuestas que aparecen en este Manifiesto aspiran a ser una contribución a ese debate que consideramos imprescindible.

Madrid, 30 de abril de 2002

POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS

 
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