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Escuela Pública, Laica y Gratuita


Comité Ejecutivo Partido Comunista de Aragón / 14 jun 02

Escuela pública, laica y gratuita ha sido uno de las divisas más estimadas, valoradas y reivindicadas por la izquierda social y política a lo largo de la historia de este país. Pero este enunciado no acepta fragmentación; la laicidad y la gratuidad de la escuela son inherentes a su carácter público, puesto que no es fácil concebir ambos aspectos, sobre todo si han de ir conjuntados, unidos al carácter privado de la escuela.

Sería largo y prolijo hacer aquí una valoración del papel de la escuela en la evolución de la sociedad. Pero sí es necesario hacer especial hincapié en dos aspectos muy importantes: Su papel fundamental para una sociedad integradora y comprensiva y su no menos esencial cometido como superadora de desigualdades económicas, sociales y culturales y garante de la igualdad de oportunidades.

Por lo que respecta al primer aspecto la escuela ha de ser un espacio de convivencia en el que se desarrollen y se formen, tanto en conocimientos como en valores, los miembros de una sociedad. La exclusión de ese espacio de determinados grupos sociales o culturales, o lo que es lo mismo, la configuración de una escuela elitista, solo puede contribuir a la fractura social. La superación de las desigualdades exige un esfuerzo considerable de la sociedad que sostiene la escuela para garantizar a todos sus miembros el acceso a la formación y el desarrollo de sus posibilidades.

Cualquier sociedad, a través de su escuela, ha de garantizar estos dos principios. La escuela privada no lo hace. En primer lugar porque prima la exclusión, conformando grupos de alumnos socialmente homogéneos y otros que aspiran a serlo. En segundo lugar, porque sus precios, concertada o no, suponen un principio de selección, puesto que la supuesta gratuidad de la escuela privada, concertada o conveniada, se desvanece ante los comedores escolares, transporte (habría que preguntarse, si la concertación parte de las necesidades de escolarización en una zona, porque es necesario el transporte escolar), cuotas de las Asociaciones de Padres, cuotas de extraescolares, uniformes, y un largo etc..

Toda afirmación universal conlleva una cierta injusticia. Y si es cierto que los costes de mensualidades y gastos añadidos en buena parte de la escuela privada concertada son altos, no es menos cierto que algunos centros, escasos por otra parte, cumplen con las premisas de escolarizar a todo el alumnado de su entorno, cualquiera que sea su extracción social y cultural, en zonas con deficit de presencia de la escuela pública. Pero ese no es el caso de la situación actual, puesto que no se plantea diferenciación alguna en tal sentido y los titulares de estos centros han unido su causa al común de la escuela privada.

La financiación de la escuela privada hay que enmarcarla en el proceso de privatización, de dejación de los servicios públicos en manos de la gestión privada. Agua potable, correos, transportes son algunos ejemplos de ello. Sanidad y Educación, sin duda, los más preocupantes; educación porque, además de generar desigualdades, incide sobre los valores en los que se forman nuestros educandos y, por la particular idiosincrasia de nuestro país, cimenta la confusión entre la Iglesia Católica y el Estado, una de las constantes más perniciosas de la historia de España.

Estas son tan sólo algunas razones para oponerse a los convenios con las patronales de los colegios privados para financiar con fondos públicos la impartición en estos centros de las enseñanzas correspondientes a la segunda etapa de infantil (entre tres y seis años), en la Comunidad Autónoma de Aragón. Entrando ya en un análisis concreto, es necesario plantearse la adecuación y la oportunidad de la puesta en marcha esta medida.

Convenios pues que se plantean con aspiración universal, para todos los centros privados, y en una etapa que no es obligatoria. Es preciso aclarar en primer lugar que la diferencia entre convenios y conciertos es poco más que formal. Es cierto que los conciertos suponen una mayor estabilidad en el tiempo y que los convenios podrían permitir unas mayores exigencias y control por parte de la administración, pero, a la postre, los efectos de ambos son los mismos y la capacidad, (y la intención) de filtro y control de la administración es la misma en ambos casos, es decir, prácticamente nula. El carácter no obligatorio de la etapa impide la firma de conciertos, pero los convenios suplen adecuadamente este impedimento.

La Ley Orgánica del Derecho a la Educación establece las condiciones en las cuales se puede concertar con centros privados: Que estos cubran necesidades de escolarización y que escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales. Evidentemente estas condiciones marcan un carácter restrictivo que no encaja muy bien con su generalización. Es preciso apuntar que la escolarización de alumnos con "dificultades" no ha sido nunca una pauta a seguir por la gran mayoría de los centros concertados y que muchos de ellos escolarizan a niños y niñas no sólo de su zona escolar, sino de toda la ciudad, razón por la cual utilizan el transporte escolar.

La situación es bien distinta en Zaragoza y en las zonas rurales. En la ciudad existe un déficit importante de plazas para alumnos de educación infantil, fruto de la desidia de las diferentes administraciones para hacer frente a esta cada vez más perentoria necesidad. Según cálculos estimativos, faltan más de 600 plazas para escolarizar a todos los niños y niñas entre tres y seis años. Este calculo está realizado manteniendo la ratio (relación alumnos-aula) en veinte, como marca la L.O.G.S.E., si bien la cifra aumentaría sensiblemente si, como marca la legislación vigente en la comunidad, se contabilizase cada alumno con necesidades educativas especiales como dos alumnos ordinarios. Sin embargo, los calculos estimados por la patronal de la enseñanza privada, son necesarias 895 plazas más para atender a la demanda en sus centros, tan sólo en primero de esta segunda etapa de infantil (niños y niñas de tres años) La relación entre ambas cifras nos lleva a una conclusión sencilla: Existen muchas plazas vacantes y aun aulas vacías en los centros públicos. Efectivamente, casi un tercio de los puestos escolares en la enseñanza pública no ha recibido peticiones, y, en algunas zonas como Las Fuentes, este porcentaje supera el cuarenta por ciento.

En el ámbito rural, la situación es diferente. La escolarización pública podría ser casi completa. Eso nos lleva a dos conclusiones: En las localidades en que existen colegios privados es innecesaria la concertación y en la mayoría del espacio rural no existe escuela privada por la razón sencilla de su escasa rentabilidad.

En resumen, la medida privatiza un servicio público, no respeta la legalidad y consolida una fórmula educativa excluyente en función de criterios económicos (el coste medio de la mensualidad en los centros concertados supera las doce mil pesetas) sociales y culturales.

Por lo respecta a la oportunidad, existen diversos aspectos a considerar:

El primero, el momento en el que se pone en marcha, sin ningún tipo de planificación ni previsión organizativa o presupuestaria, alterando los procesos de escolarización y creando una confusión notable en toda la comunidad educativa. La condición, poco creíble por otra parte, de mantener las ratios en 20 alumnos por aula y reservar tres plazas para alumnos con necesidades educativas especiales es complicada de cumplir y ha despertado las iras de patronal de la privada, Confederación Católica de Padres de Alumnos y Sindicatos de la Privada, acostumbrados además a reaccionar al unísono.

El segundo la ruptura del Pacto por la Educación que marcaba hasta el momento la línea política del Departamento. Rechazado por algunos desde un principio, acusado de ser una tapadera para poner en marcha medidas progresivas de privatización, muchos de los agentes sociales que lo firmaron consideraban que las medidas más avanzadas (financiación, mapa escolar, extensión de la garantía social, etc.) iban demasiado lentas o ni siquiera se habían iniciado. Hoy, la privatización no es progresiva sino radical y el Pacto, esquema participativo con sus virtudes y defectos, está finiquitado.

Algunos de los agentes firmantes del pacto fueron los sindicatos de la educación. La legislatura se inicia marcada por una estrategia basada en la amplia participación de los sindicatos en el debate y la puesta en marcha de modelos de organización y de gestión. Y no sólo el Pacto por la Educación, sino negociaciones como el acuerdo de plantillas, (con toda su problemática inherente) u otras diversas medidas constituyen un ejemplo válido de ésta política. Sin embargo, si la estrategia puede considerarse válida e incluso afortunada, no lo fue el talante de los máximos responsables del Departamento y los conflictos se acumularon hasta provocar la dimisión de la Consejera Alejos Pita, y con ella, buena parte del equipo que compartía (es un decir) responsabilidades con ella. Estas medidas y la forma en la que se han adoptado rompe por completo con esta filosofía. El Gobierno ha puesto sobre la mesa un documento que se niega a retirar y sobre el que ofrece en todo caso medidas muy limitadas de control. Toda una advertencia para los sindicatos de la educación de quien tiene "la sartén por el mango" y de cual va a ser su fórmula de relación. En estas movilizaciones no sólo está en juego el carácter público de la escuela, sino cual va a ser el modelo de negociación. Un claro pulso a los sindicatos, y a los agentes sociales en general, cuya derrota supondrá un douro golpe para los procesos participativos…

Y por último, seis meses después de una acuerdo de legislatura con Izquierda Unida, cuyos ejes básicos eran, cabe recordar, la política hidráulica, las 35 horas y la educación, precisamente el aspecto éste en el que menos se ha avanzado hasta el momento y en el que se pueden prever más dificultades para avanzar. El acuerdo de legislatura supone un apoyo explícito al gobierno P.A.R.-P.S.O.E., garantizando la estabilidad y el apoyo parlamentario del mismo. Frente a los argumentos de que se ha respetado la letra del acuerdo es necesario apuntar:

1.- Se han incumplido los acuerdos que garantizan la consulta previa de cualquier medida de relevancia política y poner en duda que ésta lo es roza los límites del absurdo

2.- Se han imcumplido los presupuestos que en ningún momento preveían un incremento en la financiación de la escuela privada

3.- Se ha incumplido el "pacto de caballeros", tantas veces esgrimido por el Coordinador General de I.U. para garantizar que no se iban a financiar los convenios en Educación Infantil. Como señaló recientemente el vicepresidente del gobierno "si este pacto hubiese impedido la puesta en marcha de esta medida, no se hubiese firmado"

La Orden que facilita la financiación del segundo ciclo de infantil en la enseñanza privada ha concitado contra ella una fuerte movilización social. La prueba es la Manifestación del pasado ocho de mayo que reunió a más de diez mil personas y la convocatoria de una huelga general en la enseñanza pública para el día 29 de mayo. La falta de definición por parte de I.U. con respecto a su actuación en este proceso, la confusión que ha rodeado a su actuación le han impedido erigirse como referente político de la movilización social. El pacto de legislatura supone una herramienta para hacer política, pero por supuesto en una línea determinada, la que indican el programa marco y el programa electoral de Izquierda Unida; si se utiliza para hacer una política que altere tales líneas se convierte en un elemento ineficaz y pernicioso. Se entiende desde aquí que algunas de las finalidades esenciales de la organización son avanzar en su programa gestionando o posibilitando políticas progresistas y convertirse en el referente que permita gestionar políticamente las iniciativas sociales. Una y otra son irrenunciables, pero la segunda es inherente a su constitución y la confusión mantenida por I.U. le impide ejercerla.

Por tanto, el acuerdo de legislatura puede y debe convertirse, en este contexto en una herramienta para hacer política, la política de I.U. Debe ser manejado como un elemento de presión frente al gobierno P.A.R.-P.S.O.E., amenazando con la salida de I.U. de tal acuerdo si no se retiran las medidas que permiten al financiación de la Educación Infantil en Centros Privadas, salida que puede argumentarse, tanto en el incumplimiento de los acuerdos, sobre todo presupuestarios, como en la política del actual gobierno. La permanencia en los puestos de dirección y la colaboración con el Departamento de Educación en el marco de medidas tan lesivas para la escuela pública es dificilmente justificable, por lo que cualquier medida de presión debe en buena lógica comenzar por allí.

 
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