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Memoria histórica


Recuperar la memoria y...la historia



Víctór Díaz Cardiel / 09 oct 05

El gobierno del PSOE dictó un Real Decreto 1891//2004 de 10 de septiembre, por el que se creó la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las Víctimas de la guerra civil y el franquismo.

La Comisión Interministerial la presidía (y preside), la vicepresidenta de lo gobierno, doña Mª Teresa Fernández de la Vega.

La Sra. De la Vega ha decidido frenar, ralentizar, dar marcha atrás, lo que pretendía ser un objetivo claro (11/09/2005).

“Reparar la desigualdad y restituir la memoria de aquellas personas que sufrieron cárcel, represión, muerte, exilio, por defender unos valores democráticos y de libertad que hoy disfrutamos”

¿Dónde reside el obstáculo para llevar adelante el proyecto de ley – que pensaban llevar al parlamento, previo examen del gobierno, hacia los meses de marzo-abril, etc- acerca de la restitución de las víctimas ocasionadas por la sublevación militar apoyada socialmente por la iglesia católica, los monárquicos, falangistas, militares y sectores sociales diversos? Estamos en una nueva versión, como en 1977, de que no se tiene suficiente correlación de fuerzas. Estamos, la comisión interministerial, ante la evidencia, de que el gran problema sin resolver después de 30 años (1 de octubre de 2005/1 de octubre de 1975) de la muerte del dictador (30/11/75) del nombramiento de Juan Carlos I, sigue siendo:

El reconocimiento de la legitimidad y legalidad de la II República, la ilegitimidad del alzamiento del 18 de junio de 1936. La sublevación militar, o sea, el poderlo declarar políticamente en nuestros días (30 años después) ilegal, ilegitima podría significar poner las cosas “patas arriba”, es decir, declarar ilegal los cuarenta años de historia de la dictadura que, a su vez, pondría en tela de juicio la propia legitimidad de la monarquía.
Al parecer, según informaciones en la prensa madrileña, la Comisión Interministerial ha mantenido cuarenta entrevistas, incluyendo a una delegación falangista, a ex-militares de la Unión de Militares Demócratas (UMD), etc.
La Comisión, según las mismas fuentes ha investigado setecientos documentos. Esta documentación, las entrevistas más otra mucha documentación, por ejemplo la del Congreso de Barcelona (año 2001) acerca de los campos de concentración y cárceles franquistas (no de otros), permiten pensar que tanto la Comisión como el propio gobierno estén bien informados acerca del espinoso y sensible tema del estudio de la situación de las Víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y todo ello ha contribuido, ciertamente, a que la Sra. de la Vega, el pasado 11/09/2005 (creo), paralice, frene, de marcha atrás a la presentación del proyecto. Es loable que, al día siguiente de esto, en el propio parlamento IU-CV, pida que:
a) no se incluya sino a los republicanos
b) que el debate sobre tan grave problema se pueda discutir... para el 30 aniversario de la muerte de Franco.

Para el autor de estas notas la realidad de los hechos, la objetividad de cuanto ha significado la ilegalidad e ilegitimidad llevado a cabo por los militares sublevados y quienes les apoyaron y sostuvieron la dictadura durante tan largo tiempo, la explican claramente historiadores con solvencia clara, como, por ejemplo Josep Fontana, que en una declaración a “El Mundo” 12/08/2005 dice:

“el único origen de la guerra fue la negativa de la derecha y de los militares a aceptar los resultados electorales de 1936, que otorgaron la victoria al Frente Popular”.

Por su parte el pensador y filosofo Sánchez Vázquez, que sí participó en la Guerra Civil, decía en unas declaraciones de hace unos meses a la prensa de Málaga.

“Hay que recordar que fue la Guerra Civil para que jamás vuelva a repetirse, pero esto no debe llevarnos a la conclusión de que todos fuimos culpables, en un lado y otro. No.”
“esa es la tesis oficial del franquismo desde el primer momento: la tesis de que la sublevación se imponía al caos de la república. Los preparativos, preventivos, de la guerra fueron vinculados, en consecuencia, a la derrota de la derecha en las elecciones de 1936”.

Y termina Sánchez Vázquez:

“Vienen de otras: del carácter intransigente de la derecha española”.

Las figuras políticas más importantes, más representativas de la época que se han dado en llamar Transición -Suárez, Fraga, Felipe González, Santiago Carrillo, Juan Carlos I- se comprometieron, y esto, al cabo de los años se conoce, es notorio, a no exigirse recíprocamente responsabilidades políticas de sus respectivos pasados; y, asimismo, a mantener a todos los niveles del estado a todos los funcionarios que hubieron participado en los aparatos represivos: Brigada político social, jueces, fiscales, militares pertenecientes a los tribunales especiales de la represión durante la dictadura.

Durante este largo periodo, sólo hubo tribunales especiales de unos contra otros, aunque escriban y digan misa, con todo la responsabilidad era sólo de unos, que no de todos.

Así del pacto de silencio, de la política del olvido y de la suspensión de la memoria que definieron el periodo 1977-1996 resurgió el viejo franquista, nunca muerto del todo y, lo pero, si cabe, como no fue contrarrestado por un verdadero ejercicio democrático de la memoria, que fascistas tipo Carlos Dávila dicen cosas como...
”El cuerpo humano está dividido en dos partes simétricas”

o sea que las atrocidades son iguales entre los sublevados y la legitimidad-legalidad republicana, entre una dictadura feroz y despiadada y los vencidos: derrota, dictadura, y la ya larga transición, son problemas no bien resueltos por esta.
El modelo de Transición llevado a cabo por el PSOE, en el gobierno durante 14 años, fue el de no mirar atrás, sin tener en cuenta, olvidando / pensando, quizás, en estar en el gobierno unos 25 años ¡¡ Que cuando el presente está atado al pasado no hay posibilidad de cambio real.¡¡
La reconciliación basada en el olvido ha sido no sólo un gran error político de las izquierdas en nuestro país, sino también una gran injusticia para todos aquellos, los vencidos, de la Guerra Civil y los luchadores antifranquistas.
Las figuras políticas de la izquierda, explicaron una y otra vez, hasta el empacho, el agotamiento, qué…

“había que eliminar las referencias testimoniales del pasado” (S. Carrillo);

el hoy adalid de la recuperación de la memoria histórica, Alfonso Guerra,, mantenía en los años 80 que:

“Para él la Guerra Civil, la postguerra y sus protagonistas eran pura arqueología, restos del pasado que había que traspasar a toda prisa”.

Chiqui Benegas, siendo secretario de organización del PSOE declaró en “El País”:

“la ley de punto final que hicimos en 1977 los demócratas para los franquistas en ese años decidimos no pedir ninguna responsabilidad referidas a los cuarenta años de dictadura, por intentar de una vez por todas la reconciliación.”

En 1990 tras años de lucha por parte de la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos, el Parlamento de la Nación reconocía de justicia, indemnizar económicamente con un millón de pesetas a aquellas personas que durante la dictadura sufrieron tres años de cárcel como mínimo.

El decreto que reguló estas indemnizaciones basaba en los supuestos contemplados en la ley 46/1977 de 15 de octubre de Amnistía, y exigía cumplir dos condiciones para tener derecho a la indemnización:
1º.- Haber estado preso un mínimo de tres años.
2º.- Tener cumplidos en el momento de la promulgación del decreto sesenta y cinco años.

De los cientos de personas en toda España que cumplían la primera condición pero no la segunda, los que estaban empadronados en 1999 en la Comunidad de Madrid, también son indemnizados con cargo a los Presupuestos de la Comunidad. Se conceden estas indemnizaciones por los mismos supuestos que las indemnizaciones dadas en 1990. es decir en la Ley 46/77 de 15 de octubre de Amnistía y por sufrir tres o más años de prisión.
Las indemnizaciones de 1990 no estuvieron sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Las indemnizaciones de 1990 a los que no tenían 65 años cumplidos, si que se les sigue discriminando actualmente al quitarles un 25% aproximadamente de la indemnización recibida diez años más tarde, al exigirles pagar IRPF.
Hay algunas personas que cobraron la indemnización en el año 2000, que recurrieron a Oficinas de Gestión Tributaria a realizar declaraciones de la Renta. En la Declaración que les hicieron, no les incluyeron la indemnización. Tras alegar y presentar los documentos entregados por la Secretaría General Técnica Consejería de Presidencia y Hacienda, y por la Delegación de Hacienda de Guzmán el Bueno, donde se indica que las indemnizaciones basadas en los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía están exentas de cotización; las alegaciones son desestimadas y para más ensañamiento se les abre un expediente sancionador por ocultamiento de rentas sujetas al IRPF y se les notifica posibles sanciones de hasta un 50% de la cuota a pagar; en una palabra se les tilda de defraudadores.
A trabajadores que lucharon honrada y desinteresadamente, que sufrieron persecución, torturas y años de cárcel por traer la libertad, la democracia y la dignidad a este país, por el DELITO de no tener 65 años en 1990, ahora son discriminados, sancionados y tildados de “defraudadores” cual vulgares delincuentes. ¡Vivir para ver!

Los gobiernos de José Mª Aznar entre 1996 y el 2004 se dedicaron con ahínco a la propaganda de que todos habían sido iguales. Tras el largo periodo de la política del olvido y la suspensión de la memoria que definieron el periodo 1977-1996 resucitaron los viejos mitos franquistas, que nunca habían desaparecido. La expansión publicitaria, la propaganda del revisionismo histórico alcanzó niveles de ocupación. Ahora, con el PP en la oposición, esta campaña sigue y sigue. Los medios de comunicación afines a la derecha y extrema derecha son una plataforma de una influencia mediática importante.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha recalcado su fuerte compromiso, que no tuvo el primer gobierno del PSOE, de Felipe González, en la recuperación de la memoria histórica.
J. L. R. Zapatero, intervino públicamente en la Asamblea Nacional Francesa declarándose defensor de los valores republicanos.
Su gobierno subió las pensiones a los niños de la guerra. Los que quedan.
Rindió homenaje a los Republicanos Españoles que liberaron París, aunque el delegado que habló en nombre del gobierno del PSOE no mencionara, en ningún momento, al gobierno legítimo de la República. A la República.
Han retirado de la vía pública algunos símbolos: en especial la estatua a caballo de Franco.
Aunque Rajoy (y otros) dijera que se había roto el pacto de la transición… para dar marcha atrás, frenar y volver a la dichosa correlación.
Han resuelto el problema del Archivo Histórico de Salamanca.
El nuevo modelo político para el XXXVI congreso del PSOE fue el de Republicanismo cívico.

Pero, llegado un cierto punto de entrevistas, de entregas de documentos, de investigaciones rigurosas y objetivas, solventes y fiables que, en modo alguno tienen asomo de venganza, ni asomo de revancha, ni nada de esto. La Vicepresidenta primera del gobierno, la Comisión Interministerial, frena, paraliza, no cumple, descorazona a las Víctimas de un solo bando, el de los vencidos, para los que hubo durante cuarenta años, tribunales especiales, militares, brigadas políticas, dedicadas ha mantener el terror sobre el conjunto de la población. No, no todos tienen el mismo grado de responsabilidad.
Los militares sublevados alentaron el terror, fueron inmisericordes, y la guerra la ganaron los que no tuvieron piedad.
Los republicanos intentaron poner orden en sus filas y evitar la barbarie (A. Beenor).
La dictadura, mantenida por Franco, la iglesia, falangistas y monárquicos, fue ejercida desde el bando vencedor contra el vencido.
La dictadura fue inmisericorde.
Juan Carlos I no ha pedido perdón jamás a los vencidos, no ha asistido como Jefe de Estado a ningún acto público conmemorativo, por ejemplo, del fin de la II Guerra Mundial. Ello significaría, ciertamente, renunciar a su intenso pasado franquista.

Juan Carlos I no ha rectificado, no ha anulado la declaración de la CASA-REAL, el día 18 de julio de 1978, que textualmente decía:

“hoy se conmemora el aniversario del alzamiento nacional, que dio a España la victoria contra el odio y la miseria, la victoria contra la anarquía, la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles.”
“Surgió el ejercito escuela de virtudes nacionales y a su cabeza el generalísimo Franco, forjador de la gran obra de regeneración.”

Estaba aprobada la Constitución de 1978.
Esta es la regeneración de que hablaba el texto de la CASA-REAL, no corregido ni rectificado jamás.
192.684 ejecutados y asesinados (1939-1945), incluyendo 30.000 que continúan desaparecidos (en el año 2004)
¿Qué ha hecho la monarquía en estos 30 años? ¿Qué han hecho los gobiernos democráticos?

En una de las biografías más conocidas de Juan Carlos I dice que cuando se le transmite cierta inquietud de la familia de Franco por lo que pudiera pasarles, contesta sin vacilar:
“¿Miedo? ¿Miedo de qué? Los Franco sabían, porque yo se lo había repetido hasta la saciedad, que mi primera preocupación en cuanto estuviera a la cabeza del Estado sería impedir por cualquier medio que se hiciera un memorial de agravios cometidos por el régimen franquista, porque en mi opinión (de J. Carlos) no había que empantanarse en revanchas y venganzas personales que hubieran supuesto un retorno a los tiempos de la post- guerra civil”

¿Se pueden decir de forma más clara y comprometida las cosas?

En un artículo publicado en “El País” el martes 13 de septiembre de 2005 por Manuel Ramírez titulado, LA NUEVA FUNCIÓN DEL REY, se dice:
“ Del rey no se ha oído hacer ni un solo reproche hacia su antecesor Francisco Franco. Ni uno".

En fin, cuando se habla de la necesidad de superar con el olvido las heridas de la guerra y el franquismo se comete un error y una injusticia.
Porque el olvido sólo debe producirse después de que se haya establecido la realidad de lo ocurrido y se haya hecho justicia, por lo menos en su memoria, a las víctimas. Una cosa es renunciar a la venganza, como debe hacerse, y otra muy distinta promover el olvido dando por válidas las mentiras y las deformaciones con que se ocultó cuidadosamente la verdad. Hacerlo implicaría cometer una injusticia con aquellos que sufrieron persecución por haber intentado construir una España democrática, más justa y solidaria, mejorando la condición de vida de los trabajadores o llevando la enseñanza y la cultura a los rincones más remotos del país.

 
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