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Ley de la Memoria Histórica


Posicionamiento de la Secretaría de Memoria Histórica del PCE ante la aprobación de la Ley de Memoria Histórica



Secretaría de la Memoria histórica del PCE / 28 oct 07

El día 31 de octubre se aprobará, ya que el Gobierno socialista ha conseguido los apoyos suficientes, la conocida popularmente como Ley de Memoria, cuyo texto ha sido consensuado por grupos parlamentarios de diverso signo político, en un debate en el que ha prevalecido el institucional sobre el que, y sin casi tenerle en cuenta, se daba en otros órdenes sociales y en paralelo al parlamentario.

Si bien es cierto que el texto definitivo aporta avances con relación al inicial, desde una posición política como la que ha mantenido el PCE en un primer momento, este sigue siendo cobarde por no plantear la anulación de los juicios, tribunales y sentencias franquistas, como se ha hecho en otros países democráticos en situación análoga. Además, incide varias veces, que la ley pretende la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar y nunca la colectiva, como bien se explicita en su redactado. La memoria personal no tiene porque formar parte de la Historia de un país, de la historia de sus ciudadanos y ciudadanas; la colectiva, si y parece que se huye de ella, que, entendemos, debe ser imprescindible para el conocimiento democrático de la verdad de nuestro pasado reciente.

Si el franquismo por sí mismo suponía ya entonces un sistema rancio, en su cultura política hunde el Partido Popular sus raíces, y esto dice ya del por qué de los supuestos defendidos por esta opción política con respecto a la inoportunidad de una Ley de estas características, los culpables de que esta sea, de entrada, insuficiente para equiparar a las víctimas de la dictadura con los que no lo fueron, son el Gobierno y el partido que lo sustenta.

Los avances más progresistas provienen de las propuestas hechas desde el grupo de IU-ICV por las aportaciones que le fueron remitidas por hombres y mujeres de diversas organizaciones de Memoria, muchos de ellos militantes del PCE. Pero en la negociación institucional entendemos que ha prevalecido ante el debate de fondo el objetivo de llegar al consenso parlamentario que interesaba al Gobierno: la reparación integral como ciudadanos de pleno derecho de las víctimas de la represión por la defensa de los valores democráticos que generó para la sociedad española la II República y su Constitución ha dejado paso a un marco, escaso para la izquierda, de reparación moral de las personas perjudicadas por las sanciones y condenas y a un aumento en la mejora de asistencia médico-farmacéutica, de mejora de pensiones e indemnizaciones. Es de justicia aplaudir el derecho que la Ley otorgará a los hijos y nietos de exiliados y exiliadas de detentar la nacionalidad española, así como a los miembros de las brigadas internacionales.

La ilegitimidad que propone la Ley, sin consecuencia jurídica expresa, sólo abriría una posibilidad de revisión de las sentencias, una a una y aún existiendo ya jurisprudencia al respecto, cuando así lo entendieran los jueces y se realizaran las correspondientes modificaciones de las actuales y vigentes leyes y tribunales. Y eso ni lo contempla, ni siquiera insinúa, el texto que se va a aprobar.

Para el PCE este no sería el texto que un hipotético grupo parlamentario comunista hubiera entendido como el mejor para el reconocimiento integral de las personas que fueron víctimas de la represión. Se queda corto y ambiguo en la mayoría del articulado que la vertebra; sólo en dos aspectos, la condena del régimen franquista con el reconocimiento de que la dictadura cometió violaciones graves de derechos humanos durante su existencia, y la responsabilidad que da al Estado en la localización, exhumación e identificación de los restos de personas desaparecidas y enterradas aún en fosas comunes, que no aparecían en el texto inicial, vemos validez del conjunto del resultado del consenso. La retirada de la simbología franquista tiene más de sentido común que de otra cosa, aunque sea positiva y tardía, pero no deja de ser paradójica con el mantenimiento del sepulcro del general golpista y dictador en el valle de Cuelgamuros y en un recinto de titularidad pública edificado, además, con mano de obra procedente de los encarcelados políticos.

Por todo, y ya que la Ley será aprobada por mayoría en el Pleno de las Cortes del próximo día 31 de octubre, para el Partido Comunista de España, que pese a su cortedad e insuficiencia, será como marco para que sus militantes continúen avanzando, en el desarrollo de la misma, en dos aspectos que nos siguen siendo imprescindibles:

- La anulación definitiva de TODOS los juicios y sentencias del franquismo, como consecuencia de la condena que la Ley hace de la dictadura y sus consecuencias.
- La recuperación de la memoria colectiva de los vencidos en la guerra civil como parte integrante de nuestro pasado reciente y por el derecho democrático del conocimiento de la verdad.

El PCE seguirá insistiendo, por las vías en que sea posible hacerlo, para que sean ratificados en España todos aquellos acuerdos y protocolos internacionales que no lo hayan sido todavía y que tengan relación con los crímenes de guerra y la imprescriptibilidad de los mismos.

Memoria PCE
28 de octubre de 2007

 
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