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PROPUESTA PROGRAMA IU - INMIGRACIÓN - ELECCIONES 2004


Compromiso para la defensa del derecho de asilo y refugio



Secretaría de Política Social y Area Migraciones de Izquierda Unida / feb 04

ANTECEDENTES

El derecho de Asilo, reconocido en nuestra Constitución (Art. 13) como un derecho fundamental, está regulado por la Ley 5/1984, modificada por la Ley 9/1994, y su Reglamento data de 1995. Por otra parte, nuestro país ratificó, en 1978, la Convención de Ginebra (1951) y el Protocolo de Nueva York (1967), las dos normas más importantes, a nivel internacional, de protección del Asilo y el Refugio.

La Ley de 1984, que suscitó un amplio debate entre las fuerzas políticas (no existía IU, pero el PCE jugó un papel determinante, por su especial sensibilidad ante el exilio y la emigración españolas), sufrió un notable retroceso con la reforma introducida por el PSOE en 1994.

A partir de ahí, con el ascenso al poder del PP y las políticas defensivas y claramente retrógradas de la UE (especialmente en los últimos años, en que el Asilo pasa a ser uno de los “daños colaterales” de la “lucha de la comunidad internacional contra el terrorismo”), el tratamiento que se da a lo que fue “buque insignia” de la Europa y la España democráticas, va en continuo retroceso, quedando en nada el avance que supuso la Convención de Addis Abeba de 1969, que quiso extender el amparo a los desplazados por hambre o violencia interna. Antes al contrario, hoy se niega la protección a quienes las padecen, e incluso se han hecho y se están haciendo devoluciones masivas de inmigrantes y de peticionarios de asilo o refugio, cuya solicitud es denegada, a países conocidos por sus conflictos sangrientos y la sistemática violación de los derechos humanos más elementales, incluido el derecho a la vida, conculcando el principio de “no devolución” establecido para tales situaciones.

El Asilo y el Refugio se han convertido, asimismo, en un instrumento de estrategia geopolítica, para dar el marchamo de democrático o quitárselo a los países en desarrollo que se mueven –según sea a favor o en contra- en el círculo de intereses de los “grandes”. Nuestro país es un buen ejemplo: mientras el Gobierno denuncia asesinatos masivos y violaciones terribles de los derechos humanos en el Iraq de Sadam, para justificar una guerra injusta e ilegítima, el tratamiento de las solicitudes de asilo de kurdos e iraquíes han sido denegadas en su práctica totalidad, Algo similar ocurre, por poner otro caso, con la Colombia desangrada por conflictos interminables, o con las devoluciones a Nigeria (país con el que incluso de ha firmado un Convenio de admisión de sus nacionales), de donde procede un buen número de solicitantes y donde algunas mujeres repatriadas, por ejemplo, pueden ser lapidadas por embarazo “ilegítimo” o adulterio (el derecho de asilo no está reconocido aún a la violencia contra las mujeres por parte de los Estados, de las partes en conflicto o de las costumbres, ni por motivos de orientación sexual, pese a que en algunos países cualquier “desviación” de la pauta establecida es castigada duramente). Por el contrario, se es mucho más proclive a acoger a refugiados cubanos, considerados víctimas, en este caso sin lugar a dudas, de un régimen inhumano.

El Estado español, en todo caso, deniega más del 95% de las solicitudes que recibe, pese a que el número de las mismas decrece año tras año por las restricciones impuestas a su concesión, pero también por otro tipo de “instrumentos” jurídicos y administrativos al uso, algunos de ellos muy eficaces: la imposición del visado, que supone una barrera casi infranqueable para quienes necesitan huir porque su vida o su integridad peligran; la figura de la “inadmisión a trámite”, que elimina la posibilidad siquiera de que la solicitud sea considerada, y, finalmente (por señalar solo lo más destacado), siguiendo las orientaciones de las políticas comunitarias, la transmisión de funciones de vigilancia de fronteras a las compañías privadas de transporte, que pueden rechazar el embarque, para viajar por tierra, mar o aire, a cualquier persona que no cumpla estrictamente los requisitos previstos, tal como se acaba de aprobar (con la amenaza de fuertes multas por su incumplimiento) en la nueva Ley de Extranjería. Y al caer está que la UE apruebe un listado de lo que consideran “países seguros”, cuyos nacionales no podrán solicitar asilo o refugio en los Estados miembro, ya que serán rechazados automáticamente.

Por último, hacer mención al tratamiento deplorable que se da a quienes llegan, fundamentalmente a nuestras costas peninsulares o canarias y a las ciudades de Ceuta y Melilla, a través de Marruecos, en buena parte demandantes de asilo, que no recíben ningún tipo de información ni asistencia jurídica previa a la solicitud, e incluso se les niega cualquier tipo de atención humanitaria, impidiendo, en muchos casos, la ayuda de ONGs solidarias. Tal ha sido el suceso reciente en Ceuta, donde se desmanteló por la fuerza un campo de refugiados instalado precariamente por Médicos sin Frontera para dar cobijo y asistencia sanitaria a una población desamparada, viviendo a la intemperie y sin los medios de subsistencia más elementales (en su inmensa mayoría demandantes de asilo), que llegó a superar, en algunos momentos, las 500 personas.

La obsesión de los países desarrollados por la “seguridad”, empeñados en levantar barreras en un mundo que cada día hacen más injusto e inseguro, arrasa la conquista de derechos que han marcado hitos en la historia de la humanidad, hasta el punto de calificar de demagogos, radicales e irresponsables a quienes defendemos los valores civilizatorios que comportan, y, en esta materia en concreto, el punto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: “EN CASO DE PERSECUSION, TODA PERSONA TIENE DERECHO A BUSCAR ASILO, Y DISFRUTAR DE EL, EN CUALQUIER PAIS”.

NUESTRO COMPROMISO

  • Una nueva Ley de Asilo y Refugio, con rango de Ley Orgánica -como nombra la Constitución a la norma que regule derechos fundamentales de la persona, entre los que incluye el Asilo- que contenga una definición amplia de la figura de asilado, siguiendo las orientaciones de la Convención de Addis Abeba de 1969, superadora de la Convención de Ginebra.
  • Reconocimiento, en dicha Ley, del derecho al asilo con motivo de la violencia y persecución contra las mujeres, o por la orientación sexual.
  • Respeto al principio de no devolución, de manera que nadie pueda ser devuelto o expulsado a un país donde se produzcan violaciones de los derechos humanos y exista la posibilidad de que su integridad peligre.
  • Garantías de información, de asistencia letrada y de intérprete, etc., y derecho a un recurso efectivo, con suspensión de la devolución, en su caso.
  • Eliminación de los obstáculos al ejercicio efectivo del Derecho de Asilo y Refugio, como es el caso de la “inadmisión a trámite” o las competencias otorgadas por la Ley de Extranjería a las compañías de transportes.
  • Formación adecuada de los Cuerpos de Seguridad, de los Funcionarios de Prisiones y del resto de las administraciones afectadas en materia de derechos humanos y protección de los mismos, cuya valoración será tenida en cuenta en la fijación de destino, promociones y ascensos.
  • Finalmente, en el marco europeo nos opondremos a cuantas medidas obstaculicen o impidan en la práctica el ejercicio del Derecho de Asilo y Refugio.

 
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