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PROPUESTA PROGRAMA IU - INMIGRACIÓN - ELECCIONES 2004


De inmigrantes a ciudadanos



Secretaría de Política Social y Area Migraciones de Izquierda Unida / feb 04

INTRODUCCION

Un mero repaso a nuestro Programa para las elecciones generales de 2000, con la Ley 4/2000 recién aprobada (por todos los grupos políticos, excepto el PP), pone de manifiesto el enorme retroceso que han experimentado las políticas migratorias en los cuatro años transcurridos. La involución tiene unas dimensiones gigantescas.

El caos normativo y administrativo o de la simple gestión se expresa claramente en las tres reformas aplicadas a la Ley Orgánica en ese corto periodo (de la LO 7/85 a la 4/2000 mencionada, que se modifica por la 8/2000 y ahora por la 14/2003), trufado, también, por otras normas menores: Reglamento (que excede, endureciéndola, a la propia Ley y se hace acreedor de una Sentencia del Tribunal Supremo derogando 13 de sus artículos), acuerdo del Consejo de Ministros que violenta la Ley en vigor decidiendo prácticamente el cierre del Régimen General y el establecimiento del Cupo o Contingente como única vía de entrada legal... Además de un sin fin de circulares, órdenes internas, etc.

A diferencia de la 8/2000, apoyada casi en solitario (con Coalición Canaria, siempre tan dispuesta al mandato del Gobierno) por el PP, la nueva Ley 14/2003 (en vigor desde el 22 de Diciembre), que consolida los atropellos de la anterior y los amplía, tiene el dudoso mérito de haber logrado el voto favorable del PSOE, junto a PP y CC.

Las consecuencias de estos cambios erráticos, recogidos, ampliados y ordenados ya en la Ley 14/2003, van desde la negación de derechos fundamentales de las personas y más específicamente de los trabajadores y trabajadoras (los de asociación y reunión, de manifestación y huelga, reconocidos con carácter universal en la 4/2000), si no tienen los “papeles” en regla”, hasta un sistema de entradas (restringido en esencia al Cupo o Contingente, con estrepitoso fracaso en estos años) que hace prácticamente imposible la entrada en condiciones de legalidad, pasando por la “recuperación” de los Centros de Internamiento (que se hacían innecesarios con la 4/2000) y la expulsión como única medida de aplicación a quienes carezcan de los permisos administrativos. Súmese a ello el cierre “de facto” del Régimen General antes dicho (única vía de contratación legal para “los que están aquí”), las restricciones al Reagrupamiento Familiar, el tratamiento y las expulsiones indiscriminadas de los Menores (en violación de todas las normas –nacionales e internacionales- que les protegen), la merma de la protección judicial frente a las acciones administrativas, la utilización del padrón como instrumento de control y represión policial, las ilegítimas facultades conferidas a las compañías de transportes privadas, etc. Por último, la corrosiva campaña de intoxicación que relaciona inmigración con inseguridad ciudadana, con delincuencia e incluso con terrorismo.

Los resultados no pueden ser más evidentes:

  • Frente a la “cultura de la legalidad” para erradicar la “inmigración ilegal” con que pretendían justificar estas actuaciones, nos encontramos el aumento, hasta límites insostenibles, de la población inmigrante “sin papeles” (algunos cálculos la elevan a un millón de personas), cuya condena a la expulsión (y a la penalización que conlleva de 10 años sin poder volver a España o a otro país de la UE) o a vivir en la clandestinidad, les sitúa al borde de la desesperación y de la “no existencia”. Este aumento exponencial y el más dramático de las muertes en el Estrecho o en las cercanías de las costas canarias, son el claro exponente del fracaso de las políticas basadas en la ficción de los Cupos (para contratar exclusivamente en los países de origen), en la represión policial y en el “blindaje de fronteras”.
  • Frente a la “integración”, tenemos la institucionalización de la segregación y de la discriminación, con extensión muy preocupante de comportamientos racistas y xenófobos en nuestra sociedad, que se manifiesta en todos los ámbitos: laboral, convivencia, educación...
  • Frente a la seguridad jurídica del Estado de Derecho, la indefensión generalizada del colectivo inmigrante ante la actuación de las mafias, la sobreexplotación laboral o los abusos en la esfera privada y administrativa, que trasciende ya a los “sin papeles” y afecta a quienes, en un momento determinado, disponen de permisos, dada la inseguridad jurídica y el trato discriminado en que les sitúan las propias normas de extranjería, en un ambiente social entre el temor y el rechazo.

Todo lo anterior no solo supone la negación del Estado de Derecho y el cuestionamiento del propio sistema democrático sino que, entre sus consecuencias más visibles e inmediatas, aparece como un factor de desestabilización social y de degradación de la convivencia muy importante.

Son muchos los déficits y problemas que aquejan a nuestras sociedades, algunos de los cuales pueden paliarse -como todo tipo de organismos y expertos proclaman- por la vía de la inmigración (pérdida de población por el bajo índice de natalidad y el acelerado proceso de envejecimiento, necesidades no cubiertas del mercado laboral). Pero otros dependen, en exclusiva, de la correlación de fuerzas y de las acciones internas, y son éstos los que se está haciendo gravitar sobre los inmigrantes, a los que, con no demasiada sutileza, se señala como causantes de nuestros males endémicos: una profunda desregulación del derecho del trabajo y del mercado laboral -con sus secuelas de precariedad, baja calidad del empleo, salarios insuficientes-, paro, bolsas de pobreza, falta de viviendas, deficiencias del sistema sanitario y del sistema educativo, práctica inexistencia de unos servicios sociales públicos que atiendan las nuevas necesidades...

Es fácil, en ese contexto, que las proclamas racistas y xenófobas calen en la población y que el Gobierno logre cubrir –a costa de “los otros”- las vergüenzas de un gasto social mermante y de necesidades básicas sin atender -pese al crecimiento económico- inmerso, como está, en el “déficit cero” y en políticas y reformas fiscales que benefician a los menos, perjudicando a los más. Y resulta muy difícil, con una opinión pública atemorizada y, en amplios sectores, con graves problemas de empleo, de vivienda, de listas de espera, de llegar a fin de mes, contrarrestar esos mensajes envenenados, sin sufrir la acusación de demagogia, radicalismo, irresponsabilidad política y otras similares. Nada más lejos de la realidad, si resulta que la “radicalidad” consiste hoy en exigir el cumplimiento de normas tan añejas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de hace más de medio siglo, la Convención de Ginebra de 1951, en materia de Asilo, o la Convención de los Derechos del Niño y una multitud de Tratados internacionales suscritos todos por nuestro país, y hasta ahora conmemorados con grandes celebraciones y nunca formalmente cuestionados.

La existencia de problemas objetivos -como los mencionados- en nuestras sociedades desarrolladas y las campañas de descrédito, incluso la eventual pérdida de apoyos, no pueden mermar en ningún caso, sin que suponga una dejación de principios muy grave, una renuncia a los valores en que se sustenta el Estado de Derecho y la convivencia democrática –es decir, una auténtica irresponsabilidad política para la izquierda- nuestra demanda de una sociedad donde se respeten, al menos, las libertades y derechos formalmente reconocidos por Tratados, Constituciones y Leyes, sin discriminación alguna, que es, justamente, lo que propugnamos, una vez más, en nuestras propuestas al electorado.


PROPUESTAS PARA UNA POLITICA ORIENTADA A LA IGUALDAD DE DERECHOS Y CONTRA LA SEGREGACION DE LOS INMIGRANTES

Como medida legislativa prioritaria, una Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España que responda realmente a su nombre y contenga:
  • El reconocimiento de todos los derechos fundamentales de las personas, como tales (que no pueden depender de su situación administrativa ni de ninguna otra contingencia), incluidos los de asociación, reunión, manifestación y huelga, ahora negados a quienes no tienen regularizada su residencia.
  • El reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo a los titulares de permiso de residencia permanente. A los dos años de residencia, derecho de sufragio en las elecciones municipales y europeas.
  • Un sistema de entradas y de acceso al mercado laboral ágil y con un permiso único de residencia y trabajo, que contemple también el permiso para búsqueda de empleo por un mínimo de 6 meses. Dicho sistema tendrá en cuenta, entre otros criterios, los de carácter humanitario, los compromisos internacionales y las necesidades sociales y económicas de nuestro país. A los trabajadores extranjeros se les garantizarán los mismos derechos y obligaciones que a los nacionales en cuanto a condiciones de contratación, salarios, protección social, etc.
  • Plenas garantías jurídicas ante todos los actos de la administración, como corresponde a un Estado de Derecho, incluyendo la asistencia letrada gratuita, de traductores, etc., en caso de necesidad, e igualdad en los procedimientos jurídicos y administrativos, así como de acceso a los servicios públicos.
  • Un sistema de Reagrupación Familiar que garantice y facilite el ejercicio de este derecho, en sentido amplio, dotando a las personas reagrupadas de permiso propio.
  • Procedimientos de regularización reglados y normalizados, que minimicen la acumulación de inmigración clandestina sin necesidad de recurrir a procedimientos extraordinarios. Como disposición transitoria, regularización inmediata de quienes hayan tenido permisos con anterioridad, de quienes demuestren arraigo, en un sentido amplio (incluyendo haber vivido en territorio del Estado español un año o más), de quienes acrediten estar trabajando, etc.
  • Protección y tutela de los Menores extranjeros no acompañados, en consonancia con los Tratados internacionales y con la Ley del Menor, documentando y prestando el apoyo necesario para su inserción social a los que alcancen, tutelados, la mayoría de edad.
Otras reformas legislativas y de políticas sociales, que impulsará IU, deberán contemplar:
  • La del Código Civil, en materia de nacionalidad, para eliminar obstáculos que la hacen difícilmente accesible.
  • La del sistema educativo, eliminando los “itinerarios” segregacionistas y fortaleciendo la escuela pública y laica como elemento esencial para la igualdad ciudadana y la lucha contra la discriminación.
  • Una acción administrativa y de apoyo social a la inmigración descentralizada, donde las CC.AA. y los Municipios tengan claras competencias en la materia y recursos suficientes, y en la que las materias de Interior queden limitadas a sus estrictas competencias, dando la preeminencia que corresponde en el tratamiento de la extranjería a los aspectos sociales (salud, educación, vivienda...) y laborales.
  • Creación de un Plan Estatal de Lucha contra el Racismo, en cumplimiento del compromiso adquirido por nuestro país a raíz de la Conferencia Mundial sobre Racismo y Xenofobia, así como la ratificación inmediata de la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y sus Familias, tal y como está reclamando Amnistía Internacional.

Todas estas medidas y otras que las complementan irán orientadas a la consecución de la igualdad en función del derecho de ciudadanía, eliminando la fundamental discriminación por razón de nacionalidad y sentando las bases para erradicar las que se producen por motivos de etnia, de religión, etc., como reclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros Tratados internacionales, además de la propia Constitución española.

 
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