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Melilla y Ceuta. Represión y muerte en la frontera



Secretaría de Emigración e Inmigración del PCE / 05 oct 05

UNA DEUDA IMPAGABLE CON LOS DERECHOS HUMANOS

La violación de los derechos humanos (y fundamentalmente del derecho de Asilo y Refugio) por el Estado Español, en especial en los pasos fronterizos y en las ciudades de Ceuta y Melilla, no es nueva. Numerosas denuncias e informes de distintas organizaciones e instituciones han dejado y siguen dejando constancia de ello. Las muertes en el Estrecho o en aguas de Canarias y ahora en las fronteras de Ceuta y Melilla (sin que se conozcan con certeza ni se puedan contabilizar las que se producen en aguas o territorio de Marruecos, de Argelia o Mauritania, en un tránsito infernal), son “daños colaterales” sin responsables.

El informe de MEDICOS SIN FRONTERAS hecho público días atrás, que obra en poder del gobierno y de todos los grupos políticos, da cuenta del horror y es uno más de los emitidos en otras ocasiones por esta organización. Entre algunos recientes, podemos también citar el de AMNISTIA INTERNACIONAL “España. Frontera Sur”, publicado hace unos meses, los de la RELATORA ESPECIAL DE LA COMISION DE DD.HH. DE NN.UU., de 2003-2004, tras su visita a dichas ciudades; los de HUMAN RIGHT WACHT, de 2002, de CIMADE, en 2004, de ACNUR, ECRIN, SOS RACISMO, PRODEIN (que opera localmente en Melilla en el tema de menores)... por no hacer la lista interminable, sin olvidar las reiteradas referencias en los Informes Anuales del DEFENSOR DEL PUEBLO y en los informes anuales de CEAR de los años 2003, 2004 y 2005.

El Estado Español, con gobiernos del PP o del PSOE, no solo ha hecho oídos sordos a estas denuncias sino que ha ido extremando sus políticas represivas.

¿SEGURIDAD vs DERECHOS?

El falso dilema: o seguridad o derechos y libertades, al que se nos quiere enfrentar, nos obliga a reafirmar lo que debería ser obvio y hoy se cuestiona:

· Pese a su carácter más formal que real, como se pone de manifiesto cuando confrontan con los intereses del capital y sus poderes fácticos, el conjunto de instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos, con carácter universal, suponen un hito civilizatorio en la historia de la humanidad que hay que preservar.

· El derecho de salvaguardar sus fronteras, reconocido a los Estados, tiene que ser compatible, como cualquiera otra de sus competencias, con los límites y las reglas que marca el Estado de Derecho, basado en los Tratados Internacionales, las Constituciones y las leyes. El control de fronteras en tiempos de paz no goza de “patente de corso”.

· De la misma forma, los compromisos del Estado Español con sus socios europeos, como “Frontera Sur” de la UE, no están ni pueden estar por encima del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de DD.HH., de los que es parte, ni de la Constitución y las leyes del Estado.

· El artificio creado por el gobierno de unas zonas “extraterritoriales” o “tierras de nadie” entre las dos vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, en los que supuestamente no existe la obligación de aplicar los Tratados y las leyes, no resiste el más mínimo análisis: en el Derecho Internacional NO HAY TERRITORIOS SIN LEY NI PERSONAS SIN DERECHOS (excepto si se da por buena la “doctrina Bush”)

· La militarización de las fronteras en estas dos ciudades configura una suerte de “estado de excepción o de guerra” y el tratamiento como “enemigos” -sin derechos- de los inmigrantes. La desproporción de los métodos y medios utilizados para repeler sus “ataques” es escandalosa. Sin embargo, NI LA SEGURIDAD NI LA INTEGRIDAD DEL TERRITORIO DEL ESTADO ESTAN AMENAZADOS. NO HAY EJERCITO ENEMIGO NI PAIS HOSTIL QUE NOS PRETENDA INVADIR

CAMPAÑA DE INTOXICACION

· El gobierno (por no mencionar la ultra-reaccionaria actitud del PP), con la colaboración lamentable de algunos medios de comunicación, está intentando crear esa percepción en la opinión pública, lo que supone un acto extremo de irresponsabilidad. En ese sentido, se está magnificando el problema, ya que el número de personas que entran a nuestro país por este sistema representan un porcentaje mínimo sobre el total que lo hace, de manera irregular, por otros puestos fronterizos (Francia, Barajas, El Prat...) Alentar en la sociedad la inseguridad, el temor y, consecuentemente, el rechazo hacia el inmigrante “invasor”, puede tener consecuencias imprevisibles en términos de convivencia, racismo y xenofobia.

* Es intoxicación atribuir la concentración de “asaltos” en las últimas semanas a “operaciones de las mafias”, obviando el estado de desesperación y el agravamiento de las ya difíciles condiciones de supervivencia que ha producido en estos colectivos el recrudecimiento, en ese mismo periodo, del brutal acoso por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes -bajo presión del gobierno español y de la UE- o el anuncio de la subida de las vallas, del aumento de las fuerzas de seguridad y la intervención del Ejército y la Legión, por no hablar de la posible reactivación del Acuerdo con Marruecos para la readmisión de los subsaharianos, o la proximidad de los rigores del invierno.

· La lucha contra las mafias de trata de seres humanos, que goza del más amplio respaldo en nuestras sociedades, está sirviendo de coartada para la violación de DDHH, convirtiendo a las víctimas en el objetivo central de la represión. ES DAÑINA Y DEMAGOGICA LA IDENTIFICACIION PERVERSA DE “LUCHA CONTRA EL TERRORISMO, CONTRA LAS MAFIAS Y EL CRIMEN ORGANIZADO, CONTRA EL NARCOTRAFICO.... Y LA INMIGRACION ILEGAL”, que provoca una asociación indeseable, peligrosa e injusta en el imaginario popular.

· Desde nuestro punto de vista, se intenta provocar este estado de inseguridad y temor en la opinión pública para hacer “digeribles” y que incluso se demanden medidas excepcionales de mayor dureza, aún a costa de allanar derechos fundamentales.

LAS SOLUCIONES

· Hasta los medios más proclives y los propios cuerpos de seguridad que operan en los pasos fronterizos reconocen públicamente que ni el empleo de la fuerza, ni los blindajes o las vallas, por mucho que se sigan elevando, ni siquiera el riesgo de perder la vida en el intento, detendrá a los desesperados, como han demostrado los “asaltos” posteriores al despliegue de la Legión y el Ejército y pese a las amenazas de mayor rigor represivo; o como pone de manifiesto a diario el drama de las pateras, con su macabra estela de muertos y desaparecidos.

· Esa mínima parte de la humanidad que supone el mundo desarrollado, al que pertenecemos, no puede pretender seguir manteniendo al otro 85% sumido en la degradación y la miseria, sin coste alguno, simplemente blindándose en sus fronteras; sencillamente porque es irreal. Es obligado recordar aquí el Informe de NN.UU. sobre Desarrollo Humano, recién publicado, donde no solo se constata que no ha habido avances en la última década, sino que algunos de los países del Africa subsahariana –que agoniza sin paliativos- incluso retroceden. Entre ellos, Camerún, Costa de Marfil, Congo, República de Congo y otros en grado de extrema pobreza o inmersos en conflictos sangrientos, de los que procede la mayoría de los inmigrantes que “asaltan” nuestra frontera sur y desembarcan –o mueren también- en las pateras, muchos de los cuales tendrían derecho al Asilo.

· La solución últimamente barajada de “campos de internamiento” en los países de tránsito, fuera del territorio de la UE (que ya proliferan), debe ser tajantemente rechazada. Primero, porque no es solución: seguirán llegando por medios ahora inimaginables, con más riesgos para sus vidas, más sufrimientos y más negocio para las mafias. Pero en segundo lugar, porque repugna o debe repugnar a cualquier conciencia democrática subcontratar el trabajo sucio de “control de la inmigración”, como eufemisticamente se le llama, con países donde el respeto de los DD.HH. brilla por su ausencia y la arbitrariedad, la corrupción y la tortura son moneda común.

· Por otra parte, es una realidad innegable que los países desarrollados necesitan, para el mantenimiento de su desarrollo económico (por el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad, así como para abaratar costes y ser más “competitivos”) de la mano de obra que proveen los países menos desarrollados o empobrecidos. Un ejemplo palpable lo tenemos en nuestro país.

· La resultante es una difícil cuadratura del círculo, que se pretende solventar con la atracción de esa mano de obra, pero controlada y limitada a la estricta demanda de nuestros sistemas productivos. No pueden venir quienes quieran o lo necesiten, sino los que en cada momento requieran los intereses del sistema. Quienes transgredan esta regla deben saber –en palabras de una responsable del gobierno- que les espera la expulsión o la muerte..... Pero seguirán llegando, seguirán siendo víctima de la sobreexplotación, los abusos y las injusticias, alimentando -de manera consentida- la economía sumergida (que sigue boyante) o vagando como los nuevos parias por nuestras calles y plaza, con un expediente de expulsión bajo el brazo por toda seña de identidad.

· En definitiva, no hay soluciones reales si sigue sin abordarse el problema de fondo, como ha venido ocurriendo durante décadas -pese a los llamamientos desesperados de la siempre ineficaz NN.UU., cuando se trata de este tipo de acciones-, en que han primado los intereses depredadores de los más fuertes, ante la ceguera consciente –e interesada- de los mismos gobiernos que hoy crean alarma, lejos de asumir las consecuencias de su irresponsabilidad.

· La solución sólo es posible a medio y largo plazo, con medidas efectivas para la erradicación de la pobreza (la abolición de la deuda externa, entre otras), planes de codesarrollo que revierta en los países de origen parte de la riqueza que generan en los países de acogida, cese del apoyo y del comercio de armas con regímenes corruptos y sangrientos que sojuzgan y exprimen a sus pueblos, impulsando a la emigración a lo mejor y más formado de su juventud, imprescindible para su recuperación y desarrollo, etc., etc.

· En lo inmediato y con carácter urgente, por lo que se refiere a Ceuta y Melilla, hay que exigir, en sentido opuesto al camino emprendido el gobierno de Rodríguez Zapatero:

1) La retirada inmediata de las fuerzas del Ejército y de la Legión.
2) El cese de la represión violenta y desproporcionada por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
3) El respeto escrupuloso de la legalidad vigente (pese a sus limitaciones), dando el tratamiento que ésta determina a quienes acceden a territorio español (entendiendo que el espacio entre las dos vallas lo es), con especial énfasis en la atención a los potenciales demandantes de Asilo y cesando de inmediato las devoluciones y deportaciones ilegales.
4) Disponer los recursos necesarios para la atención humanitaria, alojamiento, etc., de quienes han llegado a nuestro territorio, agilizando los acuerdos con las CC.AA. –dotados de recursos- para los traslados a la península, a fin de evitar la masificación en ambas ciudades.
5) Revisar con urgencia el tratamiento que se da a los “inexpulsables”, de manera que, en el caso de aquellos que no sean susceptibles de obtener el estatuto de refugiado, se les documente para que puedan integrarse, acceder a un trabajo, etc.

Finalmente, hay que plantear la modificación de la Ley de Extranjería y su Reglamento, que niegan derechos fundamentales en función de la situación administrativa, hacen prácticamente imposible la entrada y permanencia en situación legal de un número significativo de inmigrantes -situando cíclicamente de nuevo en la clandestinidad a quienes lo consiguen- y en los que la acogida humanitaria, la reagrupación familiar o la protección efectiva de los menores en situación de desamparo suponen una carrera de obstáculo, a veces insalvables. Al mismo tiempo, exigimos la aplicación del principio de “no devolución” con absoluto rigor y la inclusión de cláusulas de garantías de respeto a los DD.HH. en los acuerdos de readmisión existentes con algunos de los países de tránsito, responsabilizándose el Estado Español de su cumplimiento.


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NOTA DE URGENCIA. Terminado este escrito, se conoce el anuncio del Ministro del Exterior de la aceptación por parte de Marruecos de la puesta marcha del Acuerdo de readmisión de subsaharianos (o no nacionales del reino alauita) que utilicen para entrar en nuestro país sus fronteras con Ceuta y Melilla. A expensas de un comentario más amplio y documentado, conviene advertir lo siguiente:

1) La devolución de inmigrantes subsaharianos a Marruecos (que ya se está haciendo ilegalmente) significa la condena a muerte de muchos de ellos, teniendo en cuenta que, como advierte en su informe M.S.F. el 44% de las heridas, lesiones y malos tratos que sufren estas personas son consecuencia del trato inhumano por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. El envío de tropas del ejército de dicho país a las fronteras con Ceuta y Melilla hace temer un aumento incontrolado del número de muertos y heridos.
2) Las noticias que están llegando de la deportación de cientos de inmigrantes a un punto alejado y desértico de la frontera con Argelia, y al desierto de la frontera con Mauritania, una enorme zona deshabitada, sin posibilidad de acceso a agua ni comida y en un estado de salud lamentable (con la consecuencia, en los primeros días, de más de 20 muertos), caso de confirmarse, agravaría aún más lo dicho anteriormente. Entre ellos se encuentran peticionarios de asilo, así como mujeres y niños.
3) La devolución, una vez superada la primera valla, que es sin lugar a dudas territorio español, en ningún caso puede ser automática (como se está diciendo), sino que están obligados a aplicar los trámites previstos en la propia Ley de Extranjería y garantizar la posibilidad de presentar solicitud de Asilo a quienes aleguen persecución o peligro para su vida o integridad, así como la protección de los menores, mujeres embarazadas, etc.
4) Exigimos, por todo lo anterior, la inmediata suspensión del Acuerdo de readmisión España-Marruecos, ahora reactivado, y el cese de las deportaciones.

 
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