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Inmigración: Empadronamiento por omisión


A los cargos públicos municipales de IU



Izquierda Unida Federal / 20 abr 05

En relación con el llamado “proceso de normalización” de inmigrantes y las nuevas medidas sobre “empadronamiento por omisión”, la Permanente Federal de IU, a propuesta del Area de Migraciones, da las siguientes orientaciones a sus cargos públicos en las Administraciones Locales –especialmente a quienes ostentan las Alcaldías o participan en los gobiernos municipales-, con algunas consideraciones previas, necesarias para evitar falsas expectativas:

CONSIDERACIONES PREVIAS

1. El actual “proceso de normalización de inmigrantes” está concebido no en clave de reconocer a éstos su existencia y sus derechos, en función de que vivan, trabajen, tengan familia, etc. durante un tiempo determinado en nuestro país, sino en clave de “mercado laboral”. De ahí que la condición última y decisiva, una vez superados los obstáculos del padrón, el certificado de penales, etc., sea disponer de un contrato de trabajo en firme.

2. En esta lógica, el Estado, las Administraciones Públicas asumen el papel subalterno de poner a disposición del “mercado”, en buenas condiciones, la mano de obra que necesite. Pero son los empleadores los que van a determinar quiénes serán “normalizados” o no, quiénes acceden o no a la legalidad.

3. Este planteamiento hace que las y los inmigrantes se vean obligados a aceptar, en muchos casos, condiciones leoninas para obtener el contrato (desde pagar para conseguirlo, hasta asumir por su cuenta el coste de las cotizaciones a la Seguridad Social), lo que contribuirá a una mayor distorsión de nuestro mercado laboral, sin que se disponga de mecanismos reales (la Inspección de Trabajo no tiene los recursos necesarios y se verá completamente desbordada) para su control en materia de cumplimiento de la normativa laboral, jornada, salarios, etc.

4. El objetivo declarado de hacer “aflorar” la economía sumergida, un problema crónico de nuestro país, que supone más del 20% del PIB, ante el mirar hacia otro lado de los gobiernos, no solo es irreal por esta vía (requeriría, si hubiera de verdad voluntad, de medidas múltiples e infinitamente más contundentes), sino que supone cargar sobre la inmigración una penalización adicional que no le corresponde y desnaturalizar las políticas migratorias propias de un Estado de Derecho.

5. Este proceso, tal como está concebido, no solucionará (o solo lo hará en escasa medida y en el corto plazo) el problema de la “bolsa” creciente de inmigrantes en situación irregular -de entrada o sobrevenida cíclicamente-, que tampoco ayudará a solucionar el nuevo Reglamento, por el carácter restrictivo que le imprime la Ley de Extranjería aprobada en su momento por PP y PSOE. De ahí que sigamos poniendo el énfasis en la necesidad de derogar esta Ley y sacar adelante, con la actual mayoría en el Congreso, una auténtica Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España.

ORIENTACIONES

Pese a estas consideraciones, emplazamos a nuestros cargos públicos municipales:

1. A facilitar al máximo los procedimientos fijados para el “empadronamiento por omisión”, poniendo a disposición de los inmigrantes todos los recursos de que pueda disponerse y exigiendo a la Administración central que asuma su responsabilidad de proveer de lo necesario a los Ayuntamientos, que se ven desbordados, más allá de sus competencias y medios materiales, por decisiones incomprensibles y en las que no han participado.

2. A reclamar, mediante mociones u otro tipo de iniciativas, la ampliación del plazo de finalización del proceso (el 7 de Mayo), claramente insuficiente.

3. A establecer líneas de colaboración que permitan el apoyo y el despliegue de las propias organizaciones de inmigrantes y de las que colaboran con ellas, en cada municipio o en los niveles regionales.

4. A establecer contacto con las organizaciones patronales, de agricultores, etc., para recabar su corresponsabilización con el proceso.

Madrid, 20 de Abril de 2005


NOTA: Se acompañan las “Nuevas aclaraciones” del INE, sobre la cuestión de los documentos válidos, así como la “Instrucción” del mismo tenor de la Dirección General de Inmigración. Ambos documentos fechados el 20 de Abril.

 
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