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Directiva de retorno de inmigrantes


Contra la directiva de retorno de la UE



Susana López / Mundo Obrero nº 201 junio 2008 / 11 jul 08

A lo largo de sus tres años de debate, desde el PCE e IU y otras organizaciones hemos venido denunciando los contenidos y objetivos que los gobiernos de los Estados miembros más influyentes de la UE pretendían con la llamada Directiva de Retorno (hoy conocida como Directiva de la vergüenza). Desde el GUE (grupo parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea), se ha desarrollado una actividad incesante en el ámbito de la Comisión de Libertades y en el propio P.E., y en 2005 promovió una campaña, que aún continúa, POR EL CIERRE DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS en Europa, con especial atención a los existentes en España e Italia, denunciando también las condiciones lamentables que se dan en muchos de ellos.

Dentro de esa campaña, se recordará la exposición sobre estos Centros montada en la Fiesta del PCE de 2006, donde se recogieron cientos de firmas.

Pese a la extensión de acciones similares en toda Europa y a los informes, propuestas y protestas de las organizaciones de Derechos Humanos con mayor reconocimiento internacional, el proyecto de Directiva -que en días próximos se pretende aprobar en la Comisión y en el Parlamento Europeo- no solo no ha mejorado sino que se ha ido endureciendo, hasta perfilarse con sus tintes más siniestros; y aún es susceptible de empeorar, por considerarlo "blando" algunos Estados miembros.

Sus aspectos perniciosos más destacables son:
1) La institucionalización de la figura de retención o internamiento, mediante la cual se puede privar de libertad (es decir, detener y encarcelar) a cualquier persona extranjera no comunitaria que resida en un país de la UE en situación administrativa irregular, sin que haya cometido ningún delito y con menos garantías jurídicas que las que prevén las leyes penales para un delincuente. Esta medida ya existe en la mayoría de países (España entre ellos), pero bordeando la legalidad, por lo que ahora se le pretende dar rango legal a nivel comunitario, armonizando a la baja, como viene siendo norma de la casa.

2) Consagra los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), donde estas personas, si la Directiva es aprobada, podrían permanecer privadas de libertad y prácticamente incomunicadas hasta 18 meses (en nuestro país, en la actualidad, son un máximo de 40 días), de nuevo con menos garantías y derechos que en un centro carcelario. También abre la posibilidad de que sean internados en los CIEs menores de edad, algo inédito hasta el presente, por contravenir las normas internacionales de protección de los derechos del menor (amén, en el caso de España, de nuestra propia Ley).

3) Por ningún delito, salvo la mera falta administrativa de carecer de permiso en vigor, estas personas pueden sufrir un triple castigo simultáneo: la detención o privación de libertad, la expulsión (a un país que no necesariamente ha de ser el suyo de origen) y la prohibición de acceso a territorio UE de hasta 5 años.

Semejantes atrocidades jurídicas, que niegan el Estado de Derecho (¿sólo para los inmigrantes? ¿quiza también, más adelante, en versión adaptada a las comunidades gitanas? ¿a los huelguistas "violentos"?, ¿a los pobres de los ghettos u otros colectivos susceptibles de ser potencialmente percibidos como "peligrosos" para una sociedad "segura?,) van a ser perpetradas, si no logramos parar la Directiva, en nombre de una seguridad que nos ha sido arrebatada no por el inmigrante -que genera riqueza aunque unos pocos se la apropien- sino por la precariedad en el trabajo, los bajos salarios y las jornadas a la carta, el negocio especulativo con un bien necesario como la vivienda, la degradación de los servicios públicos o la endeblez de la protección social, convirtiéndonos en enemigos de nosotros mismos, en tanto que trabajadores asalariados, en aras del mercado, de la competitividad y de los suculentos beneficios del capital especulativo globalizado.

El escándalo suscitado por las medidas que anuncia el gobierno de Berlusconi y sus aliados fascistas son de una hipocresía repugnante, ya que los neofascistas italianos no hacen otra cosa que poner a las claras, sin subterfugios ni dobles lenguajes, lo que esta Directiva permitirá hacer, una vez aprobada por los 27 Estados miembros -con implicación activa y consciente de sus muy democráticos gobiernos- y el Parlamento Europeo, que en este caso está haciendo el papel deshonroso de ser más duro que la propia Comisión.

El Gobierno Socialista del Reino de España, que, pese a lo que quiere aparentar, ha venido manteniendo en el ámbito europeo una de las posiciones más extremas en lo que llaman "lucha contra la inmigración ilegal", alega ahora poco menos que razones humanitarias para apoyar la Directiva, al amparo de la cual, sin embargo, está dispuesto a endurecer aún más la normativa de Extranjería (prolongando el periodo de detención de los irregulares), que sigue siendo aquella tan denostada cuando la aprobó el Gobierno Popular de Aznar. Y tendrá que explicar, aparte cuestiones de forma, de modales o de "talantes", en qué nos diferenciamos de otros socios "incómodos" de la UE.

* Secr. de Migraciones del PCE

 
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