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Sobre el barco de los desheredados



Secretaría de Migraciones del PCE / 12 feb 07

El PCE exige una explicación en el Parlamento y a la opinión pública, así como una inmediata rectificación para la acogida

Desde hace más de una semana, un barco desvencijado, con casi 400 personas a bordo (entre las que parece haber menores y algunos enfermos), permanece a la deriva en las cercanías de las costas de Senegal y Mauritania (actualmente vigiladas por efectivos aéreos y marítimos españoles), sin que, salvo arrojarles algunas cantidades de comida, hayan recibido ninguna asistencia humanitaria, como requería a voces su dramática situación.

Según el relato que hemos podido seguir en los medios de comunicación, el barco, tras dos meses navegando en condiciones deplorables para sus ocupantes, fue localizado el 30 de Enero por un avión de reconocimiento español. Fue también un buque español, el Luz del Mar, el que intentó remolcarlo hacia la costa mauritana, una vez rechazada su acogida por parte de Senegal y bajo el firme propósito de que no pisaran nuestras tierras. A partir de ese momento, las negociaciones o, mejor dicho, el mercadeo entre nuestras autoridades y las de los países cercanos de Africa se han hecho interminables, con el único objetivo de ver cómo se deshacen de una “mercancía” por nadie deseada.

La similitud de esta situación con la de las personas al borde del naufragio que fueron acogidas por el pesquero Francisco y Catalina y sus dramáticas vicisitudes, ponen de manifiesto que no nos encontramos ante un hecho aislado sino ante la vulneración consciente del derecho internacional y, en concreto, del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, de 1979, que España, al menos, suscribió en su día. Es decir, el establecimiento e institucionalización de un doble rasero, que repugna a cualquier conciencia democrática, según el cual el Convenio sería de aplicación en exclusiva a quienes los Gobiernos determinen que son “verdaderos náufragos” y no a quienes, aún estando en peligro de naufragio, se presumen inmigrantes o peticionarios de asilo, cuya vida no sería obligatorio preservar.

El otro que se vulnera gravemente es el Derecho de Asilo, pues muchos de los afectados -por su procedencia, según lo que se conoce- podrían ser peticionarios de Asilo, como pone en evidencia la intervención (ciertamente, cada día más ineficaz y menos respetada por los Gobiernos) del Alto Comisionado de NN.UU. para los Refugiados (ACNUR). Pero, sobre todo, estos comportamientos gubernamentales arrasan con el Derecho Humanitario, llegando al extremo de negar el auxilio a personas en grave riesgo, como si el hecho de ser presuntos inmigrantes les despojara de su cualidad de seres humanos.

Ante las declaraciones de las autoridades canarias, negándose en rotundo a que fueran llevados a las islas (el territorio más cercano), siquiera para poderles asistir, y la negativa a acogerlos del Gobierno español (que sí es firmante del Convenio de 1979 y está obligado a cumplirlo, como todos los mencionados de carácter internacional), el PCE exige una explicación en el Parlamento y a la opinión pública, así como una inmediata rectificación para la acogida de estas personas, a las que se debe, si por un Estado democrático y de Derechos nos tenemos, la asistencia y el tratamiento del que son acreedores simplemente como seres humanos.

 
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