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Jornadas de Inmigración


Hoy han comenzado las Jornadas de Inmigración del PIE



Secretaría de Migraciones / 21 oct 06

Han comenzado las Jornadas de Inmigración organizadas por el PIE, que durante dos días reunirá a eurodiputados, y delegados del PIE, y de las federaciones de IU y del PCE.

Durante el sábado 21 y el domingo 22 se debatirá la propuesta de una política para la integración de la migración en Europa, en España, las experiencias municipales de Córdoba y el País Vasco, la inmigración y el trabajo y la inmigración subsahariana.

A continuación, la introducción a las Jornadas realizada por Susana López, responsable del Area Federal de IU de la Secretaría de MIgraciones del PCE:

La inmigración fue uno de los temas centrales en el I Congreso del PARTIDO DE LA IZQUIERDA EUROPEA (PIE), celebrado en Atenas en Octubre de 2005, bajo la conmoción por los terribles sucesos de las vallas de Melilla y la tragedia del aeropuerto de Schiphol, en Amsterdan. Fruto de aquel debate es el compromiso del PIE como tal y de las organizaciones políticas que lo componen de intercambiar experiencias e intervenir activamente en la toma de posiciones a nivel europeo, tanto en el terreno social y político como en el ámbito institucional, potenciando, en este caso, las acciones del GUE en el Parlamento Europeo, cuyas iniciativas –especialmente en la Comisión de Libertades- o campañas, como la actualmente en marcha por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, adquieren relevancia y constituyen una valiosa aportación a nuestra lucha, en los distintos países, por los derechos de los migrantes.

Estas Jornadas son, también, la materialización de aquel compromiso, y queremos agradecer la sensibilidad mostrada al elegir para ellas nuestro país, pues si bien el debate sobre las políticas migratorias atraviesa a todos los Estados de la Unión, es el Gobierno de España quien mayor empeño y esfuerzo está realizando para que el “control de los flujos” y la “lucha contra la inmigración ilegal” –que no una política común de garantía de los derechos y libertades de los residentes no comunitarios, en términos de ciudadanía europea, como exigíamos en la campaña contra el Tratado Constitucional- pase al primer punto del orden del día de la agenda europea.

Nuestra situación específica, respecto a la inmigración, pasa por un momento crítico. Un país de emigrantes –con casi dos millones de ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad española residiendo aún en el exterior- se ha convertido, en cuestión de dos décadas – con especial intensidad desde finales del siglo pasado-, en un país de recepción de inmigrantes. Y ello sin el esfuerzo equivalente en desarrollar sus “infraestructuras” sociales –ya de por si lastradas por enormes carencias y desigualdades- para hacer frente a una realidad que viene determinada por ciclos de fuerte crecimiento económico, una muy consolidada “economía sumergida” (20/25% del PIB), el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad y, señaladamente, el objetivo de una cada vez más salvaje desregulación del “mercado” laboral, para conseguir la bajada de los costes laborales en la que se pretende basar su mayor “competitividad”.

Los “asaltos” a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y la “invasión de los cayucos” –convenientemente sobreinformados por las propias autoridades y los medios de comunicación-, pese a su espectacularidad y el impacto que produce en la población, representan una cifra irrelevante respecto a las entradas por otras vías, pero han servido de oportuna coartada para la intensificación de las medidas represivas y apremiantes demandas de endurecimiento de la normativa sobre entradas y expulsiones. En especial, respecto a la inmigración del Africa subsahariana, pero también de América latina, alegando la saturación de nuestro “mercado” laboral y de nuestra capacidad de acogida (se ha llegado a decir que estas “avalanchas masivas” podrían poner en peligro los recursos para atender las necesidades de nuestra población). La falsedad de estas aseveraciones que, sin embargo, consiguen el objetivo –irresponsable- de atemorizar a la ciudadanía, queda al descubierto cuando, paralelamente, se abren las puertas a la mano de obra de los 10 países de la ampliación e incluso de los dos que se incorporarán a la UE en Enero 2007. Por otra parte, se viene a materializar uno de los proyectos más queridos (y denostados) de Aznar, que fue rechazado, con aparente escándalo, en la Cumbre de Sevilla, como es la supeditación de la ayuda al desarrollo a los países emisores –muy especialmente del Africa subsahariana- a la firma de Acuerdos que impidan por cualquier medio las salidas desde sus territorios y admitan las “devoluciones”.

Por último, destacar el silencio ominoso que está pesando sobre la permanencia de una Ley de Extranjería (la 14/2003, pactada por PP y PSOE un año antes de la llegada de éste al gobierno), que mantiene intactas las vulneraciones de derechos que suscitaron innumerables demandas de impugnación ante el Tribunal Constitucional de la precedente (8/2000): negación de derechos fundamentales como el de asociación-sindicación, de reunión y manifestación, de huelga…, a quienes carecen de “papeles”, el control padronal, la delegación de competencias del Estado a las compañías privadas de transporte, etc.

Todo ello nos da una panorámica del contexto en que se plantea, por el Gobierno del PSOE, un “Pacto de Estado” que saque a la inmigración del “debate político” (curiosa manera de enfrentarlo por parte, justamente, de organizaciones políticas), y de la dinámica izquierda-derecha, mediante el consenso (como si el tratamiento de la inmigración no fuera una de las cuestiones más definitorias y confrontadas ideológicamente).

En nuestro criterio, el problema no es la “politización” del tratamiento de la inmigración (reivindicamos la política y la contraposición izquierda-derecha, en este tema como en pocos) sino la manipulación con fines ideológica y políticamente inconfesables, aunque cada vez más explícitos, por parte de quienes se tienen por demócratas e incluso por “progresistas”. Aquello de “no dejaremos las banderas de la inmigración en manos de la ultraderecha”, proclamado en la Cumbre de Sevilla por boca de Chirac, se está materializando. Son fuerzas tenidas por democráticas las que han tomado –con pudor en unos casos y con absoluta impudicia en otros- esas banderas. Paralelamente y de manera incomprensible, se ha roto el “cordón sanitario”, y estamos viendo cómo la ultraderecha avanza y participa en gobiernos de la muy democrática Europa.

Para terminar, queremos reivindicar aquí, en esta materia, la coherencia de la línea política seguida con nuestro ideario y nuestros valores de justicia e igualdad a lo largo de estos años: desde la oposición del PCE (único grupo político que la rechazó en el Parlamento) a la primera Ley de Extranjería (la 7/1985), promovida por el Gobierno socialista de Felipe González, por su carácter exclusivamente policial y represivo, hasta la reiterada apuesta de IU, desde su nacimiento, con iniciativas y proyectos de ley alternativos, por unas normas legales que reconozcan los derechos y libertades de las personas inmigrantes e impidan la discriminación y los abusos (con especial atención al colectivo de mujeres), que garanticen el ejercicio del Derecho de Asilo y la protección de los Menores, y que sean inflexibles con el tráfico de seres humanos y con las conductas racistas y xenófobas.

El debate de estas Jornadas y sus conclusiones deben servirnos como instrumento para concienciar a la sociedad –en lo que pueda ser nuestra modesta aportación-, pero también y fundamentalmente a nuestras propias organizaciones de que, según como enfoquemos hoy social, cultural y políticamente la llegada y el asentamiento de inmigrantes y sus familias estamos optando, por activa o por pasiva, entre la consolidación de un modelo de sociedad segregada, abocada a la confrontación y el conflicto permanentes (los ejemplos de Francia y otros países son elocuentes), o el avance hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Bienvenidos y buen trabajo.

Susana López (Responsable del Area Federal de IU y de la Secretaría de Migraciones del PCE).



 
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