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Sobre la condena del Gobierno del PSOE a la resistencia palestina


Ante los crímenes israelíes sobre la población palestina, el Gobierno español se pone al servicio del agresor y condena a las víctimas


PCE / 13 ago 18

Con fecha 11 de agosto de 2018 y con título "Situación en Gaza y lanzamiento de cohetes contra Israel", el Gobierno de España ha emitido un vergonzoso comunicado impropio de un Estado democrático y que se dice respetuoso con el derecho internacional y los Derechos Humanos.

Pronunciándose sobre los recientes acontecimientos en la Franja de Gaza -en el que al menos 5 personas han sido asesinadas por el ejército del régimen de apartheid de Israel, incluyendo a una niña palestina de 18 meses (cuyo nombre era Bayan) y a su madre embarazada de 23 años, junto a un paramédico palestino, de la mano del bombardeo y destrucción de hasta un centro cultural-, el Gobierno español sitúa la responsabilidad en el pueblo palestino, en lugar de enmarcar y explicar todos los hechos como consecuencia de la colonización, limpieza étnica gradual, ocupación militar, apartheid -como ha vuelto ha confirmar el parlamento israelí hace unas semanas- y bombardeos sistemáticos sionistas-israelíes. Además, el Gobierno habla únicamente de "dramática situación humanitaria en la Franja", como si no fuese una cuestión, como es, prioritariamente política, que se soluciona con el cumplimiento del derecho internacional y cuya responsabilidad recae sobre el colonizador y ocupante israelí, responsable de masacres reiteradas e impunes como la de verano de 2014, que asesinó a más de 2.200 palestinas y palestinos -incluyendo más de 500 menores de edad- o como las que vivimos desde el pasado 30 de marzo, que han supuesto el asesinato de casi 200 palestinas y palestinos. Cabe recordar que el estado israelí, fundado en 1948 sobre la limpieza étnica de Palestina, ha sido el miembro de la ONU más veces condenado oficialmente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Asimismo, las fuerzas israelíes de ocupación y los colonos israelíes han sido los responsables del asesinato de más de 2.000 niñas y niños palestinos desde el año 2000, en un infanticidio en marcha no solo silenciado por medios de "comunicación", empresas y gobiernos como el español en este comunicado, sino que ha tenido su último episodio con Bayan, precisamente en los hechos referidos en este comunicado pero que se silencian para exonerar de la responsabilidad de este crimen atroz a la entidad sionista de Israel. Por si fuera poco, no tendríamos que recordarle al Gobierno que, según resoluciones de la Asamblea General de la ONU como la 3246 de noviembre de 1974, quien tiene derecho a defenderse por todas las vías es el pueblo bajo colonización o dominación extranjera, no la potencia ocupante, colonizadores y agresora. Es de sentido común que cuando hay una agresión de cualquier tipo, hay que parar, detener y juzgar al agresor, así como reparar a la víctima, no culpar a la víctima que se defiende.

El Gobierno de España debe cumplir con el derecho internacional y no colaborar con las entidades que cometan hechos internacionalmente ilícitos y graves violaciones del derecho internacional, como la israelí. Es una obligación como miembro de la ONU. El gobierno español debe, asimismo, proteger a sus ciudadanas y ciudadanos -como las y los presentes en la Flotilla de la Libertad, reciente e ilegalmente asaltada por el ejército israelí o las y los que intentan viajar a Palestina y son retenidos y deportados- y debe contribuir al cumplimiento del derecho internacional especialmente en el trabajo por el fin de la ocupación y el desmantelamiento del Muro de Apartheid (resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU de noviembre de 1967 y dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 9/7/2004), por el fin del apartheid (un crimen contra la humanidad según el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional) y por el derecho al retorno de la población palestina refugiada (resolución 194 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1948). Son los 3 puntos principales que reivindica el movimiento BDS, la mayor coalición de la sociedad civil palestina, que, entre innumerables factores de legitimidad, crece en todo el mundo semana a semana, tiene el respaldo de múltiples grupos y personas judías y ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz 2018. Más de 80 administraciones públicas españolas incluyendo diputaciones como las de Córdoba, Sevilla o València; ciudades como Badalona, Cádiz, Pamplona, Rivas Vaciamadrid, Telde, Terrassa o València y parlamentos como las Cortes Valencianas han respaldado al movimiento BDS, se han declarado Espacios Libres de Apartheid Israelí y/o han solicitado recientemente el embargo de armas a Israel, instando a que el Gobierno de España lo haga también, en una medida absolutamente necesaria para contribuir a que el pueblo palestino deje de sufrir esta barbarie sionista-israelí que asesina sistemáticamente a niñas y niños palestinos no solo ante la pasividad, sino ante la complicidad de nuestros gobiernos.

 
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