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Sobre la situación del proceso de paz en Colombia


Los acuerdos de La Habana deben cumplirse: la paz es el futuro de Colombia


PCE / 30 abr 18

El proceso de paz impulsado en La Habana, Cuba, que contó con la participación del gobierno colombiano y de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, supuso una contribución decisiva para el establecimiento de la paz en el país, asumiendo ambas partes que el fin de la guerra y de los enfrentamientos armados era un paso fundamental para abrir una nueva etapa, para contribuir a una efectiva pacificación de todos los sectores de la vida ciudadana y campesina, y para llevar a cabo las transformaciones necesarias que aseguren los derechos humanos en Colombia.

La organización guerrillera colombiana realizó una renuncia explícita a la lucha armada, apostando por la participación política en condiciones democráticas, en la convicción de que ello supondrá un enorme avance en la superación de los problemas derivados de la violencia política en el país. Sin embargo, algunas de las decisiones del gobierno colombiano han creado una grave crisis que puede poner en riesgo el propio proceso de paz. Creemos también que el proceso debe ampliarse al ELN y con todos aquellos sectores que apuesten por la paz y la reconciliación entre los colombianos.

Las FARC y el gobierno colombiano, asumiendo las obligaciones derivadas del derecho internacional, de los Derechos Humanos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, por la propia Carta de la ONU, y por la Constitución colombiana, además de por los compromisos a que obligan los diferentes organismos internacionales que tienen competencia para la observancia y defensa de los derechos humanos, suscribieron un acuerdo en La Habana cuya aplicación es responsabilidad de los firmantes, pero que afecta al conjunto de América Latina y, más allá, a todos quienes en el mundo trabajan por el mantenimiento y desarrollo de la paz. Esos acuerdos de La Habana fueron suscritos por el Congreso colombiano en 2016, adquiriendo categoría de texto constitucional, y fueron, además, entregados en la Organización de Naciones Unidas por el gobierno de la república, con el compromiso de su cumplimiento, ante el propio Consejo de Seguridad de la ONU.

Pese a todas esas cautelas, el gobierno colombiano ha incumplido muchos de los aspectos recogidos en La Habana, por lo que exigimos que vuelva al respeto irrestricto de sus obligaciones suscritas, y asegure que el Estado colombiano garantice la vida de todos sus ciudadanos, de los activistas que defienden los derechos humanos, de los dirigentes campesinos, de los antiguos guerrilleros de las FARC que se han reincorporado a la vida civil, de los dirigentes sindicales y portavoces de comunidades, para asegurar el éxito del proceso de paz.

Al mismo tiempo, consideramos que la propia ONU debe emitir un dictamen sobre las obligaciones del Estado colombiano, a la luz de los documentos depositados en la organización, y debe solicitar a la Corte Internacional de Justicia una resolución acerca del compromiso contraído por Colombia. Exigimos la libertad de Jesús Santrich y del resto de prisioneros de las FARC en Colombia, así como para Simón Trinidad, preso en los Estados Unidos, en aplicación de la amnistía que se formuló en su día.

En las graves horas actuales, conscientes de la importancia que para Colombia, América y el resto del mundo tiene el proceso de paz, llamamos a las fuerzas democráticas y sociales colombianas, y a los partidos, sindicatos y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Europa y América, y del resto del mundo, a apoyar de manera pública y decidida los acuerdos de La Habana, al tiempo que pedimos a los países que acompañaron el proceso de negociaciones de paz en la capital cubana, que tomen todo tipo de iniciativas para que los acuerdos se cumplan. La paz es el futuro de Colombia.


Partido Comunista de España

Madrid, 30 de abril de 2018

 
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