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Ya son 38 los ex combatientes de la guerrilla asesinados, así como 13 de sus familiares


Comunicado del PCE condenando los recientes asesinatos de militantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en Colombia


PCE / 18 ene 18

El pasado 16 de enero fueron asesinados en la localidad de Peque (departamento de Antioquia, Urabá, Colombia) Wilmar Asprilla y Ansel Montoya Ibarra, dos ex guerrilleros colombianos y actualmente militantes de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), partido político creado en agosto de 2017 en el marco de los acuerdos de paz firmados en Colombia. Ya son 38 los ex combatientes de la guerrilla asesinados, así como 13 de sus familiares, todos víctimas del incumplimiento de los acuerdos de paz en el que depositaron su confianza.

Los dos militantes se habían desplazado al municipio de Peque para reunirse con las comunidades campesinas con objeto de impulsar en la región la campaña a las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo mes de marzo. Tras escuchar disparos, al término de una reunión política, fueron encontrados sus cuerpos sin vida sin que hasta ahora hayan sido identificados los agresores. Se trata del primer atentado mortal desde que comenzara la campaña electoral.

Desde que hace poco más de un año se firmara el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC, con la consiguiente entrega de armas por parte de los insurgentes, han sido numerosos los defensores de derechos humanos y dirigentes populares asesinados.

El Partido Comunista de España condena los recientes asesinatos y los de todos los dirigentes populares y emplaza al gobierno colombiano a que reflexione sobre la sistematicidad de estos crímenes, investigue y persiga a sus ejecutores para que no queden en la impunidad, una impunidad que conduce a la reproducción de la violencia. El Estado colombiano el responsable de proteger la vida y la seguridad de todos y cada uno de sus ciudadanos. Colombia no puede ser condenada a repetir una y otra vez los mismos errores, la misma historia de muerte e impunidad que acabó con toda una organización política, la Unión Patriótica, en las pasadas décadas y que marcó así el destino de todo el país.

Por último, llamamos al Gobierno español, que se ha manifestado comprometido con la paz en Colombia, y a la comunidad internacional a intensificar la vigilancia y el celo así como a utilizar todos los medios a su alcance, diplomáticos, políticos y económicos, para impedir que se siga reproduciendo el constante goteo de crímenes contra el pueblo colombiano.

Ningún representante público debería ser considerado legítimo si su elección se produce tras una campaña electoral ensombrecida por la persecución y el asesinato político; si no se cumple lo establecido en los recientes acuerdos firmados ante la comunidad internacional y si no se garantiza la participación política en un clima de seguridad.

 
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