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Contra la involución de derechos en Guatemala


Secretaría de Política Internacional / 02 may 13

Las organizaciones sociales y personas abajo firmantes, conocedores de la situación de involución de derechos en Guatemala, percibimos la fuerza de las amenazas contra los procesos sociales y las luchas democráticas.

Percibimos una estrategia de agudización del modelo neoliberal vigente desde los años 90 (empobrecedor y excluyente) basado ahora en los megaproyectos (carreteras, puertos, etc.), en la explotación de los bienes naturales (energía hidroeléctrica y minería, fundamentalmente), y en la agricultura extensiva para la exportación (palma africana). En el marco de este modelo, las empresas transnacionales se convierten aún más en un actor fundamental.

Observamos con honda preocupación la consolidación de una nueva etapa de violencia político-social y de criminalización de las protestas y de las organizaciones sociales, junto a las que habitualmente trabajamos. Nos preocupa también las expresiones de violencia contra las mujeres en este contexto al tener que asumir la responsabilidad total del mantenimiento económico de sus familias cuando apresan a los hombres de las familias, al estar en constante temor de ser violadas por los ejércitos públicos y privados, estar bajo permanente vigilancia y control, vivir con la angustia de conseguir la alimentación de niñas y niños, personas y animales a cargo; el endeudamiento para resolver las necesidades de esposos/compañeros/familiares presos; el asumir los costos del acompañamiento legal y para la generación de condiciones de los presos políticos en los centros carcelarios.

Valoramos que el Estado y la institucionalidad son frágiles como agentes de desarrollo humano, pero muy fuertes en términos de control social, existiendo graves carencias democráticas derivadas de unos Acuerdos de Paz que han sido incumplidos de manera sistemática. En este sentido, la identidad racista y de lejanía popular de los gobiernos guatemaltecos es una seña de identidad de los mismos, máxime del actual.

Este marco –institucionalidad frágil, transición democrática truncada, alianza del gobierno y del capital guatemalteco con las empresas transnacionales- es el terreno abonado para la criminalización de la protesta y del uso de la violencia contra la ciudadanía y las organizaciones sociales.

En este punto, hemos sido testigos de las capturas y persecución de líderes, dirigentes, organizaciones y pobladores en general en Santa Cruz Barillas, así como la restricción absoluta de libertades y derechos impuesta por el Estado de Sitio vigente entre el 1 y el 18 de mayo. En Barillas se produjo asimismo el asesinato de una persona en el marco de la oposición a la construcción de una hidroeléctrica por parte de una empresa gallega, después de que la comunidad rechazó el proyecto en una consulta popular, con lo que incumpliría la legalidad internacional (convenio 169). Recientemente, se produjo la captura del dirigente Ruben Herrera, perseguido desde 2009 por la transnacional española Hidro Santa Cruz.

Asistimos consternados a los hechos ocurridos en Totonicapán el 4 de octubre, donde murieron 8 personas a manos del ejército al protestar por el precio de la luz y en defensa de una educación pública de calidad, entre otros requerimientos.

Mencionamos estos dos hechos como casos que no están aislados, sino que forman parte de una serie de luchas sociales que enfrentan un modelo de desarrollo generador de injusticia e inequidad, y que son criminalizadas y reprimidas por parte del gobierno. Encontramos ejemplos similares en San Juan Sacatepéquez (oposición a cementera suiza), San José del Golfo y San Rafael Las Flores (minería), Xalapán (minería), San Marcos (minería), Izabal (níquel), Alta Verapaz (agua, minería, tierra), los atentados directos contra los líderes (y amigos de la cooperación de País Vasco) Domingo Hernández Ixcoy, Lolita Chávez y Yolanda Oquelí, dirigentes xincas de Santa María Xalapán, entre otros.

En este marco, planteamos:

Colaborar activamente y acompañar las luchas de las organizaciones sociales y de las personas que pretenden avanzar en la construcción de una Guatemala basada en la justicia, en la igualdad, en la libertad, en la vigencia plena de todos los derechos. Esas personas y organizaciones que hoy son, precisamente, atacadas y criminalizadas.

Apoyar directamente y servir de intermediación ante los gobiernos de España y de Guatemala para fortalecer a las organizaciones de mujeres, feministas, de pueblos indígenas, a los pueblos y comunidades organizados en su defensa de la vida, que incluye el derecho a decidir soberana y autónomamente en sus propios territorios, como garantía fundamental del fortalecimiento de la democracia. Consideramos que las organizaciones sociales y los dirigentes no son criminales. Muy al contrario, constituyen hoy lo más vital y creativo del entramado social, la apuesta más certera por un futuro distinto. Defendemos sus luchas y derechos como democráticos, justos y legales, amparados en la constitución de la república y en los convenios internacionales, equiparables a los derechos constitucionales de los que gozamos en los países europeos.

Solicitar al gobierno de Guatemala, Ministerio Público y organismo judicial, la liberación de los presos políticos, entre ellos Rubén Herrera, defensor de derechos humanos, de la Vida y el Territorio en contraposición a los efectos sociales que está ocasionando la Hidro Santa Cruz.

Hacer un llamado al gobierno de Guatemala para que cese la represión y persecución contra los dirigentes sociales y organizaciones.

Efectuar un llamado al gobierno de España para que investigue y ponga límites al accionar delictivo de empresas españolas en Guatemala, entre otras, Hidro Santa Cruz en Santa Cruz Barillas.

Exigimos una Misión de Investigación Parlamenaria de la actuación de Hidro Santa Cruz en Guatemala y de las empresas transnacionales españolas. Esta Misión estará acompañada por activistas-expertos que participaron en el Tribunal Permanente de los Pueblos que juzgó a empresas transnacionales en Lima 2008 y Madrid 2010.

Invitar a afectados y afectadas por la actuación de Hidro Santa Cruz a que viajen a las Cortes españolas a rendir testimonio de las agresiones sufridas, ya que hasta ahora solo se ha conocido la voz de la empresa, el gobierno y las autoridades.

Intervenir para lograr la reparación por los daños causados hasta la fecha por Hidro Santa Cruz, especialmente la reparación a las familias y a los presos políticos y a las personas con órdenes de captura.

Solicitar a la empresa, a los gobiernos de Guatemala y de España la retirada de Hidro Santa Cruz de Santa Cruz Barillas, por los daños causados en su intento de implantación en la comunidad.

 
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