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Directiva Bolkestein


La CE excluirá la sanidad y los servicios de interés general de la liberalización del sector servicios


Europa Press / 04 mar 05

La Comisión Europea excluirá la sanidad y los servicios de interés general del ámbito de aplicación de la Directiva de liberalización del sector servicios, por considerarlos "temas particularmente sensibles", aunque no renunciará a esta polémica propuesta que a su juicio puede generar 600.000 empleos más en la Unión.

El comisario de Mercado Interior, Charles McCreevy, que compareció ayer ante la Conferencia de Presidentes de los grupos políticos del Parlamento Europeo, manifestó que debatirá todo lo necesario con los gobiernos de los Estados miembros y la Eurocámara para conseguir "una legislación pactada" que incremente el mercado único de servicios.

Sin embargo, frente a los temores de los sindicatos y partidos de izquierda, aseguró que no permitirá una norma que permita alimentar el "dumping social" y velará por que se respeten las reglas laborales, incluso, para los trabajadores desplazados.

En rueda de prensa, McCreevy subrayó en numerosas ocasiones que este proyecto de Directiva fue "heredado" de la anterior Comisión de Romano Prodi y que desde el primer momento enque se presentó sabía que naufragaría. Y es que esta norma afecta a dos tercios del Producto Nacional Bruto de la Unión Europea, puesto que los servicios son el principal motor de la economía de los Veinticinco y una de las esperanzas de la Estrategia de Lisboa para inyectar dinamismo.

El comisario reconoció, sin embargo, que esta cuestión despierta variedad de opiniones entre los miembros del Colegio de Comisarios, por lo que no hay una decisión todavía tomada sobre el destino de las cuestiones más polémicas de la Directiva, tales como el principio del país de origen. "Vivo en la realidad, con los pies en la tierra, y trabajaré para llegar a una Directiva de Servicios", manifestó.

"Tampoco queremos una directiva con tantas excepciones que termine siendo una pérdida de tiempo. Haremos una directiva que tendrá un impacto económico", añadió.

"Europa no puede seguir con un crecimiento de un 2 por ciento, porque con ello el modelo social europeo no sobrevivirá. No será viable", apuntó.

Los planes del Ejecutivo es esperar el dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura, donde ciertamente introducirá muchas enmiendas, para intentar lograr un acuerdo con el Consejo de ministros posteriormente de cara a una segunda lectura.

Con esta modificación, el Ejecutivo comunitario responde así a las presiones de Francia en el caso de los servicios, movilizada en pie de guerra por considerar que se vulnerarán sus reglas nacionales de protección de los servicios de interés general y las bases mismas de su Estado del bienestar.

La propuesta del ex comisario Frits Bolkestein fue considerada el "mayor ataque contra el estado del bienestar de la Unión Europea", al preconizar una desregulación que eliminará gradualmente las restricciones nacionales.

Uno de los 'puntos calientes' es el llamado principio del "país de origen", según el cual, una vez adoptada la Directiva, las empresas de servicios en la UE sólo tendrán que obedecer a los requisitos del país de origen donde radique su sede social. A los otros Estados Miembros, en los que actúen o suministren servicios, no se les permitirá imponer restricciones o controles de ningún tipo, ni siquiera el registro obligatorio en caso de que una empresa abra su negocio en otro país.

Consecuencia de todo ello, los sindicatos consideran que el principio de país de origen elimina cualquier supervisión efectiva de la actividad empresarial en la UE y que cualquier empresa podrá evitar las restricciones nacionales, reinstalando su oficina registrada o estableciendo simplemente una oficina fantasma en otro Estado Miembro.

De este modo "se podrán sortear fácilmente y sin costos los convenios colectivos locales relativos al sueldo, los requisitos relativos a las calificaciones y los estándares de protección del medio ambiente o del consumidor", señala la organización ATTAC.

 
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