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El PCE muestra su rechazo a la posición del gobierno español de apoyar la instalación de siete bases estaunidenses en Colombia



Secretaría de Comunicación PCE / 10 ago 09

El PCE ha conocido con estupor e indignación la posición del Gobierno español, expresada a través de la Vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega, de apoyar la instalación de siete bases militares de los Estados Unidos en Colombia, decisión tomada por el gobierno colombiano, según la Vicepresidenta española, “en el ejercicio de su soberanía". Fernández de la Vega añadió que entiende que el acuerdo es "útil para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico".

El PCE expresa claramente a la opinión pública española la falsedad del argumento utilizado tanto para argumentar la instalación de las bases militares de EEUU en Colombia, como para justificar el gobierno español dicha instalación. La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en Colombia ha de llevarse a cabo con medios policiales y políticos y difícilmente con medios militares que ni tan siquiera tiene cobertura legal en un estado de derecho para combatir a la delincuencia. El combate al narcotráfico y al terrorismo en Colombia pasa irremediablemente por la comparecencia ante los tribunales de justicia del mayor responsable directo de ambas lacras, Álvaro Uribe, quien en su persona- por primera vez en la historia de Colombia- ha conseguido aunar los “estados mayores” de las organizaciones narco-mafiosas colombianas y de las organizaciones terroristas de extrema derecha conocidas como “grupos paramilitares”, creados y desarrolladas con la cobertura legal y política de la clase política colombiana aglutinada en torno a Álvaro Uribe.
El régimen colombiano de Álvaro Uribe se ha consolidado en América Latina como un claro factor de desestabilización política y militar, siendo utilizado por los EEUU como el “estado gendarme” en la zona en defensa de los intereses de la gran potencia del Norte, intereses siempre contrarios a los de los pueblos del mundo.

La instalación de siete bases militares de los EEUU en Colombia, es una clara agresión contra los gobiernos de izquierda de Venezuela y Ecuador, enfrentados en sucesivos conflictos diplomáticos con el gobierno de Uribe, y susceptibles de ser atacados militarmente en cualquier momento por el Ejercito Colombiano y de los EEUU, desde las nuevas bases instaladas en Colombia. Estas bases militares desequilibran los actuales equilibrios militares y provocarán una escalada armamentística en la región. Igualmente, se trata de una acción cuya finalidad es debilitar y desestabilizar la iniciativa UNASUR, puesta en marcha por el Presidente de Brasil, Luiz Ignacio “Lula “ da Silva, con el objetivo de crear por primera vez en Sudamérica una alianza defensiva propia de los países del continente sin la presencia de los EEUU, cuyos intereses políticos, militares y estratégicos a lo largo de la historia se han mostrado siempre contrarios a los intereses y la soberanía de las naciones sudamericanas.

Llama poderosamente la atención el apoyo del gobierno español a la iniciativa belicista de Uribe, cuando la práctica totalidad de los gobiernos sudamericanos -Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela- se han opuesto a la misma y, con distintos matices, la han tachado de agresión militar colombo-estadounidense al actual proceso de integración política, social y económica emprendida por los países sudamericanos, con el principal impulso de los distintos gobiernos de izquierda de esos países.

Cabe recordar que el gobierno de Álvaro Uribe, el mismo Presidente Uribe y más de 60 diputados y senadores de los partidos que lo apoyan, han sido tachados por distintos gobiernos, organismos internacionales, ONGs y la propia justicia colombiana, como responsables e integrantes de la denominada “para política”, la alianza entre los grupos paramilitares de extrema derecha colombiana, el narcotráfico y los políticos que -junto a la cúpula de las organizaciones paramilitares de Colombia- suscribieron el acuerdo de “refundar Colombia” adoptado en Santa Fe del Ralito, a principios de la actual década. Dicha “refundación del estado colombiano” no es más que la instauración de un régimen narco-paramilitar de extrema derecha que extermine cualquier opción de oposición política, critica social, u organización sindical, con el fin declarado de instaurar un estado autoritario y criminal.

La actitud del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de apoyar incondicionalmente al gobierno de Álvaro Uribe, a pesar de los constantes escándalos por las violaciones de derechos humanos ocurridos en Colombia perpetrados por agentes estatales, la penetración de las organizaciones mafiosas narcotraficantes en las instituciones del estado y su actitud agresiva y belicista respecto a los países vecinos de Colombia, no tiene otra explicación que la dejación de soberanía política española en manos de los grandes grupos multinacionales de capital español que operan en Colombia, encabezados por el Banco Santander, el BBVA y el Grupo Prisa, y bajo la dirección estratégica del gran “lobista” Felipe González Márquez, especializado en las ultimas décadas en la representación “a comisión” de los mas diversos intereses ecónomos multinacionales y privados, defendiendo los intereses de estos últimos frente a los de los pueblos de la región.

El PCE advierte a la opinión publica que la decisión de incluir en el contingente militar español en Afganistán a tropas colombianas, significa la integración en la operación militar española de destacados militares colombianos violadores de los derechos humanos, que utilizan estos lejanos destinos como forma de sustraerse a los procedimientos judiciales que en Colombia iniciaran las víctimas de sus atropellos para exigirles responsabilidades penales.
El gobierno español, continúa siendo uno de los principales suministradores de armas al gobierno colombiano, un ejercito al que el propio Presidente Uribe tuvo que cesar la mitad de su cúpula militar en el año 2008 debido al escándalo de los “falsos positivos”, los asesinatos extrajudiciales de ciudadanos colombianos inocentes que luego eran presentados a la prensa como “guerrilleros dados de baja en combate” con la única finalidad de cobrar recompensas económicas, recibir permisos o ascender en la escala de mando. El gobierno español aun no ha aclarado si los fondos con los que se pagaron estas “recompensas”, procedentes de la cooperación internacional según el ministerio de Defensa colombiano, procedían de programas financiados por España.

 
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