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Ley de la Memoria/Reacciones


Ley Memoria.- Asociación de Ex Presos del Franquismo critica que supone un "retroceso respecto a promesas del Gobierno"



Secretaría de Comunicación del PCE/Europa press / 03 ago 06

Exigen una condena pública del régimen "terrorista" de Franco y al menos el mismo trato que reciben las víctimas de ETA



La Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos Antifranquistas expresó hoy su decepción por la llamada ley de la memoria que ha presentado el Gobierno y aseguró que supone un "retroceso respecto a las promesas" del Ejecutivo socialista. Entre otras exigencias, este colectivo quiere que se produzca una condena pública del régimen "dictatorial, torturador y terrorista" de Franco y la anulación legal de los juicios sumarísimos.

"Incluso se prescinde de la expresión 'Reconocimiento de la Memoria Histórica', con la que se quería representar el sacrificio de los que sufrieron represión política bajo el franquismo", expuso hoy el presidente de la Asociación, Gervasio Puerta, en nombre del grupo, que hoy presentó un comunicado para dar cuenta de su primera impresión sobre el proyecto. Esperan que durante el trámite parlamentario sea reformado a fondo.

En primer lugar, este colectivo cree que con esta ley se debe condenar públicamente el franquismo y reconocer "la dignidad que comportó la lucha" sostenida contra la dictadura. "Estas personas merecen un reconocimiento expreso y oficial de la aportación que su lucha significó para el restablecimiento de la democracia", dice la Asociación en su comunicado.

Gervasio Puerta lamentó que no se haya producido en España una condena unánime del rémgin franquista debido "a que una parte de un partido se opone". "Es algo que no va contra nadie ya, va contra una dictadura", agregó.

RECONOCIMIENTO POLÍTICO, LEGAL, ECONÓMICO
"Un reconocimiento sin paliativos ni medias tintas. Un reconocimiento documental a cada una de las víctimas, con monumentos expresamente erigidos en su memoria, con la promoción y financiación de actos conmemorativos, con la exhumación de los restos mortales de los asesinados, su inhumación en un lugar apropiado y la consiguiente inscripción en los Registros Civiles de la causa real de su muerte", explicó Puerta.

El presidente añadió que muchas personas que no saben dónde está su familiar asesinado merecen enterrarlo donde crean oportuno y que tienen derecho a que conste oficialmente "que fue fusilado por causas políticas, por luchar por la democracia y la república".

Otro capítulo importante para este colectivo es que se declaren ilegales los juicios sumarísimos. "No estamos de acuerdo con que el proyecto de ley haya renunciado a anular los consejos de guerra que se produjeron durante la dictadura hasta el año 1963. Se firmaron penas de muerte ejecutadas sin que los procesados tuvieran derecho a defensa. En la Capitanía de Madrid, el ponente en ejercicio incluso carecía de título de abogado", leyó Gervasio Puerta.

A todo este reconocimiento, la asociación exige que se sume un pago adecuado de indemnizaciones para todos los que pasaron por la cárcel durante el franquismo; criticaron que en el proyecto de ley se mantenga la condición de haber permanecido al menos tres años en prisión para poder cobrar, como ya se fijó en el año 90, y reclamaron que se pueda obtener una indemnización si se acreditan unos meses de encarcelamiento.

"Queremos que todos los ex presos sean reconocidos y remunerados, a partir de 'x' meses de cárcel. Lo reivindicamos con todas nuestras fuerzas porque es de justicia, aunque sean cantidades irrisorias", subrayó Gervasio Puerta.

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Los dirigentes de esta asociación hicieron hoy hincapié en que son víctimas del terrorismo de Franco, "más de 300.000", y que merecen el mismo reconocimiento que las víctimas de ETA, a las que expresaron todo su apoyo y solidaridad. Unos y otros, expusieron tanto Gervasio Puerta como Gregorio Ortiz, vocal de la asociación, son "víctimas por luchar por la democracia en España". "¿Y qué hicimos nosotros? No hicimos otra cosa", agregó.

"Nos sentimos compenetrados con el dolor y las peticiones de reconocimiento de las víctimas de ETA. Lo que solicitamos es que se haga extensivo el mismo trato a todos los que han sufrido persecución y cárcel como consecuencia de sus ideas. Víctimas del terror político fuimos unos y otros", expone la asociación en su comunicado.

Gervasio Puerta insistió en que consideran que entre ellos y las víctimas de otros terrorismos "no hay ninguna diferencia, en absoluto", y que Franco ejerció el suyo "con el Gobierno en su poder, lo que todavía nos produce más repudio".

En otro orden de cosas, este colectivo rechaza el trato al Valle de los Caídos en el proyecto de ley, un monumento que debería desaparecer porque "sigue siendo símbolo de la dictadura". Si la familia quiere venerar a Franco, "debería poder hacerlo donde no hiera los sentimientos de tantos demócratas".

Por último, la asociación rechaza la prórroga establecida para dirigir peticiones de subvención económica, porque puede abrir la puerta a personas o colectivos "con fines distintos a los previstos". Aunque los portavoces expresaron su confianza en el consejo que se creará para revisar los casos, advirtieron que últimamente "proliferan como hongos" los grupos que piden subvenciones "para defender la memoria de los represaliados".

LA ASOCIACIÓN

La asociación fue constituida en 1965 y legalizada en 1977 y según sus miembros, no busca "revanchas ni venganzas", sino que su objetivo es "defender los derechos y la memoria" de las víctimas de la dictadura. Unas 200.000 personas pasaron por las cárceles del franquismo, algunas, para cumplir penas de 25 años, como Ramiro Fuente, uno de los protagonistas de la rueda de prensa de hoy, quien vivió 23 años en prisión. Según sus cálculos, unas 20.000 personas están inscritas en las asociaciones de ex presos y represaliados, "número bastante importante a estas alturas", dijo Puerta.

"Los miembros de la asociación asumieron desde el primer momento el espíritu de la Reconciliación Nacional en que se basó la transición y respaldaron la Constitución de 1978, que permitió que nadie fuera juzgado o encarcelado por sus ideas políticas", explicó el presidente de este colectivo.

 
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